Por Fernando M. López

La situación denunciada por la actriz Araceli González, a través de las redes sociales, cuando no podía conseguir por ningún lado un medicamento para tratar los síntomas del lupus que padece su madre, no es nueva. Las quejas de pacientes con enfermedades crónicas y de alta complejidad, como HIV y tuberculosis,  vienen creciendo desde el año pasado, aunque el ministro de Salud de la Nación, Jorge Lemus, sigue haciendo la vista gorda.

El secretario general del sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos, Marcelo Peraltta, explicó ayer en varios medios que “cada vez son más” los pacientes que enfrentan este problema, ya que “no hay una política social que garantice que los medicamentos estén disponibles”.

“Se deja librado al mercado, para aquel que pueda pagar o tenga el dinero suficiente para comprarlo. Ahí es cuando el laboratorio lo trae al país en vez de tenerlo disponible para cuando la gente lo requiera. Están especulando y el Ministerio de Salud no hace nada al respecto”, sostuvo.

Sobre lo que sí estaría trabajando Lemus es en favorecer a la industria farmacéutica transnacional con la derogación de la Ley de Genéricos, sancionada el 28 de agosto de 2002, según alertó Peraltta.

Esa norma estableció el derecho de los pacientes a elegir libremente el medicamento por su nombre genérico y que los laboratorios produzcan en el país aquellos remedios sobre las que pretendan una patente.

La presidenta del Colegio Farmacéutico de La Plata, Graciela Luján, advirtió que sin la Ley de Genéricos “el sistema sanitario colapsaría”.

“Para el paciente hay un beneficio de costo y calidad, porque tiene la posibilidad de elegir un medicamento más barato con la misma droga, concentración y cantidad que las de las grandes marcas. Y a los farmacéuticos la ley nos ha permitido tener una intervención real y sostener prestaciones. Hubiera sido imposible sostenerlas cuando el PAMI paga a tres meses y los laboratorios líderes exigen el pago a una semana. Con los genéricos, las farmacias tienen plazos muchos más extensos, de 30 a 45 días”, señaló a Contexto.

Un convenio a la medida de los laboratorios

Desde el año pasado, los colegios farmacéuticos de todo el país reclamaban un nuevo convenio con el PAMI “sin intermediarios”, pero el 27 de enero último el titular de la obra social de los jubilados y pensionados, Carlos Regazzoni, decidió ratificar el que favorece a las cámaras que nuclean a la industria farmacéutica, con precios, sustentabilidad de la cadena de prescripción, comercialización, provisión y dispensa de los medicamentos.

“Como farmacéuticos comunitarios esperábamos cambios, pero no los hubo. En La Plata nos obligan a poner el 17% del precio de venta público, lo que es un disparate ya que representa el 50% de nuestra rentabilidad neta. Si un medicamento vale 100 pesos, el PAMI solo nos devuelve 83. Con eso, más los gastos propios de la estructura de una farmacia, la rentabilidad es casi cero”, explicó Luján.

Pero la referente del sector va más allá al sostener que, buena parte del faltante de medicamentos que sufren los afiliados del PAMI, está relacionado de manera directa con las políticas de Regazzoni.

En este sentido, remarcó: “Hay un deterioro grande de lo que es el servicio a los pacientes porque, además, el PAMI empezó a no cumplimentar los pagos. Entonces las farmacias no pueden cumplir con sus obligaciones. Si el PAMI no paga, ¿cómo hacemos nosotros para pagarles a las droguerías? Eso genera, indefectiblemente, un desabastecimiento de medicamentos. Es una cadena”.

IOMA

Con la obra social más importante de la provincia de Buenos Aires sucede algo similar que con el PAMI. La cobertura de IOMA para medicamentos de elevado costo, necesarios para el tratamiento de patologías especiales o de alto impacto sobre la salud, se hace a través del plan MEPPES.

“Nosotros hemos cuestionado el MEPPES en muchísimas oportunidades porque las farmacias sólo actúan dispensando medicamentos sin participar en su adquisición. Y IOMA, a través de determinadas droguerías, lo convalida. Cuando un medicamento no llega, uno puede reclamarlo, pero no pasa de eso porque estamos atados de pies y manos”, graficó Luján.

Para la presidenta del Colegio Farmacéutico de La Plata, detrás de la escasez de ciertos medicamentos hay “un sistema perverso” en el que el Estado “gasta muchísimo dinero en favor de los laboratorios, que han aumentado desmedidamente sus precios, sin un uso racional ni una optimización de los recursos”.