Pergamino: una masacre que tiene como máximos responsables a Vidal, Ritondo y Ferrari

Ninguno de ellos desconocía que las siete personas privadas de su libertad que murieron calcinadas no debían estar en una comisaría. Abogados de las víctimas denunciaron que los policías involucrados “no hicieron nada para evitar el trágico desenlace” y retiraron pruebas de la escena del hecho.

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Por Fernando M. López

Sergio Filiberto, Federico Perrotta, Alan Córdoba, Franco Pizarro, John Mario Claros, Juan Carlos Cabrera y Fernando Emanuel Latorre, jóvenes de no más de treinta años que fueron víctimas de una nueva masacre en lugares de encierro de la provincia de Buenos Aires. Todos afrontaban cargos por delitos menores, alojados en pésimas condiciones en la Comisaría 1ra. de Pergamino, junto a otros once detenidos que se salvaron de milagro.

Tras el hecho, Asuntos Internos de la Policía Bonaerense desafectó a los efectivos Alexis Miguel Eva y César Brian Carrizo, que estaban de guardia el jueves al momento del incendio que acabó con las vidas de las siete personas privadas de su libertad.

Sin embargo, como ya es habitual en la Provincia, la gobernadora María Eugenia Vidal, principal responsable política de la tragedia, brilló por su ausencia. Ni siquiera expresó condolencias a los familiares de las víctimas. Sus ministros de Seguridad, Cristian Ritondo, y de Justicia, Gustavo Ferrari, también se mantuvieron en silencio.

De esta forma, tratan de eludir el reclamo de organismos de derechos humanos como la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que en las últimas horas pidieron, una vez más, que sean clausurados de manera “inmediata” todos los calabozos de las comisarías bonaerenses.

“La Primera de Pergamino es una de las tantas comisarías que se encuentran en condiciones deplorables. El Gobierno sigue incumpliendo lo que resolvió la Corte Suprema de Justicia en el ‘fallo Verbitsky’ de 2005 para garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad, y vamos de mal en peor. Las comisarías no tendrían que ser lugares de encierro”, dijo a Contexto el abogado Damián Barbosa, que preside la Asociación Civil de Reinserción Social y Dignidad.

Según cifras del CELS, la cantidad de personas alojadas en dependencias policiales de la provincia aumentó con la gestión de Cambiemos: pasó de 2.235 en diciembre de 2015 a 3.017 en marzo de 2017, con tan sólo 1.105 camastros, lo que implica una sobrepoblación del 172,8%. Con la decisión de Vidal de declarar la emergencia penitenciaria y en materia de seguridad, el total de detenidos trepó de 35.000 a 38.000, un récord histórico en territorio bonaerense.

“Esta es una situación insostenible y ninguna autoridad, desde la gobernadora para abajo, puede decir que no lo sabe”, afirmó Barbosa, y recordó que el propio vicegobernador, Daniel Salvador, “estuvo en la presentación del último informe de la CPM, organismo que hizo reclamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)” por el hacinamiento, la superpoblación y las prácticas sistemáticas de tortura en comisarías.

Testimonios que comprometen a la Policía

Las versiones oficiales sobre el incendio del jueves en la seccional de Pergamino apuntaron hacia las propias víctimas. En un primer momento se habló de un motín y luego de una pelea entre detenidos, a raíz de la presencia de dos acusados de violación, que terminó con una supuesta quema de colchones que habría desatado el fuego.

Los familiares, por el contrario, denuncian que fue un crimen de la Bonaerense. Se basan en los propios mensajes de Whatsapp que recibieron antes de la masacre. “Mamá beni rápido que nos matan la policía”, escribió Alan Córdoba a Flavia Gradiche.

El abogado de Alan, Néstor Líber Álvarez, que llegó a la comisaría minutos después, indicó que en los mensajes “imputaban claramente a la Policía, no a los otros detenidos”. En uno, incluso, Córdoba pudo alertarle a su madre que habían golpeado a Juan Carlos “Noni” Cabrera: “Decile a papá si puede ir a la casa del Noni ahora así viene la madre, este chico está todo roto. Haceme el favor”.

Según el letrado, al cabo de un rato, vio “salir una pequeña columna de humo que se pudo haber sofocado rápidamente con un balde de agua o un extintor”, aunque lo cierto es que “dejaron transcurrir el incendio”.

“Al oficial de servicio que estaba en la puerta y nos impedía el paso le dije: ‘Corré, sacá a esa gente de ahí porque se te va a morir asfixiada’. Corrió, después volvió a la puerta y pidió las esposas a los policías que estaban ahí para ver si se las ponía a los detenidos. Los bomberos ya estaban en el lugar y tendieron una manguera, pero no llegaba a los calabozos; así que desplegaron una segunda manguera. Habían transcurrido unos cuarenta minutos. Durante todo ese tiempo no hicieron nada para evitar el trágico desenlace”, relató Álvarez.

Pablo Caldentey, abogado de John Claros, la víctima de nacionalidad colombiana que iba a salir con prisión domiciliaria este viernes, también recibió un texto por Whatsapp: “Me van a matar. Están prendiendo fuego la comisaría”, le decía su defendido.

Al arribar al lugar, vio a varios efectivos sacando “cosas envueltas de la escena del crimen”, cuando debían haber resguardado las pruebas para la investigación. El letrado denunció, además, que “hay mucha presión sobre los sobrevivientes para que no cuenten lo que realmente pasó”.

“Todo esto demuestra la precariedad y la falta de previsión que hay en la provincia ante este tipo de circunstancias. Al estar involucrado personal de la Policía bonaerense, que por acción u omisión permitió que siete personas murieran calcinadas, la escena del hecho tendría que haber sido resguardada inmediatamente por alguna otra fuerza, como Gendarmería”, subrayó Barbosa.

El titular de la Asociación Civil de Reinserción Social y Dignidad pidió que se den “todas las garantías” para investigar a fondo y estar atentos a “la actuación de la Fiscalía en estos primeros momentos, que son fundamentales”.

Desde la CPM también exigieron “una urgente y profunda investigación” para esclarecer la masacre y responsabilizaron al Ejecutivo provincial, que “no pone en marcha las políticas institucionales que hacen falta”.

“Estas muertes son responsabilidad del Estado y las causas no pueden buscarse en otro lado que no sea una política criminal que durante años ha insistido, y lo sigue haciendo, en políticas regresivas que vulneran los derechos de las personas y no han aportado ninguna solución a las demandas de mayor seguridad”, concluyeron.