Por Roberto Álvarez Mur

La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de Buenos Aires (CICOP) denunció ayer que el Gobierno provincial mandó a controlar a los 10 mil médicos que nuclea el gremio para saber quiénes formaron parte del paro de esta semana y quiénes no.

Mediante auditorías y presiones al personal de las oficinas de guardia de los diferentes establecimientos, se desarrolló esta maniobra que los trabajadores en huelga definieron como una “persecución al derecho a protestar”.

Cabe destacar que CICOP, junto a SUTEBA y ATE, es uno de los gremios que aún está en conflicto con la gobernadora Vidal por la discusión de paritarias.

“Los hicieron firmar planillas que no son las habituales para el control de asistencia. Llevaron una planilla especial.”

“La masividad de la auditoría fue lo más llamativo. Tenemos contabilizados ochenta establecimientos de la provincia de Buenos Aires, cuarenta de ellos son los más representativos en relación con el volumen de personal y niveles de adhesión al paro. Todos ellos fueron auditados”, dijo a Contexto Guillermo Pacagnini, secretario general de CICOP.

Pacagnini explicó que se procedió, mediante representantes de la oficina de Personal del Ministerio de Salud, con presiones a las oficinas de los distintos hospitales y a quienes se encontraban en sus puestos de trabajo a la mañana y tarde en las guardias.

“Los hicieron firmar planillas que no son las habituales para el control de asistencia. Llevaron una planilla especial”, dijo el referente gremial, y añadió: “Esto refleja la preocupación del Gobierno por la medida de fuerza, desmintiendo las declaraciones que hizo el ministro de Trabajo (Marcelo) Villegas donde señaló que el paro ‘tuvo baja adhesión’ y ‘es una fantasía’”.

“¿Y si el Ministerio de Salud se preocupara por estar presente en los hospitales que son su responsabilidad el resto de los días?”

Además, hubo un fuerte repudio por parte del gremio hacia lo que fue, según definieron, la “militarización” del acto central realizado en el hospital de Wilde. “Nosotros hacemos cientos de actos gremiales por año. Pero esta vez fue un dispositivo policial similar a la militarización del hospital de Merlo en 2001. Nos preocupa porque forma parte, también, de un acto intimidatorio”, dijo Pacagnini, y añadió: “Tiene que ver con un acto persecutorio y, detrás, un intento de violación a la libertad sindical”.

Tanto por las auditorías como por el despliegue policial en el establecimiento de Wilde, el sindicato presentó un comunicado donde insta al Gobierno provincial a dar respuestas.

“¿Y si el Ministerio de Salud se preocupara por estar presente en los hospitales que son su responsabilidad el resto de los días del año para comprobar en qué condiciones trabajamos?”, expresa el texto.

“La movilización de CICOP en el hospital de Wilde estuvo acompañada por un llamativo despliegue policial, cuanto menos exagerado. ¿Y si se cumplieran los protocolos de seguridad acordados con el Ministerio, y la presencia policial estuviera garantizada en las entradas de las guardias todos los días del año?”, concluye.