Por Roberto Álvarez Mur

Tras el anuncio por parte del ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, de la intención de Mauricio Macri de bajar a catorce años la edad de imputabilidad por delitos, diversos sectores vinculados a organizaciones civiles y del ámbito judicial manifestaron su rotundo rechazo a esta medida que emerge como golpe de efecto para la opinión pública, tras el hecho de violencia ocurrido en Flores la semana pasada.

“Está demostrado a través del tiempo que estas medidas no rinden los frutos ni los resultados que espera la sociedad. No contribuyen en absoluto a pacificar. Muy por el contrario, viendo experiencias de otros países, la baja de imputabilidad a edades aun menores no contribuyó nunca a la paz social”, dijo a Contexto Mario Juliano, juez del Tribunal en lo Criminal N° 1 de Necochea y director de la Asociación Pensamiento Penal.

Juliano señaló que este tipo de propuestas, lejos de generar inclusión y amparo del Estado, generan una vulnerabilidad aun mayor ante casos de violencia institucional en jóvenes de los sectores más desprotegidos: “Las preocupaciones del mundo penal siempre están orientadas a una cierta ‘clientela’ del sistema que coincide con el conocido estereotipo de pibes”.

Asimismo, el referente de la APP remarcó que el rechazo a la baja de edad de imputabilidad “no significa que no deba hacerse nada”: “No podemos mirar para otro lado frente al problema. Debemos pensar cómo llega un chico a cometer un hecho de estas características y darle una respuesta y una presencia del Estado que hoy, francamente, no existe”.

“No podemos mirar para otro lado frente al problema. Debemos pensar cómo llega un chico a cometer un hecho de estas características y darle una respuesta y una presencia del Estado que hoy, francamente, no existe.”

En tanto, cabe señalar que ayer fue vetado por la gobernadora María Eugenia Vidal un proyecto con amplia aprobación de Cambiemos para reformar la Ley de Nocturnidad de la provincia y así permitir que chicos de catorce a diecisiete años ingresen a boliches, en ciudades de menos de 30 mil habitantes. La medida generó controversia por su prominencia a unificar menores con adultos bajo una misma normativa, criterio que parece encontrar gran connivencia con una posible baja a la edad de imputabilidad.

Un falso debate

“En el marco de este aumento de políticas punitivas y de represión, era sabido que el macrismo iba a ir por la baja de la edad de imputabilidad. Están estableciendo con esto que hay un problema que son ‘los adolescentes que comenten delitos’. Eso es falso porque la cantidad de adolescentes que cometen delitos por debajo de los dieciséis años es ínfima. Eso está certificado incluso por pactos internacionales”, expresó a Contexto Claudia Cesaroni, abogada del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC) y especialista en cárcel y jóvenes.

El CEPOC publicó a través de las redes un extenso comunicado donde manifiesta “Diez motivos para no bajar la edad de imputabilidad”. Allí, el organismo elabora un listado detallado de los riesgos institucionales que implica la implementación de una posible baja en la edad de imputabilidad en nuestro país.

Entre algunos de los puntos del listado, señala que, “sobre un total de 1800 adolescentes menores de 18 años privados de libertad por causas penales en el país, un 17% son no punibles, es decir menores de 16 años: unos 300 adolescentes”.

“Están estableciendo con esto que hay un problema que son ‘los adolescentes que comenten delitos’. Eso es falso porque la cantidad de adolescentes que cometen delitos por debajo de los dieciséis años es ínfima.”

A su vez, la Comisión de Infancia de la agrupación Justicia Legítima, compuesta por Julián Axat, Mirta López González, Damián Muñoz y Gustavo Caruso, también presentó ayer el informe “Diez Puntos Básicos para una Ley Penal Juvenil”. El apartado número 4 de este informe hace referencia a la “No criminalización por debajo de la edad de punibilidad que fije la ley y averiguación de la verdad”, y sostiene que, a criterio de la Comisión, “la ley no debería bajar la edad de punibilidad fijada en 16 años”.

Mientras tanto, la propuesta anunciada desde el Gobierno ya cuenta con la aprobación del Colegio de Abogados Porteño y, según informó el diario Clarín, con “el aval de Carolina Píparo”, mujer que en 2010 resultó herida durante un asalto a un banco. “Se está instalando un imaginario que dice que ‘el problema acá son los pibes chorros que matan’. Por eso hay que dar una batalla política e ideológica para decir que eso es falso, que no es cierto. Que muchos de los pibes que se ven involucrados en delitos son utilizados por adultos, en algunas ocasiones por la Policía”, señaló Cesaroni.

Asimismo, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) divulgó en estos días un extenso comunicado de repudio a la iniciativa del macrismo, ya que lo consideran “un velo políticamente correcto” para la “sujeción de pibes de 14 años a un régimen penal similar al de los adultos”.

El texto manifiesta: “Nos quieren imponer un falso debate legislativo, escondiendo detrás de la biblioteca los cadáveres de miles de pobres, hoy al ritmo de uno por día. No quieren que veamos que, mientras se mantenga el carácter clasista del sistema judicial y de todo el aparato estatal, los niños pobres seguirán muriendo en los reformatorios”, y añade: “Así, empaquetan con un velo políticamente correcto la sujeción de pibes de 14 años a un régimen penal similar al de los adultos, que ni siquiera excluye el arbitrario procedimiento sumarísimo y sin defensa de la flagrancia”.