El crecimiento del desempleo y la pérdida del poder adquisitivo, una constante del Gobierno de Mauricio Macri, deja sus marcas en las percepciones de los sectores trabajadores. Las consecuencias de reducir el “costo laboral” para tener más “competitividad”, en clave de discurso PRO, tiene sus efectos psicológicos. Con las 600 suspensiones en la Volkswagen y los 180 despidos en la química Atanor todavía calientes, la Universidad Nacional de San Martín y la consultora Ibarómetro realizaron un informe en el que detallan cómo aumentó la incertidumbre laboral.

Ibarómetro y el Centro de Estudios del Trabajo y el Desarrollo (CETyD), que depende de la casa de estudios de San Martín, elaboraron encuestas en los últimos tres meses a 1.400 familias, analizadas por sexo, edad, nivel educativo alcanzado y condición de actividad, focalizándose en residentes de C.A.B.A. y veinticuatro partidos del Gran Buenos Aires.

El estudio, que funciona como comparación con otro anterior de características similares elaborado en noviembre, conformó un Índice de Incertidumbre Laboral (IDIL) para medir la incertidumbre de los ocupados a partir de preguntas que refieren tanto a su percepción sociolaboral personal como del entorno.

Con un nivel de “0” para la “nula incertidumbre laboral” y de “10” para la “absoluta”, el valor registrado fue de 6,6, “lo cual representa un importante incremento en relación al valor registrado en noviembre (4,9)”, afirma el informe.

Los valores más altos del IDIL se encuentran entre las mujeres (6,7), los residentes del Gran Buenos Aires (6,8) y por sobre todas las cosas en los jóvenes, fragmento que alcanza el índice más alto (7,6).

El presente no permite ver un futuro laboral esperanzador: siete de cada diez entrevistados creen que no tienen posibilidades de obtener un buen trabajo. A su vez, “el 60% manifiesta que las posibilidades de encontrar trabajo en la actualidad son menores respecto al año anterior, situación que se agudiza en el segmento desocupado (78,5%)”.

El miedo a perder el trabajo corroe la confianza de los ocupados. Esa es la principal razón que arroja el informe para explicar por qué en los ocupados se observa un incremento de la insatisfacción laboral, “que pasa del 46,7% registrado en noviembre al 54,5%”. Desde noviembre a febrero, el porcentaje de trabajadores ocupados preocupado por perder el trabajo creció diez puntos: de 44,5% a 55%, mientras que aquellos que consideran que el desempleo aumentará en los próximos meses (46,7%) son muchos más que aquellos que confían en que se reducirá (20,8%).

Esos miedos tienen de qué alimentarse. Según datos del propio INDEC, entre el cuarto trimestre de 2015 y el tercer trimestre de 2016 fueron expulsados 127.905 trabajadores registrados. Esto sin contar a los trabajadores informales, que representan la tercera parte de la fuerza de trabajo en el país y que cuadriplican la cantidad de despidos por cada empleado formal. Y este año, sólo en el mes de enero, hubo 3.692 casos, y el 98% (3.617) pertenece al sector privado, hipotético destinatario de “la lluvia de inversiones”.

“Hay una notable involución en la seguridad que se tenía hasta hace un año respecto de la continuidad del empleo”, dijo a Contexto Hugo Yasky, secretario general de la CTA de los Trabajadores. “Es un elemento nuevo; hacía diez años que el temor por la pérdida del empleo no aparecía como una preocupación ciudadana, y refleja claramente el cambio que se produjo en la subjetividad popular a partir de la política recesiva del Gobierno de Mauricio Macri, con suspensiones y despidos”, completó.

Otro indicador que aborda el estudio sobre el desempleo manifiesta que el 58,3% de los encuestados conoce a alguien que perdió su empleo en los últimos meses, siete puntos por encima de noviembre.

Además de los despidos, el ajuste tiene su otra cara: los límites fijados para los aumentos en paritarias. Con la docente al rojo vivo, funcionando como parámetro para las futuras negociaciones de otros gremios con el Gobierno, el mísero aumento del 18% en cuatro cuotas significa un dispositivo disciplinador para los trabajadores por parte de Cambiemos.

Para el economista Agustín D’Atellis, los resultados del estudio “son objetivos buscados por el proyecto económico de este Gobierno: que el trabajador tenga miedo de perder el trabajo y que tenga muy baja percepción de posibilidades de conseguir un empleo mejor. Así, está dispuesto a aceptar condiciones de trabajo mucho más flexibles que en otra situación más favorable. Eso les garantiza el éxito para reducir el ‘costo laboral’”, afirmó en diálogo con Contexto.

Con los aumentos del 18%, “el Gobierno lo que busca es quitar capacidad adquisitiva”, aseguró D’Atellis. En este rubro, el dato es abrumador: el 67,5% considera que la capacidad adquisitiva de la mayoría de los trabajadores empeoró en los últimos tres meses, contra apenas un 5,2% que cree que mejoró.

De cara a los próximos meses, un 61,3% piensa que empeorará frente a un 11% para quienes mejorará. Frente a la inflación, las respuestas también son contundentes: el 75,8% respondió que su salario perdió frente a esa variable.

En un contexto en que María Eugenia Vidal arremete contra los docentes a partir de deslegitimar la protesta y el inminente paro nacional, un 52,4% percibe que las protestas, paros y movilizaciones han aumentado mientras que el 67,5% considera que la conflictividad sociolaboral aumentará en los próximos meses. A la hora de evaluar esa legitimidad, las opiniones son menos dispares: un 53,6% las asocia con derechos y necesidades insatisfechas mientras que un 39,7% entiende que obedecen a cuestiones políticas.