Por Gabriela Calotti

Después de interrumpir durante dos días la venta y/o suministro de medicamentos a los más de cinco millones de afiliados al PAMI en los días previos a Navidad, los colegios farmacéuticos anunciaron su decisión de reanudar el expendio de remedios a los jubilados y pensionados del Programa de Atención Médico Integral, pero al mismo tiempo exigieron al Gobierno que establezca un convenio directo entre ellos y la obra social de los jubilados y pensionados que no tenga a los laboratorios como intermediarios.

Tal es el caso del Colegio de Farmacéuticos de La Plata, que “exige un nuevo convenio con el PAMI, sin intermediarios”, según un comunicado de esa filial, porque el actual convenio involucra únicamente a la obra social estatal y a los laboratorios. Durante una reunión con sus adherentes, dicho colegio solicitó “a las autoridades nacionales y provinciales que la industria farmacéutica esté por fuera del convenio”.

“Con el convenio actual sólo la industria se beneficia, y es ella la que regula todo lo concerniente al convenio, porque los Gobiernos nacionales deciden negociar con los laboratorios y no con los farmacéuticos”, destacaron los farmacéuticos platenses.

“El convenio no puede estar en manos del proveedor. La industria farmacéutica lleva este gerenciamiento desde hace veinticinco años y es una medida de extorsión”, afirmó a Contexto Patricia Rivadulla, farmacéutica platense.

El actual convenio, que data de 2002, vincula al PAMI con la industria farmacéutica que nuclea a la CILFA (Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos), a la CAEME (Cámara Argentina de Especialidades Medicinales) y a la Cooperala (cámara industrial-empresaria de laboratorios farmacéuticos de especialidades medicinales, de capitales argentino).

Este convenio determina los precios, la sustentabilidad de la cadena de prescripción, comercialización, provisión y dispensa de los medicamentos.

Las cámaras se reparten los medicamentos dentro del PAMI, básicamente entre CILFA y CAEME (que nuclea a las multinacionales que venden los medicamentos de alto costo). “Según (Carlos) Regazzoni (titular del PAMI), el Gobierno le pagó a la industria, que es la que gira el dinero a las droguerías y de allí a las farmacias, pero la industria no lo hizo”.

Rivadulla precisó que el problema para los farmacéuticos es que, “al no estar involucrados en el Convenio, no podemos acceder a la información sobre la deuda que tiene la industria” con ellos, contrariamente a lo que ocurre con IOMA (Instituto de Obra Médico Asistencial de la provincia de Buenos Aires).

Según este convenio, la industria es la intermediaria entre la red de farmacias y las entidades que las nuclean para determinar pagos y retenciones. Un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria del Instituto Patria al que tuvo acceso Contexto indicó que “PAMI paga a la industria a un valor casi de medicamentos al por menor, a pesar de realizar compras para unos cinco millones de afiliados. La industria luego lo traslada a las farmacias”.

La medida de protesta de los farmacéuticos, la segunda desde que asumió Mauricio Macri la presidencia –la primera fue en abril pasado–, fue adoptada justamente por una deuda de más de 3.000 millones de pesos que el PAMI mantiene con ellos. Los colegios y federaciones farmacéuticas del país informaron que no cobran desde septiembre y aclararon justamente que “desconocen los motivos de la demora porque no participan del convenio firmado exclusivamente entre PAMI y la industria”, puntualizó el mismo informe.

“El conflicto con el PAMI se ha ido agravando con el correr de los meses, con una gran deuda por parte de la obra social estatal que pone en jaque la rentabilidad de las farmacias y en riesgo la red sanitaria que abarca a la mayoría de los jubilados del país”, advirtió Graciela Luján, presidenta del Colegio de Farmacéuticos platense.

La interrupción de la venta de medicamentos a afiliados al PAMI había sido adoptada por la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), la Federación Argentina de Cámaras de Farmacia (FACAF), la Federación Farmacéutica de la República Argentina (FEFARA) y la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina (AFMSRA).

Ya el viernes la COFA había afirmado que “la industria continúa sin estar a la altura de las circunstancias: su preocupación central sigue siendo la colocación de unidades al mayor precio posible, mientras el PAMI tenga fondos para pagarlos y las farmacias soporten la pesada carga de financiarlos”.

Desde el Colegio de Farmacéuticos bonaerense también apuntaron en ese sentido al afirmar que “la solución sigue en poder del PAMI y de la industria farmacéutica, las entidades farmacéuticas nacionales seguimos abiertas al diálogo, esperando una propuesta concreta”.

“Hoy los colegios y las federaciones farmacéuticas informan que las farmacias de todo el país no cobran desde septiembre, desconociendo los motivos de esa demora, ya que no participan del convenio que es firmado exclusivamente entre PAMI y la industria”, denunció la Fundación Soberanía Sanitaria.

“Las farmacias están sosteniendo la dispensa de los medicamentos, pagando a los 15 días a las droguerías que se los entregan, presentando dificultades para la reposición de medicamentos debido a la deuda de 3 meses de prestaciones ya realizadas. Las farmacias se encuentran en una situación complicada para poder sostener la dispensa sin cobrar lo adeudado”, explicó la Fundación, antes de subrayar que este conflicto termina repercutiendo en el “bolsillo de los jubilados y jubiladas al momento de comprar los medicamentos que necesitan”.

Más allá de la buena voluntad de muchos farmacéuticos de barrio, que entregan los medicamentos igual a sus vecinos afiliados al PAMI, es obvio que la situación no puede sostenerse en el tiempo y está claro que el “cuarto intermedio” en la medida de protesta y la prórroga del convenio hasta el 31 de enero de 2017 no resuelve el conflicto.

“Tenemos que ir con pie de plomo. Esto es un parche, no una solución”, puntualizó Rivadulla.

El modelo de salud de Cambiemos

Según la Fundación, “todas las medidas apuntan a reducir la nómina de medicamentos con cobertura al 100% establecida por la Resolución 337 del Instituto, es decir, los que PAMI entrega gratuitamente para enfermedades crónicas o por razones sociales y que brindan cobertura a 2 millones de afiliados aproximadamente”.

En abril de 2016, las autoridades de Cambiemos aplicaron un recorte en la cobertura al 100% que tenían 160 fármacos.

Está claro que con una jubilación mínima de 5.600 pesos es imposible que un adulto mayor pueda tener acceso a la medicación que necesita todos los días.

“Una gestión eficiente del PAMI es posible con una política de medicamentos que parta de la salud como derecho y no como mercancía, considerando al medicamento como un bien social”, consideró la Fundación Soberanía Sanitaria, antes de asegurar que “con la cantidad de medicamentos que PAMI adquiere, estaría en condiciones de realizar compras centralizadas, reduciendo así notablemente los precios; o podría controlar el precio minorista, a través de la regulación de precios (como se hacía anteriormente desde la Secretaría de Comercio) redundando en un beneficio para el PAMI y también en una reducción de los costos de medicamentos para la población en general”.

Claro que, “para cualquiera de estas opciones, se necesita una decisión política en el marco de un Estado que regule a la industria farmacéutica, que en el actual contexto continúa aumentando los precios aun por encima de la inflación”.