Por Gabriela Calotti

En la última década, la paritaria nacional docente sirvió de indicador para las negociaciones salariales de los diversos sectores del trabajo. Después de más de veinte años de reclamos en ese sentido, los docentes lograron en 2007 sentarse a una mesa con los funcionarios del Gobierno de turno para discutir los criterios que fijarán el salario básico docente, la estabilidad y las condiciones laborales unificando a los gremios con jurisdicción nacional.

En el marco del retroceso que está imponiendo el Gobierno de Mauricio Macri en lo referido a la presencia del Estado en el control y regulación de la actividad laboral y económica en detrimento de los trabajadores, como así también en la aplicación de políticas públicas con una mirada federal e inclusiva, el neoliberalismo de Cambiemos –que inclusive parece que hasta es demasiado para el Fondo Monetario Internacional (FMI)– anticipó el lunes a través del Ministerio de Educación de la Nación que “la paritaria nacional va a perder cierta centralidad”.

La intención es que “las paritarias sean negociaciones que sucedan sobre todo en la provincia”, dijo el jefe de gabinete de Esteban Bullrich, Diego Marías, a través de uno de los medios nacionales que sirve de vocero al Gobierno macrista. “Es una discusión que se tiene que dar en las provincias. La paritaria nacional nunca tuvo lógica”, insistió el mismo funcionario.

El secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), Roberto Baradel, fue tajante al afirmar que ese anuncio “significa un conflicto nacional porque las paritarias nacionales son por una ley y el Gobierno estaría inclumpliendo con una ley”.

En ese sentido, Baradel adelantó que los docentes y los estatales van a recurrir a organismos internacionales, empezando por la Organización Internacional de Trabajo (OIT) con sede en Ginebra, para denunciar las violaciones a las leyes del Gobierno de Macri.

“Vamos a ir ante la OIT primero porque desde el Gobierno están generando un clima antisindical contra los reclamos de los trabajadores, y segundo porque incumplen leyes que resguardan el derecho de los trabajadores, como las paritarias”, sostuvo Baradel horas después de participar en una conferencia de prensa junto a dirigente de los docentes de la ciudad de Buenos Aires, de ATE capital y de la junta interna de delegados del Ministerio de Educación de la Nación, que fueron víctimas de la represión policial la semana pasada en la sede de esa cartera, el Palacio Pizzurno, y de las amenazas de muerte contra trabajadores.

El dirigente de SUTEBA precisó que la presentación ante la OIT la estarán elevando en febrero próximo.

“Ya denunciamos presencia policial en escuelas, represiones, pero esto tomó una escalada grave. Por eso mismo, no vamos a quedarnos sólo con las denuncias en la Justicia argentina: vamos a llevar las denuncias a los organismos internacionales para que sepan qué pasa en Argentina con el reclamo social en este contexto donde quieren bajar salarios y quieren llevar adelante la flexibilización laboral para dejar sin derechos a los trabajadores del país”, afirmó Baradel a la prensa.

Diversas fuentes sindicales y gubernamentales anticiparon, tal como también ocurrió en la provincia de Buenos Aires con los estatales, que el Gobierno de Macri, y en particular el de la gobernadora de Cambiemos, María Eugenia Vidal, ofrecerá un mísero incremento paritario para 2017 del 17 o 18%, un porcentaje que hacer hervir la sangre de los trabajadores que están sufriendo los golpes de una inflación del 45% en 2016. Para el año que acaba de terminar, el renunciado ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, había previsto una inflación del 20%. Y para 2017 habló del 17%, así que con esos antecedentes podría duplicarse.

“Nosotros rechazamos de plano un aumento de 17 o 18%”, sostuvo Baradel a Contexto. “Tenemos que recuperar entre el 8 y el 10% del poder adquisitivo que perdimos en 2016, y para este año la proyección de inflación está entre el 25 y el 30%”, afirmó el dirigente de uno de los principales sindicatos docentes de la provincia, donde trabajan 350.000 maestros, es decir, el 40% de los docentes de todo el país.

“Tenemos que recuperar entre el 8 y el 10% del poder adquisitivo que perdimos en 2016, y para este año la proyección de inflación está entre el 25 y el 30%”. Roberto Baradel.

El anuncio que hizo el lunes el jefe de Gabinete de Bullrich echó prácticamente por tierra el reclamo que “desde hace cinco meses” vienen planteando los docentes para que Vidal reabra las paritarias del sector.

Aunque en el mes de enero tradicionalmente los docentes están de vacaciones –no tienen que concurrir a las escuelas–, este comienzo de año está alterando las previsiones del Gobierno o bien la estrategia es lisa y llanamente el desgaste.

“Deberíamos estar de vacaciones, pero estamos movilizados”, sostuvo Baradel antes de recordar el “abrazo” al Palacio Pizzurno que más de 5.000 docentes efectuaron la semana pasada para pedir por la reincorporación de los 3.000 despidos dispuestos por Educación, de los cuales 2.600 son tutores virtuales del programa Nuestra Escuela, al que puso fin el ministro Bullrich, y 400 son trabajadores estatales que están en ese ministerio y cuyo contrato venció el 31 de diciembre.

“Nosotros seguimos reclamando y seguiremos movilizados”, advirtió Baradel.

Al parecer Macri y Vidal quieren agotar la paciencia de los trabajadores y en especial de los maestros, que son una de las caras más visibles frente a la sociedad y a los grandes medios que les bajan la caña hablando del deterioro de la educación pública pero sin mencionar los salarios ni las condiciones de trabajo.

Valga de muestra la provocación de la gobernadora Vidal, que se quedó con el 10% del salario de los docentes bonaerenses porque curiosamente los funcionarios de la Dirección General de Cultura y Educación que dirige Alejandro Finocchiaro se olvidaron de depositar el monto correspondiente al Fondo de Incentivo Docente (FONID) que recibe de Nación como resultado de la larga lucha de los maestros que encarnó la Carpa Blanca.

Inmediatamente, desde SUTEBA le mandaron el viernes pasado una carta documento a Vidal y a Finocchiaro para recordarles que el FONID es una obligación por ley. Baradel aseguró a este medio que este mismo martes “lo van a depositar” en las cuentas sueldo de los maestros.

Queda claro que todos estos episodios no hacen más que enrarecer el ambiente de cara al inicio del ciclo lectivo. Interrogado sobre si las clases van a comenzar con normalidad si el Gobierno insiste con sus decisiones arbitrarias e ilegales, Baradel no dudó en afirmar que “va a ser responsabilidad exclusiva del Gobierno”.