Por Carlos Ciappina

A un año del Gobierno liderado por la alianza PRO-Cambiemos, muchos aspectos y temas que creíamos haber superado han vuelto al centro de la discusión social y política. Podríamos señalar varios (todos significan un marcado retroceso en la dirección de una agenda popular o progresista): volver a discutir si hay que tener o no industria, discutir si es bueno o no endeudarse, debatir si es necesario abrir la economía al capital externo, poner en agenda la necesidad de disminuir las retenciones para los terratenientes y empresas agropecuarias y mineras, reinstalar el debate de la prisión domiciliaria para los genocidas. Y así en varios otros ítems en lo que llamamos la reimposición de agenda neoliberal por parte del Gobierno del presidente Macri.

Un tema que ha reingresado en esta agenda es el de la violencia. El Gobierno nacional y los provinciales asociados a él han retomado la cuestión de la violencia desde una perspectiva unidimensional: toda movilización popular se presume violenta, todo corte de ruta o calle se define como violento y, por lo tanto, se le destinan modos de presencia de fuerzas de seguridad y modos de represión de una profunda violencia directa.

¿Es necesario aclarar que la protesta social y el reclamo colectivo no son una expresión de violencia sino un derecho humano y constitucional? Hoy es necesario aclararlo porque la agenda neoconservadora pretende criminalizar la protesta y el reclamo social. O sea, transformar un derecho en un delito.

¿Es necesario aclarar que quien esto escribe está en contra de la violencia como modo de resolver los conflictos en un Estado de derecho? Hoy es necesario aclararlo porque la violencia política en un Estado de derecho es inaceptable y condenable. El 28 de diciembre de 2016, ha sido agredido el auto en el que se trasladaba el presidente de la república, más allá o más acá de cuánto estemos en desacuerdo con las políticas macristas, y antes de que se esclarezca el hecho totalmente (pues tiene aristas oscuras), es necesario señalar que debe ser repudiado este y cualquier otro acto violento que se destine a las autoridades electas por el voto popular.

En los Gobiernos dictatoriales, la violencia está clara y en abierto. El poder no viene del voto popular y por lo tanto el uso de la violencia es explícito y absolutamente necesario por parte del Estado terrorista. También es necesario resistir a esa violencia, por lo que es un derecho y una obligación luchar para recuperar la vida democrática. Pero hoy, con un Gobierno neoconservador y neoliberal votado por el voto universal y popular, la violencia ha cobrado dimensiones más sutiles.

La cuestión de la violencia no se agota (como han pretendido históricamente los Gobiernos conservadores) en el registro de los hechos que se generan desde la protesta social o sindical (o sea, en los reclamos de los sectores populares), sino que, por el contrario, la violencia ejercida desde el poder político y el control del Estado por parte de los Gobiernos antipopulares es siempre infinitamente superior y requiere de una perspectiva de análisis “ampliada”. Tomemos como ejemplo este año de gobierno neoconservador en la argentina.

1. La violencia pura y llana: aquella en que las fuerzas represivas del Estado utilizan la fuerza en forma injustificada y desproporcionada. Ejemplos sobran: en la capital de la provincia de Buenos Aires (La Plata), la primera protesta pacífica de los/as trabajadores/as municipales fue brutalmente reprimida con gases y balas de goma destinadas a hombres y especialmente mujeres. En la protesta de los/as trabajadores/as de Cresta Roja, las fuerzas represivas nacionales reprimieron, otra vez, brutalmente a quienes pretendían mantener su fuente de trabajo (y de vida); hace apenas unos días, los vecinos de Pergamino que quedaron bajo las aguas por efecto de las lluvias recibieron balas de goma y gases lacrimógenos cuando exigieron baños químicos y agua potable.

En decenas de conflictos laborales y sindicales se aplicó el mismo criterio: al derecho de protestar se respondió con gases y balas de goma. Que podamos dar ejemplos locales (La Plata), provinciales (Buenos Aires) y nacionales (autopista al aeropuerto de Ezeiza) da cuenta de una homogeneidad de criterios en el uso de la violencia por parte del Estado que no veíamos desde la última dictadura militar.

Pero, y esto resulta más relevante que lo anterior, hay otros tipos de violencia, si por violencia entendemos obligar sin derecho a reclamo ni a discusión, por el mero uso del poder a los/as otros/as.

2. La violencia disfrazada de justicia: un caso emblemático recorre todo este primer año de gobierno neoconservador. Milagro Sala estuvo privada de libertad sin juicio ni condena en la categoría “prisión preventiva”. Tan violenta es esta detención que se han expedido primeros ministros del exterior (Canadá, por ejemplo), la ONU, la OEA, Human Rights Watch, todos a favor de la libertad de la luchadora y dirigente social. En el primer juicio que se le hizo (casi un año después de estar detenida ilegalmente), se la condenó por un acto que no cometió, en un lugar en el que no estuvo y por el único testigo que la incriminó que mintió durante el juicio y es empleado del jefe político de Jujuy a cargo del Estado. Se le impusieron tres años en suspenso (ya lleva un año presa efectivamente) y aun así no fue liberada inmediatamente después de un juicio absolutamente viciado.

