Por Fernando M. López

Los trabajadores y sus organizaciones gremiales no sólo tendrán la difícil tarea de intentar recuperar poder adquisitivo en las negociaciones paritarias, sino también de resistir la flexibilización que el Gobierno de Cambiemos quiere imponer para inclinar la balanza del lado del capital.

En un año, con la devaluación y una escalada inflacionaria que superó el 40%, el presidente Mauricio Macri logró sustraerles a los argentinos entre el 8% y el 20% de sus salarios para transferirlos a los sectores más concentrados de la economía. Ahora va por sus derechos laborales.

Este miércoles trascendió que prepara una serie de decretos de necesidad y urgencia (DNU) con el objetivo de modificar la Ley de Migraciones, la norma que rige las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) y los feriados puente.

La reforma del régimen de ART, que restringe derechos de los trabajadores en función de los reclamos patronales, obtuvo media sanción del Senado en diciembre y fue girada a Diputados.

“No veo las razones de necesidad y urgencia para precarizar más a los trabajadores”, dijo a Contexto el jefe del bloque de los diputados nacionales del FpV-PJ, Héctor Recalde, al cuestionar el decreto que firmará Macri, y consideró que se trata de una nueva “transgresión institucional”, como cuando habilitó a sus familiares y a los de sus funcionarios a entrar al blanqueo, violando la propia ley aprobada por el Congreso.

Para Recalde, el Gobierno busca volver al sistema de ART del menemismo, que fue “declarado varias veces inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

“La reforma que sancionó el Senado, con algunas modificaciones, se alza contra algunas sentencias del máximo tribunal porque restringe el acceso a la justicia”, explicó el legislador, y agregó que se le darán “amplias facultades a las comisiones médicas, que son una vía tortuosa para los trabajadores”.

Este DNU va de la mano con los cambios que se anunciaron al Convenio Colectivo de Trabajo para los petroleros de los yacimientos hidrocarburíferos no convencionales, al que Macri ve como punto de partida para avanzar con la flexibilización en otros sectores.

Con esto, las petroleras que operen en Vaca Muerta podrán, entre otras cosas, reducir la cantidad de trabajadores por equipo de perforación, decidir cuando el viento amerita la suspensión de las actividades y disponer a discreción de los empleados para hacerlos rotar por distintos puestos.

Si bien Recalde recordó que “ese convenio no se firmó todavía y una golondrina no hace verano”, lo consideró “peligroso” porque, además de eliminar derechos laborales, “aumenta terriblemente los riesgos de accidentes de trabajo”.

Lejos de hablar de flexibilización, el Gobierno nacional argumenta que estas medidas permitirán atraer inversiones, “modernizar” el mercado de trabajo, mantener fuentes laborales y crear nuevos empleos.

Con este mismo discurso, el ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca, insiste desde el año pasado en la necesidad de reducir los costos laborales. Sostiene que de esta manera se podrá combatir la informalidad y el desempleo.

“Esto es un disparate inventado por (Domingo) Cavallo en nuestro país”, recordó Recalde, y aseguró que “la reducción de los aportes y contribuciones patronales no sirvieron para crear empleo, sino al revés”.

“Cuando esto se aplicó en Argentina, el desempleo llegó al 26%. Es una locura seguir los mismos métodos de la tercera década infame (1989-2002) esperando resultados distintos”, advirtió el diputado.