Por Fernando M. López

Tras el pago a los fondos buitre y un año de endeudamiento descontrolado, tanto a nivel público como privado, Argentina debe a los acreedores externos unos 211.000 millones de dólares, según las últimas estimaciones oficiales del INDEC.

Decididos a seguir hipotecando el futuro del país, el presiente Mauricio Macri y su flamante ministro de Finanzas, Luis Caputo, acaban de tomar deuda por 7.000 millones de dólares. Con gran cinismo, al llegar de Estados Unidos, el funcionario dijo que “a partir de ahora queremos depender cada vez menos del financiamiento externo”, pero lo cierto es que este proceso está muy lejos de llegar a su fin.

Al día siguiente de jurar en el cargo, Caputo recibió el decreto 29/2017, con el que Macri lo autoriza a un nuevo endeudamiento de hasta 20.000 millones de dólares, renunciando a la inmunidad soberana. Los tribunales que intervendrán en caso de controversia o litigio por esta deuda no serán los argentinos, sino los de Nueva York y Londres.

“La escalada en el proceso de endeudamiento nos pone al borde de un nuevo abismo”, subrayó en diálogo con Contexto el legislador nacional del Frente para la Victoria (FpV), Guillermo Carmona.

Como vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Carmona rechazó la prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales estadounidenses y británicos porque, en el primer caso, “hemos tenido las peores experiencias, sobre todo con las intervenciones del juez Thomas Griesa”, al servicio de los buitres; y en el segundo, por tratarse de un país “con el que aún mantenemos una disputa de soberanía por las Islas Malvinas”, situación que “resulta peligrosísima y escandalosa”.

A fines del año pasado, cuando el macrismo ya había contraído deuda pública por unos 50.000 millones de dólares, el bloque del FpV-PJ presentó un proyecto para ponerle un límite al Gobierno de Cambiemos.

La iniciativa, que se encuentra a la espera de su tratamiento, propone modificar la Ley de Responsabilidad Fiscal en su artículo 21, para reducir la relación de la deuda pública total y el Producto Bruto Interno (PBI) a un 30%, y la relación de la deuda externa respecto al PBI a un 20%, además de establecer la necesaria participación del Congreso Nacional.

“De las herencias que va dejando el macrismo, esta es una de las más nefastas por las consecuencias intergeneracionales que implica. No podemos preocuparnos del tema del endeudamiento cuando ya sea tarde”, señaló Carmona, y adelantó que ya se encuentra trabajando en la convocatoria de una audiencia pública para el mes de marzo con el objetivo de debatir y reimpulsar el proyecto.

En este marco, el legislador también cuestionó a “la oposición más complaciente con Macri”, que cuando habilitó el pago a los fondos buitre “hizo grandes alardes de que para futuros casos de endeudamiento iban a exigir la intervención del Congreso”.

“Nada de eso ocurrió. De hecho existe un proyecto que tuvo media sanción del Senado, pero quedó durmiendo debido a que ese mismo ‘opo-oficialismo’ nunca pidió su tratamiento. Esto le hace un enorme daño a la política, a la economía y también a la institucionalidad”, completó.

Los piratas están de fiesta

La entrega de soberanía en materia de deuda es apenas uno de los aspectos de la subordinación del macrismo a los centros de poder mundial. Sin ir más lejos, el acuerdo firmado el martes 13 de septiembre del año pasado por la canciller Susana Malcorra con el Reino Unido da vía libre para el saqueo de los recursos naturales en las islas Malvinas.

“Macri ha cedido a todas las pretensiones de los británicos”, sostuvo ayer en Radio Del Plata la ex embajadora argentina en Londres, Alicia Castro, y consideró que “hay que decirlo con todas las letras: este es un Gobierno de cipayos y vendepatria”.

Para Carmona, lo que Malcorra presentó como “un comunicado conjunto” entre la Argentina y el Reino Unido -que incluye temas como pesca, hidrocarburos, vuelos, ciencia y tecnología- “es un verdadero acuerdo bilateral, un tratado internacional, ilegalmente firmado porque nunca pasó por el Congreso”.

“El Gobierno de Macri ya lo está ejecutando en función de los compromisos que allí ha asumido. Hoy trabajan en ‘remover los obstáculos’, como había solicitado la primera ministra británica Theresa May. Y eso tiene que ver con la modificación de diversas leyes nacionales”, denunció el diputado.

Uno de los objetivos de explotación hidrocarburífera es Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte. Las petroleras de los colonialistas esperan extraer de allí un total de 1.000 millones de barriles, a partir de 2020.

Según el Observatorio de la Energía, la Tecnología y la Infraestructura para el Desarrollo (OETEC), el saqueo en ese único pozo equivaldría “a 5 años de producción nacional” argentina.

“A modo de comparación, Loma Campana, la concesión más importante en Vaca Muerta -propiedad de YPF- extrajo en 2016 (enero a noviembre) un promedio de 27.644 barriles por día, es decir, comparativamente, un 23% de Sea Lion en su mejor momento. Los precios del crudo podrán determinar la eficiencia y velocidad de las campañas exploratorias; pero la política determinará si el pillaje petrolero es una realidad para 2020”, destaca un reciente informe de ese centro de estudios.