El infierno tiene su sede en la Casa Rosada

Las penurias sociales provocadas por el presidente Mauricio Macri son claramente insoportables. A pesar de su alta imagen negativa, sigue gobernando con mano dura y antidemocrática en beneficio de una pequeña casta privilegiada. Para el resto, las migajas, si es que alcanzan.

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Por Fernando M. López

Escuchar a Mauricio Macri hablar en España sobre la “dramática” situación de la democracia venezolana daba vergüenza ajena. “Se comprueba que siempre hay un escalón más hacia el infierno y que la dignidad siempre se puede ir pisoteando más”, dijo sobre ese país sudamericano en una entrevista que brindó el jueves al escritor Mario Vargas Llosa, tan fascista, neoliberal y evasor offshore como el presidente argentino.

Ante los españoles, Macri también se autodefinió como “la expresión de una mayoría que se atrevió a vencer la resignación”, y agregó que, en un año de gobierno, “más que nada recuperamos en la Argentina la ilusión, la esperanza y la libertad de expresarse”.

Los sondeos y encuestas de opinión pública no convalidan ese relato. Muestran, por el contrario, que hay poca esperanza e ilusión, y demasiadas expectativas negativas. Según un reciente estudio de Julio Aurelio, el 76,4% de los argentinos considera que la situación económica es mala, mientras que el 56,3% no prevé que vaya a mejorar este año. El 46,5% reconoce que no llega a fin de mes y el 47,3% que está peor con Cambiemos. Sólo el 6% dice estar mejor. A la hora de evaluar la gestión de Macri, el 57% la desaprueba y sólo el 39 la tilda de positiva.

La imagen del mandatario ya venía en picada desde mediados del año pasado, fruto de sus propias políticas recesivas, los despidos masivos, la escalada inflacionaria, los tarifazos y la revelación internacional de sus sociedades en guaridas fiscales; y cayó más este mes tras el intento de condonar la multimillonaria deuda que arrastra su grupo empresario con el Estado nacional por la concesión del Correo Argentino. Número más, número menos, todas las consultoras coinciden respecto de esta tendencia.

La gobernadora María Eugenia Vidal es otra de las figuras de Cambiemos que atraviesa su peor momento, ya que su imagen positiva pasó del 60% (octubre de 2016) a poco más del 50%, luego de irse de vacaciones a México en medio de las inundaciones que devastaron el noroeste de la provincia de Buenos Aires. Más aun, de acuerdo con una encuesta de Analogías, el 61,2% de los bonaerenses reprobó esa actitud.

Pero volvamos a la cuestión de la democracia. Macri ataca al Gobierno de Venezuela haciendo hincapié en el caso del ultraderechista Leopoldo López, condenado judicialmente a trece años y nueve meses de cárcel por encabezar en 2014 una violenta acción para derrocar al presidente Nicolás Maduro, con un saldo de 43 personas asesinadas, 878 heridos e importantes daños a bienes públicos.

Para el mandatario argentino, López es un “preso político” y la sentencia en su contra vulnera la democracia venezolana. Ahora bien, cuando le preguntaron en España por Milagro Sala, encarcelada hace más de un año por protestar contra las políticas del gobernador jujeño Gerardo Morales, Macri se hizo el sota. No se refirió a la dirigente social como una presa política, no habló de la violación de sus fueros como parlamentaria del Mercosur y tampoco explicó por qué se niega a cumplir desde octubre con la resolución de la ONU que exige su liberación inmediata. Apenas dijo que “el tema está en manos de la Justicia de Jujuy” y reiteró lo de la invitación a organizaciones de derechos humanos para que vean “con sus propios ojos qué es lo que se está haciendo”.

Incluso, más allá del caso Milagro Sala, cabe preguntarse qué autoridad moral tiene Macri para poner en duda la democracia de cualquier país de América Latina, cuando él es un avasallador serial de derechos y leyes sancionadas democráticamente.

