Por Magdalena Sierra*

Durante los últimos días, el Gobierno de la alianza Cambiemos ha instalado en agenda el debate acerca de la baja en la edad de imputabilidad. La propuesta, que cuenta con el apoyo de otros sectores del arco político, consiste en bajar la edad de imputabilidad de dieciséis a catorce años a partir de la reforma del Régimen Penal Juvenil.

Ahora bien, me interesa detenerme en algunos números, pertenecientes a diversas investigaciones que fueron publicadas en el diario Página/12 (“Casi no hay chicos que matan”, 7 de enero de 2017), que demuestran que esta propuesta política corre el eje de foco: por un lado, los delitos graves cometidos por la franja de entre dieciséis y catorce años no pasan del 5% del total. Por otro lado, en cuanto a los más graves, los asesinatos, los mismos no superan el 2% en la Ciudad de Buenos Aires y el 4% en La Plata y el Conurbano bonaerense. A esto se le suma que de esos homicidios y los cometidos por todas las franjas etarias sólo un 14% suceden en situación de robo. Por otra parte, el diario La Nación publicó un esquema comparativo sobre cuáles son las edades desde las que se pueden imputar a jóvenes y los resultados son claros: en países con mayor índice de hechos delictivos la imputabilidad es a partir de los doce años (La Nación, 9 de enero de 2017).

Vemos que las estadísticas muestran que la participación de chicos/as y adolescentes en delitos graves es muy baja y la modificación en la edad de imputabilidad no implica un descenso de la delictividad. Entonces, ¿por qué insisten con la baja en la edad de imputabilidad?

¿Por qué la alianza cambiemos se opuso al voto a los dieciséis años y ahora quiere bajar la edad de imputabilidad? ¿Estos jóvenes no fueron considerados capaces de votar pero sí son considerados sujetos de encierro?

No es casual que la propuesta venga de la mano de un Gobierno de corte neoliberal, cuyas banderas vienen siendo: el retiro del Estado de sus funciones sociales y un reforzamiento del monopolio de la fuerza legítima; la privatización de los servicios públicos, la desregulación de los mercados; el recorte de derechos. Todas medidas que producen desempleo, hambre y, por ende, aumentan la desigualdad social, y que tienen necesariamente su contrapartida en el crecimiento de las estructuras penales punitivas: más policía, más represión, más estigmatización y criminalización.

Las políticas de exclusión social que Macri viene llevando adelante necesitan de una contracara. Por eso se estigmatiza a los pibes.

Las políticas de exclusión social que Macri viene llevando adelante necesitan de una contracara. Por eso se estigmatiza a los pibes. Se convierten ellos en el chivo expiatorio de la sociedad, se los coloca en el lugar de victimarios, cuando en realidad son víctimas de las políticas neoliberales. ¿Por qué la alianza Cambiemos se opuso al voto a los dieciséis años y ahora quiere bajar la edad de imputabilidad? ¿Estos jóvenes no fueron considerados capaces de votar pero sí son considerados sujetos de encierro? ¿Por qué reeditan los contratos basura bajo la forma de pasantía y, paralelamente, bajan la edad de imputabilidad?

Estamos convencidos de que seguridad es incluir, no tener a los pibes tras las rejas. Es fundamental llevar adelante políticas de inclusión social y educativa, como así también proteger los derechos de los niños y las niñas.


* Presidenta del Bloque de Senadores/as del FpV de la provincia de Buenos Aires y del Observatorio de Políticas Sociales del Municipio de Avellaneda.