El sobreseimiento de los acusados por la apropiación de la empresa Papel Prensa durante la última dictadura cívico-militar se encuadra en este mismo violentar a la Justicia: toda la evidencia aportada por personas que han sido detenidas, torturadas y obligadas bajo amenaza para malvender una empresa clave para los monopolios mediáticos, con la connivencia de los dictadores, ha sido dejada de lado. La misma línea que en el caso Sala: Milagro tenía todos los testigos a su favor y uno (que cometió perjurio durante el proceso judicial) en contra (los jueces aceptaron al perjuro). Los querellantes de Papel Prensa tenían decenas de testigos a su favor, pero el tribunal sólo escuchó a los apropiadores.

3. La violencia de la mentira: también es violencia mentir. Lejos (o cerca) de la canción de los Redonditos de Ricota, cuando un candidato a presidente anuncia con todas las letras que los trabajadores dejarán de pagar Ganancias y, a un año de gestión, los que pagan ganancias son casi el doble que antes, se ejerce violencia. ¿Por qué? Porque el voto popular es un acto de delegación y de confianza. Si uno recibe millones de votos para realizar A y hace exactamente Z, está violentando gravemente la confianza de millones de personas. ¿Otras formas de violencia? Si un candidato afirma que con el voto dirigido a él todos vamos a vivir mejor, y su primera medida económica es liberar a los ricos de una serie de impuestos (en este caso, retenciones a las empresas mineras y a los terratenientes ), pagarle a fondos especulativos (o fondos buitre) en cash miles de millones de dólares que pertenecen al Estado, y a la vez devaluar un 40% (o sea, reducir a los asalariados su poder de compra en casi la mitad) y subir las tarifas de los bienes energéticos hasta un 1200%, ¿qué otra cosa es esto que la imposición de un programa que casi nadie votó? Si eso no es violentar el voto popular…

4. La violencia del abuso del poder en las formas republicanas: en la Argentina se ha dado un proceso casi único en el mundo. Durante la crisis y el estallido del sistema neoliberal, los dueños de las industrias abandonaron a su suerte las unidades productivas. En una movida con casi ningún antecedente en el mundo, los/as trabajadores/as se hicieron cargo de las empresas, las pusieron a funcionar y recuperaron la rentabilidad y las cadenas de comercialización. En el caso de la cooperativa del Hotel Bauen, este proceso duró catorce años: en reconocimiento a ese esfuerzo y capacidad de organización, el Congreso Nacional (compuesto por los representantes de las provincias y del pueblo) votó la Ley de expropiación definitiva para entregarle la empresa recuperada a quienes la sostuvieron y pusieron en funcionamiento. El costo fiscal de la medida era mínimo (30 millones de pesos cuando, pensemos, sólo a las compañías eléctricas se les condonaron 19 mil millones de pesos de deuda con el Estado). El Poder Ejecutivo vetó la ley y dejó a los trabajadores en la misma situación de incertidumbre que hace catorce años.

El veto a la Ley de Trombofilia recorre el mismo camino. Votada por unanimidad por ambas Cámaras nacionales, establecía la inclusión de la detección temprana de la trombofilia (un trastorno que resulta grave en el caso de las embarazadas) en el Programa Médico Obligatorio para que el Estado (Ministerio de Salud) se haga cargo. Pensemos en los cientos de miles de familias que se beneficiarían de una detección que evita los abortos naturales que tanto angustian hasta tanto se sepa el origen y se pueda tratar la enfermedad. Las razones del presidente para un veto de este tipo se nos escapan, pero la modalidad del veto a una Ley votada por todo el Congreso es una violencia grave ejercida contra la voluntad popular y una violencia más grave aun ejercida contra los/las posibles enfermos/as, que se ven imposibilitados de una detección temprana por decisión de una sola persona.

5. La violencia como ocultamiento: diariamente, nos las vemos de figurillas para acceder a información confiable y precisa sobre los actos de gobierno y sus consecuencias. Los dos grandes conglomerados mediáticos de nuestro país (Clarín y La Nación) son a estas alturas parte del Gobierno neoconservador. En este sentido, todo lo que publican está teñido de falta de independencia de criterio, de una perspectiva tendenciosa a favor del gobierno PRO-Cambiemos, o lisa y llanamente de la mentira. Listar este verdadero festín de violencia informativa (recordemos que fue derogada la ley que democratizaba la información y la comunicación) en el día a día sería infinito, pero baste decir que todos nosotros estamos sujetos a la agenda informativa tendenciosa, maliciosa y mentirosa sin derecho a replica y a una construcción mediatica piramidal y unidireccional en donde las voces distintas, críticas u opositoras están prohibidas y acalladas.

Esta violencia mediática pretende constituirnos como sujetos sujetados por las grandes empresas. Nos propone ser meros objetos pasivos de la información y simples reproductores de un sentido común generado en el mundo mediático-empresarial.

Por eso debemos trabajar, como ciudadanos, para desmontar esta violencia cotidiana que estamos sufriendo y viviendo. En este año de gobierno PRO-Cambiemos hemos sido objeto de estas violencias de variado tipo en forma persistente y cotidiana. La tarea es ardua y larga, es colectiva y pacífica. Se debe hacer con todas/os las/os que quieren dejar de sufrir las violencias de este Estado neoconservador y neoliberal. Por eso este elogio de la no-violencia que no está dirigido al pueblo (que la sufre) sino al poder estatal, económico y mediático (que genera y usa la violencia todo el tiempo). Le pedimos al Gobierno PRO-Cambiemos que deje de utilizar las violencias contra el pueblo que no lo votó y contra el que lo votó también.