Mujeres de una veintena de movimientos populares, diputadas peronistas y del Frente para la Victoria, referentes de partidos de izquierda y de organismos como la Defensoría del Pueblo, reclamaron el martes al Hobierno bonaerense el cumplimiento de la Declaración de Emergencia Social en materia de violencia hacia las mujeres porque, “en el marco del achicamiento del Estado y el recorte de derechos, crece el índice de femicidios” en territorio bonaerense, que está a la cabeza con más de 20 asesinatos en lo que va de 2017. En el país se registraron 57 femicidios en los primeros 43 días del año.

“En 2016, la provincia gobernada por María Eugenia Vidal registró el mayor número de femicidios del país con 112”, subrayaron en un documento en el que expusieron claramente la necesidad de una mayor organización de los movimientos populares y el establecimiento de una agenda propia.

“En 2016, la provincia gobernada por María Eugenia Vidal registró el mayor número de femicidios del país con 112.”

En ese marco exigieron “la asignación de un presupuesto acorde a la problemática en la provincia que permita la ejecución de políticas públicas integrales en materia de derechos humanos de las mujeres de acuerdo a lo previsto en la Ley 26.485 de prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres”, promulgada en 2009.

En segundo lugar exigieron la creación de un organismo de sistematización estadístico que releve los femicidios y las denuncias de violencia contra las mujeres y supervise la aplicación de políticas públicas. En tercer lugar reclamaron la formación de 30.000 promotoras en prevención de violencia y promoción de derechos de las mujeres.

Mujeres trabajadoras, amas de casa, estudiantes universitarias, legisladoras y ex diputadas, referentes barriales de La Plata, Quilmes, Florencio Varela y Berazategui, y de organizaciones como Amas de Casa del País, Movimiento Nacional Campesino Indígena Argentino, Vía Campesina, CTEP, Movimiento Evita, Corriente Clasista y Combativa (CCC) y del Partido del Trabajo y del Pueblo, colmaron el auditorio del anexo de la Cámara de Diputados de la provincia para participar de una “jornada de debate” sobre la Emergencia en violencia de Género.

Las mujeres remarcaron que no existe respuesta del Estado y destacaron el protagonismo de los movimientos populares y mujeres que están dando respuesta en los barrios. Y bajo la idea de que si el Estado no avanza contra los violentos y los femicidas, lo harán las mujeres, convocaron a participar masivamente en el paro internacional del 8 de marzo próximo.

El documento consideró que el recorte de 67 millones de pesos para aplicar la legislación en materia de violencia hacia las mujeres es un “atropello escandaloso”.

Lorena Aguirre, referente de la Comisión de Mujeres de Quilmes, Berazategui y Florencio Varela, donde se han registrado numerosos casos de femicidios en estos meses, se refirió a la tarea que están llevando adelante a nivel territorial y su reclamo al Municipio de Quilmes, que dirige el macrista Martiniano Molina, para que declare la emergencia social en materia de violencia de género.

“Entendemos que no se aplican políticas de prevención y por eso hacemos hincapié en la formación de promotores […] que podrían evitar más femicidios. Cada dieciocho horas hay un femicidio”, sostuvo. “Queremos un presupuesto efectivo. Las declaraciones solas no sirven”, enfatizó Aguirre.

Laurana Malacalza, responsable del Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo (OVG) de la provincia de Buenos Aires, respaldó durante el debate la Declaración de las mujeres de los movimientos populares y abogó por “políticas públicas articuladas e integrales”.

Aseguró que desde el OVG han “respaldado los proyectos de ley” y al mismo tiempo “tratamos de generar recursos para las organizaciones populares y para que el Estado brinde información”. Malacalza consideró que el paro del 8 de marzo permitirá “visibilizar una agenda mucho más amplia que tenemos las mujeres para pensarnos no solamente como víctimas, sino como personas con proyectos de vida autónomo, con derecho a la igualdad de oportunidades y al acceso a las políticas sociales”.

“Esas desigualdades son las que promueven la violencia. No podemos pensar la violencia de género sin entrelazarlas con otras políticas públicas, políticas financieras, de seguridad o políticas frente a la criminalidad”, sostuvo.

Consideró que “las mujeres tenemos que participar y tener una agenda propia que no solamente incluya la violencia de género, sino (que sea) más amplia”, y subrayó la importancia de la participación “activa” de los movimientos populares “en la definición de políticas públicas, en la producción de información”.

“Necesitamos corrernos del lugar exclusivo de víctimas y promocionarnos como sujetas de derecho”, sostuvo la responsable del OVG desde 2011.

“Con Macri se ha profundizado la pobreza y las mujeres sentimos particularmente esa problemática […] Tenemos que articular la emergencia social con la violencia de género”, aseguró Romina Guerrero, del Partido del Trabajo y del Pueblo (PTP), quien reclamó un “fácil acceso” de esas mujeres “a planes que faciliten su tránsito hacia una vida sin violencia”.

En su opinión, “el Gobierno de Vidal tiene que dar una respuesta. No alcanza con el plan provincial porque tiene acento en la Policía y nosotras sabemos cómo nos tratan en las comisarías”, subrayó.

Instó a trabajar activamente en los barrios, en los lugares de trabajo, en los hospitales y en las escuelas para “transformar la realidad y no seguir contando víctimas”. “Nosotras no queremos contar muertas y no queremos ser víctimas”, concluyó.