Por Fernando M. López

En medio del escándalo por el fraude que pretendía Mauricio Macri en torno a la multimillonaria deuda de su grupo empresario con el Estado nacional por el Correo Argentino, el recorte a los jubilados y su posterior contramarcha, otros temas importantes pasaron un tanto desapercibidos y hasta fueron objeto de las habituales tergiversaciones de la alianza Cambiemos.

El oficialismo se adjudicó este jueves un dictamen de mayoría para avalar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que endurece la Ley de Migraciones, restringiendo el ingreso de extranjeros y expulsando a los residentes con causas penales o contravencionales.

Sin embargo, el presidente de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, Mario Cleri, explicó que en la reunión “faltaban integrantes” por “cuestiones personales” y pasó a un cuarto intermedio.

No se trata de una cuestión menor porque el dictamen de Cambiemos, presentado por los diputados Nicolás Massot y Pablo Tonelli, obtuvo seis firmas, mientras que el del FpV-PJ, que rechaza el decreto, cosechó cinco: las del propio Cleri, las diputadas Diana Conti y Juliana Di Tullio, y los senadores Mario Pais y Anabel Fernández Sagasti.

“El tema aún está abierto. Vamos a ver en la próxima reunión de comisión cuál queda finalmente como dictamen mayoritario”, confirmó Conti a Contexto, y detalló que esperan el nuevo encuentro para el miércoles 23 de febrero o el 2 de marzo.

La legisladora consideró que, al modificar la Ley de Migraciones 25.871, el DNU de Macri viola la Constitución, ya que implica cuestiones penales que sólo deben ser legisladas por el Congreso, y que “tampoco reúne las condiciones de urgencia y necesidad”.

Entre otras cosas, el decreto establece que la Dirección Nacional de Migraciones podrá cancelar la residencia de cualquier inmigrante y disponer de su expulsión cuando haya sido condenado en la Argentina o en el exterior –aunque dicha condena no se encuentre firme– por delitos graves, como tráfico de armas, drogas o personas, pero también por otros delitos que impliquen pena privativa de la libertad en expectativa.

Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) ya advirtieron que “esto puede alcanzar situaciones de venta en la vía pública, personas que están en una casa tomada o los que corten una calle… No importa la suerte de esa persona en el proceso penal, el dato que importa es tener algún tipo de imputación”.

“Te incluyen la revisión de toda circunstancia, incluso por contravenciones y delitos menores. Y, por otro lado, favorecen la delación. Es decir, fomentan que el migrante cuestionado delate a otros para obtener un beneficio propio”, sostuvo Conti, y añadió: “Este decreto tiene rasgos fuertemente xenófobos, discriminatorios y de control social”.

Muchas de estas objeciones fueron debatidas antes de las firmas de los dictámenes, durante una audiencia pública que se realizó en el Salón Delia Parodi del Congreso, con la participación del CELS, Amnistía Internacional, el Instituto Gino Germani y la Red de Migrantes y Refugiados de la Argentina, así como del director nacional de Migraciones, Horacio García.

Durante su alocución, el funcionario macrista intentó justificar el DNU con frases como “no estamos divorciados de la integración y de la mirada hospitalaria”, o “queremos seguir abriéndoles las puertas a todos los migrantes del mundo”, aunque las distintas organizaciones y expertos desmontaron su farsa al detallar los alcances de una medida que busca “criminalizar la inmigración”.

Al respecto, Lourdes Rivadeneyra, titular de la Red de Migrantes, indicó que Macri impone “un grave retroceso” y utiliza al extranjero como “chivo expiatorio”. Además, alertó sobre la existencia de “brotes xenófobos” como consecuencia del decreto y enumeró casos de inmigrantes agredidos en los últimos días.

Conti, por su parte, no descartó que la pulseada termine dirimiéndose en la Justicia porque, hasta ahora, Cambiemos “se ha negado al tratamiento de todo dictamen de la Bicameral de Tratamiento Legislativo, impidiendo el funcionamiento pleno del Congreso”.

“Recordemos que el oficialismo es quien arma la labor parlamentaria para cada sesión y que un DNU, para que pierda validez, debe ser rechazado por ambas Cámaras”, concluyó la legisladora.