Miss Latinoamérica Trans muere víctima del macrismo 

Fue elegida Miss Latinoamérica Trans en el 2014 y era militante de OTRANS Argentina. Falleció en el hospital "Mi Pueblo" de Florencio Varela, donde se encontraba internada desde el 28 de diciembre de 2016. El Frente de Organizaciones TLGBI La plata, Berisso y Ensenada y OTRANS Argentina los y las convoca a una concentración a las 10 en los tribunales de la Provincia de Buenos Aires, ubicados en calle 7 entre 56 y 57, para pedir la libertad de otras 2 compañeras.

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Por Claudia Vázquez Haro

Se trata de Pamela Macedo Panduro, de veintinueve años de edad, quien murió privada de su libertad el 1° de enero de 2017 en Florencio Varela. Desde OTRANS Argentina venimos denunciando reiteradamente cómo se agrava la persecución, detención, vejaciones y armados de causas desde que asumió el Gobierno de Mauricio Macri a través de políticas de mano dura. Estas impactan de manera arrolladora en los cuerpos de personas trans migrantes y se complejiza con las privadas de su libertad.

Pamela nació en Perú. Desde hace diez años vivía en Argentina. Hija mayor de tres hermanos, era el único sostén familiar. Fue elegida Miss Latinoamérica Trans en 2014 y era militante de OTRANS Argentina. Falleció en el hospital “Mi Pueblo” de Florencio Varela, donde se encontraba internada desde el 28 de diciembre de 2016. Había sido trasladada allí desde la Unidad 32 del Servicio Penitenciario Bonaerense, donde se encontraba alojada desde el pasado 23 de diciembre. luego de reiteradas denuncias realizadas sobre su detención durante más de un mes en una comisaria de Ensenada, lugar que no está en condiciones para alojar a ninguna persona privada de su libertad.

Una noche fue trasladada a la alcaidía de Pettinato y la rebotaron con un diagnóstico falso de tuberculosis. Todo eso se llama Sebastián Javier Pereiro, subsecretario de Protección de Derechos Humanos, y Martín Borrazás, director de Recepción de Denuncias y Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos, ambos funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, a quienes les hicimos las denuncias correspondientes de estos hechos y nunca hicieron nada.

Hemos planteado a la fiscalía N° 9 de Varela que investiga la muerte de Pamela que queremos las responsabilidades institucionales, principalmente del juez Massi del Juzgado de Garantías N° 4, quien a través de nuestra abogada tenía toda esta información.

La comisaría a donde estuvo detenida estaba inhabilitada, la misma Policía nos dijo que no les estaban dando de comer ni la medicación que necesitaban.

Pamela fue detenida el 9 de noviembre y nosotras lo comunicamos al juez, sobre las violaciones, el 11 de noviembre.

Por los certificados que nos mandó la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires después de su muerte, interpretamos que estuvo detenida hasta el 23 de diciembre. Casi dos meses en condiciones inhumanas que agravaron su calidad de vida. En enero del año pasado, le pasó a E. Tapullima. Lo denunciamos y a pesar del cambio de gestión no hubo muertes. También había una compañera muy en riesgo. Desde OTRANS Argentina presentamos un habeas corpus, pero los jueces no le dieron la libertad, porque sabemos que en La Plata son durísimos. La llevaron al penal de Olmos, la tuvieron ahí también aislada con un falso diagnóstico de tuberculosis. Lo que nosotras durante 2016 y lo que va de 2017 reconocemos son prácticas policiales y del Servicio Penitenciario que afectan de manera directa a las travestis y trans. Hay un laboratorio específico en el cual se ejercen estas prácticas y las consecuencias son lo que le ocurrió a Pamela Macedo Panduro. Estaba en estado terminal y nadie lo vio, es la responsabilidad del Estado. La tenían en una comisaría, donde no tenía que estar, con todo el trabajo que venimos haciendo para que les den prioridad en la alcaidía.

Nuestra organización realiza visitas habitualmente, pero de manera no visible. Las compañeras llevan cosas y víveres al penal porque las condiciones en las que viven son precarias, pero son sometidas a extorsiones del servicio penitenciario para poder visitarlas y hacer ingresar las cosas. Les dicen que tienen que estar anotadas, que sólo entran familiares, la requisa es humillante. Siendo que es todo un colectivo migrante, le hicimos saber a la Justicia que no tienen familia, sino que construimos lazo social y somos otros tipos de familia: la familia de nuestras compañeras trans somos nosotras, que tenemos hasta nuestra organización.

