Por Roberto Álvarez Mur

El plan de recorte impulsado desde el Gobierno mantiene en vilo a la comunidad de jubilados a lo largo de todo el país, luego de que el titular de PAMI, Carlos Regazzoni, anunciara que se terminarían los subsidios a medicamentos para todos los afiliados que contaran con prepagas, con más de un inmueble, un auto de menos de diez años de antigüedad o una jubilación que supere los 8.500 pesos.

El PAMI había difundido que se habían detectado “50 beneficiarios que son propietarios de aviones y 2000 que tienen embarcaciones a su nombre”, dato que motivó al Gobierno a realizar un ajuste enmarcado como “medida de transparencia”. Tras el repudio generado en los últimos días, Regazzoni anunció que revisaría la situación de unos 200.000 afiliados.

Luego del anuncio oficial, la ola de críticas no se hizo esperar y el propio Regazzoni debió ajustar su discurso a las demandas de decenas de sectores, tanto de la política como de la sociedad civil. La medida afectaría, a partir del 26 de enero, a afiliados que posean un yate o avión, más de tres inmuebles, prepagas, un auto de menos de diez años de antigüedad y cobren jubilaciones superiores a 8.500 pesos.

“Se está convirtiendo en excepción lo que es un derecho de nuestros abuelos”, dijo a Contexto el diputado provincial del Frente para la Victoria Avelino Zurro, quien presentó ayer un Proyecto de Declaración contra la medida de recorte en PAMI, donde define la iniciativa como una “barbaridad”.

“Lo del avión, lo de las tres propiedades, lo de los ingresos, es todo una careta para recortar gastos. ¿Cuántos jubilados de la provincia de Buenos Aires tienen un avión y más de tres propiedades? ¿Y cuántos jubilados, a partir de una pensión y una jubilación, logran superar los 8.500 pesos? Para este Gobierno da lo mismo un abuelo que tiene dos aviones y casa en Punta del Este que aquel que tiene un auto de 2007 o 2008”, expresó Zurro.

“El Gobierno dice que busca ahorrar 1.600 millones de pesos. Ese dinero va a salir del bolsillo de los abuelos. No se puede considerar en igualdad de posibilidades a un jubilado que tiene cinco propiedades con otro que cobra 8.500 pesos”, dijo el diputado.

“La obra social no debe discriminar, porque cuando aportás durante treinta años y querés la obra social, no puede haber un impedimento para utilizarla. Esa es una batalla que hay que dar”, dijo a Contexto Juana Marín, jubilada y concejera de PAMI en la ciudad de La Plata. “No estamos mejor, estamos peor que antes. Dos mínimas no te alcanzan para vivir el mes. En mi caso particular, no hacemos viajes, no hacemos gastos desmedidos, y la plata no rinde. El costo subió tanto que la jubilación queda chica. A eso se suma que te informen mal. Pensás que te vas a quedar sin medicamentos”.

En las últimas horas, el titular de PAMI debió aclarar que revaluaría los recortes en los diferentes casos, que la quita de subsidio no sería total y que en algunos casos se haría un seguimiento específico de la situación del jubilado.

Regazzoni había defendido la propuesta de recorte, definida por él mismo como un acto de “justicia social”. Durante una conferencia, el funcionario advirtió: “Creemos que puede haber entre 250.000 y 300.000 casos, como máximo, de gente que hoy está recibiendo el subsidio social y que no debería recibirlo porque tiene capacidad de estar dentro de la cobertura general que da PAMI”.

Actualmente, un millón seiscientos mil afiliados, de los cinco millones que tiene la obra social, acceden al programa de cobertura del 100%.