Por Fernando M. López

Tras el procesamiento dictado por el juez federal Ariel Lijo y el pedido de detención del fiscal Guillermo Marijuán, el ex jefe de la Agencia Federal de Investigación (AFI), Oscar Parrilli, podría llevar su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Estamos evaluando hacer presentaciones internacionales, posiblemente en el ámbito de la CIDH, porque advertimos una deliberada y evidente persecución judicial”, dijo en diálogo con Contexto el abogado Roberto Boico, quien se mostró “preocupado” por la “fragilidad” del Estado de derecho a partir del Gobierno de Mauricio Macri.

“No recuerdo en democracia un momento de tanta locura judicial, con persecuciones, pedidos delirantes y filtraciones a los medios de comunicación que ventilan lo que es inventilable”, agregó el defensor de Parrilli, en alusión a las escuchas telefónicas entre su cliente y la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El espionaje directo sobre el ex jefe de la AFI fue ordenado por Lijo a mediados del año pasado para determinar una supuesta conexión con Ibar Pérez Corradi, que ya había sido detenido luego de estar prófugo en Paraguay por el triple crimen de General Rodríguez y el tráfico de efedrina. A pesar de que las escuchas no tenían ninguna relación con el caso, el juez terminó procesando a Parrilli por “encubrimiento agravado” y el fiscal Marijuán solicitó su prisión preventiva por “peligro de fuga”, al tiempo que utilizó una de esas intervenciones telefónicas para impulsar otra denuncia relacionada con el espía Antonio “Jaime” Stiuso.

En este marco, Parrilli habló de “una triple alianza o infamia entre sectores de la Justicia, medios de comunicación y servicios de inteligencia operando a fondo como en las viejas épocas”, responsabilizó a Macri y a su ministro de Justicia, Germán Garavano, y recusó no sólo a Lijo, sino también al camarista Martín Irurzun y al juez Claudio Bonadio.

El pedido contra Irurzun, integrante de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal -que debe resolver las recusaciones a Lijo y Bonadio-, se basa en su posible parcialidad al desempeñarse como director general de la Oficina de Captación de Comunicaciones del Poder Judicial de la Nación y, por ende, una de las autoridades responsables de la custodia de las escuchas que se filtraron a la prensa.

Iruzun rechazó el planteo, alegando que no existe riesgo fundado de pérdida de imparcialidad, pero el abogado de Parrilli aclaró que la recusación sigue su curso y que ahora todo está en manos de los otros camaristas de la Sala II.

“En un Estado de derecho normal las causas contra Parrilli ya estarían cerradas, pero ahora todo es posible, puede pasar cualquier cosa, y eso es lo grave. Todos estamos en riesgo cuando un Poder Judicial hace lo que quiere”, subrayó Boico.

La embestida contra el ex jefe de la AFI se enmarca en una serie de persecuciones contra dirigentes políticos que formaron parte de los Gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, pero también contra todos aquellos referentes con capacidad de plantear una resistencia efectiva al neoliberalismo de Cambiemos.

El caso más emblemático es el de la líder de la Tupac Amaru y parlamentaria del Mercosur, Milagro Sala, quien continúa como presa política del gobernador jujeño Gerardo Morales, pese a las resoluciones de la ONU y la OEA que exigen su libertad inmediata.

“Lo que le ocurre a Milagro Sala es de una impunidad judicial y política absoluta. Que se violen sus fueros parlamentarios, pasando por encima de un tratado internacional y una ley nacional, y que, a partir de una detención, se busquen nuevas causas para justificar su encarcelamiento, es sencillamente gravísimo”, opinó Boico, y advirtió: “el derecho es el último recurso de los ciudadanos frente a un Estado que puede ser autoritario. Si esto se avasalla, estamos en peligro”.