En la Justicia está enquistada la idea sobre las personas trans migrantes y el desarraigo. Y si no cambiaron el nombre en el DNI, son sometidas a tratos humillantes agravándose más aun su situación. Para prevenir la tortura, el Estado tiene que visitar los pabellones de las cárceles regularmente. Las compañeras están procesadas y no saben ni siquiera quiénes son sus defensores, están en Varela, pero su defensor esta en Saladillo o Pergamino.

Nuestro estándar no es morir en la cárcel

Hay muchas cuestiones puntuales que resolver, tenemos cuarenta compañeras trans privadas de su libertad sólo en la Unidad 32 de Florencio Varela, en los pabellones 2 y 11. Lo que queremos como organización es derribar el estándar restrictivo que imponen los/as jueces/zas de La Plata, respecto de las compañeras. En primer lugar, no tendrían que estar privadas de su libertad sin una sentencia firme, y, segundo, en el caso de ser procesadas, no tendrían que cumplir prisión efectiva que las mata, ya que más del 50% padece enfermedades crónicas. Son compañeras que tiene menos de treinta años, todas están perdiendo sus pocos años de vida en ese lugar que es inhumano. Pasó un año y meses que venimos trabajando, presentando habeas corpus de todo tipo. Hemos sido prolijas, elegantes, institucionales, y aun así se nos murió una compañera el 1° de enero de 2017. Entonces no lo vamos a seguir permitiendo, porque somos las responsables de defender los derechos humanos del colectivo trans y travesti en Argentina.

A Santiago Cantón, secretario de Derechos Humanos de la provincia, le hemos entregado informes relevando por qué el epicentro de todo el problema sistemático es en La Plata, y cómo esto se está expandiendo en otras ciudades y provincias. Por ejemplo, en capital Federal, en Constitución, Once y Palermo, también hay persecución política a las compañeras, el estándar de Arriola que no se aplica. La causa por la que llevan detenida a Pamela es por una denuncia anónima sospechosa de que vendía droga en La Plata y en capital. Casualmente, a los tres días les cae un allanamiento en simultaneo. Esto da cuenta del desplazamiento del modus operandi: cuando se restringieron las requisas en la vía pública con el fallo Zambrano, fueron a allanarles las casas.

Exigimos una respuesta del Estado, porque nuestra organización ha sido quien ha puesto todos sus recursos. El Estado siempre ausente. Hay que modificar ese patrón de conducta: la responsabilidad del Poder Judicial. Hay que cambiar los estándares de la Justicia de La Plata.

Una de las cuestiones que queremos manifestar en relación con la muerte de Pamela es que se tiene que hacer una analogía a favor de las personas que están privadas de su libertad, en relación con los estándares que aplican para que las personas puedan irse a su casa, por lo menos, en arresto domiciliario. Esos pabellones tienen que ser vaciados, no puede estar la gente ahí por menos de un gramo de cocaína.

En el caso de Claudia Córdoba Guerra se aplicó el mismo mecanismo. La condenaron en mayo de 2016 a cinco años y tres meses, pero cuando llegó a Casación le convalidaron los años que estuvo en prisión y a pesar de que se le habían vulnerado sus derechos no le sacaron un solo agravante. Fue condenada por menos de un gramo de cocaína, ese no es ni siquiera el estándar de la Corte Suprema. Como el caso tuvo resonancia pública, la causa se cerró. Cartasegna, Massi, Raele, entre otxs, no se van a retractar. Le buscaron la vuelta para agravar la manera de intervenir: la condenaron por ser peruana, trans y “ejercer falsamente la prostitución”.

