Por Gabriela Calotti

Integrantes de las 220 familias a las que el Gobierno provincial de María Eugenia Vidal y del municipio que dirige Julio Garro relocalizaron en noviembre pasado en un predio de Melchor Romero comprometiéndose a marcar las parcelas para que pudieran levantar sus casillas de forma segura, y que mantenían un corte en la avenida 520 y 179 desde el jueves por la noche, decidieron levantarlo mientras un móvil de la Policía custodia las tierras para que no se instalen nuevas familias y se impida la venta ilegal de parcelas.

“Decidimos levantar el acampe hasta una nueva asamblea el domingo”, indicó a Contexto una delegada de las familias a última hora del viernes, antes de indicar que en ese encuentro “veremos los pasos a seguir la semana próxima”.

Cansados de las promesas de la Subsecretaría de Tierras y Hábitat del Gobierno de Vidal y de la falta de respuesta de la Municipalidad, los vecinos decidieron el jueves cortar esa intersección en el carril en dirección a La Plata y acampar allí para reclamar el cumplimiento de los compromisos oficiales y para denunciar la venta ilegal de varios de sus lotes por parte de gente de barrios linderos.

“Ya no podemos más, necesitamos nuestro terreno para hacer nuestras casillas”, explicó la tarde del viernes a Contexto Delmira, una de las delegadas de las 220 familias, acompañada por numerosas mujeres y hombres del barrio que también iban opinando sobre su reclamo.

A la sombra de algunos árboles en esa esquina transitada, cercana a la cárcel de Romero, los vecinos volvieron a denunciar la venta ilegal de tierras que la provincia les entregó a ellos por parte de algunos “vivos”.

“Ya vendieron unos cuarenta lotes. Algunos a 50 mil pesos y dos a 70 mil pesos, con recibos de compra y venta inclusive”, aseguró Armando, indignado, pues, según explicó, cuando “ingresamos al predio el 29 de noviembre vecinos de un barrio cercano se metieron por un costado y ocuparon tres de las cinco hectáreas”.

“Porque una cosa es ocupar y otra es vender”, sostuvo Armando.

“Alguien los debe proteger”, lanzó Delmira. “Primero estamos nosotros, las 220 familias” con las que se comprometió la Subsecretaría de Tierras, que ahora dirige Francisco Echarren, en una “mesa de gestión” a enviar agrimensores.

Lamentó que las autoridades provinciales y municipales no cumplan su palabra y que ellos se vean enfrentados con vecinos que necesitan, como ellos, un techo. “Nos dejan pelear pobres contra pobres y el Estado no se hace cargo de nada”, sostuvo Delmira.

Delegados de este predio de Romero y de otros tres barrios precarios en Villa Elvira, Abasto y El Peligro firmaron el 29 de noviembre un “acta de entrega de tenencia y custodia” que lleva la firma y sello de Ignacio Girado, director provincial de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, y de Augusto Sciarreta, titular de la Dirección de Tierras.

Según ese documento, agrimensores provinciales debían acercarse a marcar las parcelas para que los vecinos pudieran edificar en los quince días siguientes. Sin embargo, dos meses después, siguen esperando que los agrimensores vayan a cumplir ese paso indispensable para levantar casillas más sólidas y seguras frente a las inclemencias del tiempo.

“No queremos romper la negociación. Nosotros seguimos respetando lo acordado, que era no hacer viviendas prefabricadas, sino casillas”, aseguró la delegada.

En una recorrida por el predio, este medio constató que algunas casillas se vinieron abajo por las lluvias y los fuertes vientos de las últimas semanas. “Necesitamos que marquen las parcelas para poder levantar las casillas en el lugar que les toque. Ahora se vienen abajo porque no podemos clavar mucho para no romper las maderas”, explicó Delmira.

Gladys, Sonia y Fermina comentaron las dificultades de la vida cotidiana “en medio del barro, el calor, los bichos y las víboras”, y subrayaron que “los que más sufren son los chicos”. Alguien comentó que “Vidal, que tanto habla de los chicos, tendría que fijarse en eso”.

En las 220 familias hay unos trescientos menores de hasta doce años, bebés y chiquitos de dos años, indicaron al referirse a un “censo” que hicieron para tener un relevamiento de los vecinos a quienes corresponden parcelas en el predio que está en 179 de 526 a 529.

Durante la tarde del viernes por el acampe volvió a acercarse el delegado municipal de Melchor Romero, Alejandro Zamudio, para quien “el manejo” de la situación por la que atraviesan estas familias “es de Tierras y de la provincia”. En su opinión, “habría que resolver el tema de seguridad”, dijo el delegado comunal que dijo desconocer “cómo puede intervenir” la Municipalidad para resolver el conflicto que se plantea con los otros vecinos.

Los vecinos comentaron que la noche del jueves al acampe se acercó un funcionario municipal que se presentó como subsecretario de Seguridad y que no quiso darles su nombre. Sólo indicó que le dicen “el Vasco”. Les prometió un patrullero para vigilar el predio para que no se instalen otras familias.

Ironías de la vida, mientras este medio visitaba el acampe y charlaba con las familias, un pequeño pasó entre la gente repartiendo propaganda de una marca de placas antihumedad y de revestimientos de madera y de piedra. ”Ahhhh, si tuviéramos una casa así no estaríamos acá”, comentaron varias de ellas, poniéndole un poco de humor a una larga jornada. Muchas de quienes allí estaban la tarde del viernes y también muchos hombres estaban sin dormir desde el día anterior.