Decía más arriba que había “recuperado” la libertad de expresión… En realidad, se la sacó a todos los argentinos para entregársela en bandeja al Grupo Clarín. Fue uno de sus primeros decretos de necesidad y urgencia (DNU), con el que desmanteló la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que era ejemplo en el mundo por su carácter antimonopólico e igualitario. Y ahora acaba de darle otro regalo al multimedio comandado por Héctor Magnetto con la autorización para entrar al mercado de la telefonía móvil 3G y 4G, prácticamente sin pagar un peso.

También por decreto, ejecutó un fenomenal saqueo a la población para repartir el botín entre los sectores más concentrados de la economía, vía devaluación, quita de retenciones a las patronales rurales y las mineras, reforma de la Ley de Tierras y eliminación de los controles cambiarios para dejar rodar la bicicleta financiera. Y, más recientemente, con “necesidad y urgencia” borró de la Ley 27.260, aprobada por el Congreso, el artículo que prohibía a sus propios familiares y a los de sus funcionarios ingresar al blanqueo de capitales.

La lista de DNU que dan cuenta del sistemático atropello a la Constitución y las instituciones democráticas es larguísima. Uno de los casos más representativos es el DNU xenófobo que facilita la expulsión de residentes extranjeros. Su inconstitucionalidad está más que clara cuando los cambios que hace Macri a la Ley de Migraciones avanzan sobre cuestiones penales, potestad que sólo le corresponde al Congreso.

Otro caso es el de las escuchas telefónicas. Pasando por encima de la Ley de Inteligencia, el presidente decretó el traspaso del Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones (DICOM) desde la Procuración General de la Nación a la Corte Suprema de Justicia. A pesar de que se acumulan las denuncias por filtraciones de escuchas en los medios, interceptaciones ilegales y espionaje de todo tipo, un reciente DNU extendió el mandato de los responsables de la actual Dirección de Captación de Comunicaciones, entre ellos el camarista Martín Irurzun.

El ex jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Oscar Parrilli, responsabilizó a Irurzun por la difusión mediática de sus conversaciones privadas con Cristina Fernández de Kirchner, señaló que Macri y el espía Antonio “Jaime” Stiuso estaban detrás todo esto, y también apuntó contra el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, y los actuales titulares de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. Lo mismo hizo Hebe de Bonafini al denunciar días atrás una red de espionaje ilegal contra las Madres de Plaza de Mayo y más de un centenar de ex funcionarios, legisladores, jueces, fiscales, abogados, actores, periodistas, intelectuales y referentes de agrupaciones opositoras al Gobierno.

“La evidente gravedad institucional de estas maniobras, que vulneran las leyes fundamentales, los derechos personales de los ciudadanos, la libertad y la democracia que tanta lucha costó en este país y en Latinoamérica, nos señala un Estado que suspende y suprime las garantías constitucionales”, advirtió la titular de Madres.

Como si fuera poco, espías que integraron el siniestro Batallón 601 durante la última dictadura cívico-militar, como Mariano Bronenberg, trabajan ahora al servicio del macrismo en campañas sucias contra los maestros para desacreditar su lucha por un salario digno. Y no sólo se los deslegitima en las redes sociales y los medios que operan para el Gobierno, sino que se los persigue y amenaza de muerte, como ocurrió con el secretario general de Suteba, Roberto Baradel. “Si no se deja de joder, su familia pagará el costo”, le dijeron a través de un mensaje anónimo en medio de la paritaria docente.

Está claro que no hay que ir hasta Venezuela para comprobar “que siempre hay un escalón más hacia el infierno”. Macri administra el descenso desde la propia Casa Rosada, pisoteando la dignidad de millones de trabajadores, científicos, estudiantes, jubilados, pequeños comerciantes, agricultores familiares y empresarios pymes. Para los que no forman parte de su pequeña casta de privilegiados, el presidente sólo ofrece ajuste, despidos, pobreza y represión.

Ninguno de estos sectores puede ser indiferente, ni dejar de acompañar a los que son perseguidos, excluidos y criminalizados, a los que luchan en defensa del pan, la educación pública y el trabajo. Ningún argentino o inmigrante que sufra las políticas de Cambiemos puede quedarse en su casa de brazos cruzados. Es hora de salir a la calle, organizarse y construir democracia popular. El infierno, nunca más.