El Estado debe empezar a trabajar los derechos económicos, sociales y culturales, porque no hay absolutamente nada. A todas las compañeras que fueron víctimas de la Policía y la Justicia que ahora están libres cada militante las refugio en sus casas, no están más en La Plata. En C.A.B.A. también tenemos trabajo territorial, acaban de abrirnos una acción de amparo y nos concedieron botones de pánico para cuatro compañeras. Dejaron por un tiempo de violentarlas porque estuvimos nosotras atajando, pero a las compañeras no les queda otra, tienen que salir a laburar. En La Plata hay diez compañeras menos en la calle, porque abrió la peluquería Las Charapas, una cooperativa de trabajo que sacó a compañeras trans y travesti de la situación de prostitución, sin ningún tipo de ayuda del Estado, todo desde la autogestión. Pero el circuito de criminalización las va reemplazando, llegan nuevas compañeras del exterior y a los dos o tres meses están detenidas por supuesta venta de estupefacientes.

Ningún migrante es ilegal, la situación que se vive hoy es terrible, la Policía ahora va con Migraciones. La Plata tiene una cuestión puntual en todo el país por los estándares. En Capital Federal les arman causas por consumo y en La Plata por venta. Las tienen un año y les dan suspensión de juicio a prueba, y máximo en veinticuatro horas recuperan su libertad. Si interviene alguien se reduce a seis horas.

A diferencia de los colectivos trans y travestis nacionales, las trans migrantes aún estamos luchando por estar en libertad, poder transitar las calles libremente y acceder a una vida digna. Según el informe de perfilamiento sobre el impacto negativo y sobre representación de mujeres trans y travestis en situación de encierro en las cárceles de la provincia de Buenos Aires, elaborado por OTRANS Argentina en 2016, del 100% de mujeres trans y travestis presas, el 98% son migrantes, y de estas la totalidad esta detenida por la Ley 23.737. Esto fue presentado en el 65° Comité CEDAW-ONU. Si por cuarenta personas trans y travestis muere una, la tasa de mortalidad es realmente elevada: 0,3/40, cuando la tasa de mortalidad estándar en Argentina es de 0,2 sobre 40 (7,3/1000 anual). Sólo en el mes de diciembre hubo cinco muertes de personas privadas de su libertad. Y tres al inicio de enero en el penal de Varela. Nos preocupa la situación de las compañeras trans que están alojadas ahí por delitos por los que no tendrían que estar. Nos interesa cortar ese ingreso. Para eso tenemos que trabajar con la Justicia. Queremos dejar de ser el chivo expiatorio de cuanta política de mano dura se ejerza.

Contexto actual y Estado de alerta trans 

Desde 2016 venimos denunciando reiteradamente cómo se agudizaron las prácticas represivas, las razias, persecución, vejaciones, torturas y tratos crueles e inhumanos hacia el colectivo trans migrante en La Plata. Esto no es un hecho aislado: la violación a los derechos humanos de persona trans y travestis sucede en todo el país. Hasta el día de hoy hemos presentado alrededor de 35 habeas corpus, de los cuales la Justicia emitió cuatro fallos favorables para nuestra comunidad. Pero, por un lado, la Policía sigue haciendo caso omiso al cumplimiento de los dictámenes judiciales. Por el otro, el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires no ha dado ninguna respuesta respecto a las recomendaciones de los jueces de elaborar protocolos basados en estándares internacionales de derechos humanos, que no vulneren los derechos del colectivo TLGBI (trans, travestis, lesbianas, gays, bisexuales e intersex).

Desde que asumió la gestión Santiago Canton en la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, venimos denunciando la violencia institucional por parte de las fuerzas de seguridad, de la Justicia y del Servicio Penitenciario bonaerense. También el mal estado de salud de nuestras compañeras trans en situación de encierro, de K. Salas, E. Tapullima, L. Sinarahua, H. Sajami, D. Leyes y Pamela Macedo Panduro, quienes padecen enfermedades crónicas y no se les suministra ningún tipo de tratamiento. Como organización de la sociedad civil, pedimos a la Secretaría nos gestionase el ingreso para visitar las cárceles y no hemos tenido ninguna respuesta favorable por parte de este organismo, como también de la Justicia.

La muerte de nuestra compañera de militancia no es un hecho aislado, sino que da cuenta de la violencia sistemática que el Estado argentino lleva adelante a través de sus agentes de seguridad y funcionarios públicos. Entre tantas respuestas que tiene que darnos el Estado, una de ellas es por qué una joven de veintinueve años privada de su libertad muere en 54 días.


* Claudia Vasquez Haro, directora de Diversidad Sexual de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social-UNLP. Presidenta de OTRANS Argentina.