Por Miguel Croceri

Muy probablemente la etapa de mayor degeneración moral, ideológica y política del sindicalismo argentino se vivió durante los años noventa del siglo pasado. No fue el único sector que tomó ese rumbo: todo lo contrario. En primer lugar, dicha degeneración fue protagonizada por el peronismo/justicialismo, cuya función histórica en ese periodo fue completar la devastación nacional y social iniciada por la dictadura genocida.

Así, fue arrasado el patrimonio público acumulado por generaciones de argentinos en las empresas del Estado. La economía nacional fue puesta bajo el dominio del capitalismo local y trasnacional. Derechos y conquistas de la clase trabajadora fueron total o parcialmente eliminados. El país se convirtió en una pieza más manejada por Estados Unidos en el tablero internacional… Es decir que el Gobierno de Carlos Menem hizo exactamente al revés de lo que había hecho el justicialismo en su etapa fundacional, a mediados del siglo XX, conducido por Juan Perón y liderado también por Evita.

Semejante tarea contraria al interés del país y de las clases populares fue perpetrada con la participación de las más importantes organizaciones sindicales. La CGT de aquella época fue una de las apoyaturas indispensables que tuvo el menemismo. Aun así, la resistencia incluyó a sectores internos de esa central, desde donde germinaron organizaciones y dirigentes que –con todos sus aciertos y errores, y más allá de debates y controversias legítimas que se derivan de cualquier acción política– retomaron la defensa de la clase trabajadora.

El protagonismo más consecuente contra la devastación del país lo tuvieron otras expresiones sindicales, entre ellas sindicatos de base que se enfrentaban a las conducciones de sus propios gremios. Un caso digno de recordar fue la seccional Tolosa de la Unión Ferroviaria, que desarrolló una lucha heroica contra la privatización y desmantelamiento del sistema de ferrocarriles.

Otro ejemplo fueron los trabajadores telefónicos que resistieron con valentía la privatización de la Empresa Nacional de Teléfonos (Entel). “Por una Entel estatal, monopólica y eficiente”, era su consigna principal en aquella época, donde se luchaba para impedir la llegada de las empresas trasnacionales de telecomunicaciones que desde entonces tienen de rehenes a todos los argentinos y argentinas.

Sin embargo, la expresión sindical orgánica más trascendente de la resistencia en la etapa del capitalismo salvaje fue la creación de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA), liderada en ese tiempo por Víctor De Gennaro, quien era el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

Esa nueva central tuvo otro avance cualitativo de carácter histórico: mientras la desocupación se convertía en el principal drama social y humanitario del país, fue pionera en defender a las víctimas de las políticas que provocaban el desempleo. No sólo reivindicó los derechos de los trabajadores ocupados y formalizados (o sea, aquellos con derecho a la estabilidad laboral, cobertura de salud y contra accidentes de trabajo, aportes jubilatorios, vacaciones pagas y aguinaldo), sino además de los trabajadores desocupados, y también de los informales o precarizados (es decir, los que no tienen acceso a ningún derecho laboral, excepto algún tipo de pago por sus labores).

A partir de 1994 surgió también el MTA (Movimiento de Trabajadores Argentinos), una corriente que expresó el creciente protagonismo de los gremios del transporte, y cuya figura principal a la sazón fue Hugo Moyano (en sus comienzos, el líder era Juan Manuel Palacios, del sindicato de colectiveros Unión Tranviarios Automotor, UTA). En general se le reconoce al MTA haber enfrentado la etapa neoliberal, pero eso es cierto sólo parcialmente: su oposición activa ocurrió durante la segunda presidencia de Menem e incluso su ruptura con la CGT –entonces oficialista– fue en 1997, cuando la devastación del país se había consumado mucho antes.

A tal punto su combatividad fue tardía, que su actuación más épica se remite a los años 2000 y 2001, ya durante el Gobierno de Fernando de la Rúa y la Alianza, el cual continuó en lo esencial con las políticas del menemismo hasta que la economía quebró y la sociedad estalló. En ese tiempo sí, efectivamente, el moyanismo –junto con muchos otros sectores– se opuso a la llamada “reforma laboral” que abolía derechos de los trabajadores, y sus dirigentes respaldaron la denuncia de que dicha reforma se aprobó mediante el pago de coimas a un grupo de senadores.

Impuesto a las Ganancias

Una nueva degeneración ideológica atrapó al sindicalismo argentino durante las últimas etapas del kirchnerismo, fundamentalmente en el segundo mandato presidencial de Cristina Kirchner. En lugar de concentrarse en la defensa de los trabajadores más oprimidos, necesitados y desamparados, las organizaciones gremiales se constituyeron mayoritariamente en la representación de los sectores más favorecidos de las clases asalariadas: aquellos trabajadores en relación de dependencia con los mejores sueldos de la clase, que estaban afectados por el pago del Impuesto a las Ganancias.

El reclamo era –es– justo si se lo consideraba en sí mismo, como un asunto específico y con sus propias razones. Pero entre infinitas injusticias, era –es– una de las menos graves. Sin embargo, la prioridad de los más débiles fue invertida y ocurrió exactamente al revés.

La CGT que por ese tiempo era considerada oficialista, encabezada por Antonio Caló (metalúrgico) y Ricardo Pignanelli (fábricas automotrices), lo hizo en menor medida. Pero el sindicalismo conducido por Hugo Moyano como secretario general de la CGT opositora convirtió el repudio por pagar Impuesto a las Ganancias en su demanda prácticamente única. Más allá de adornos retóricos que mejoraban su discurso público con banderas más nobles, ese fue su reclamo excluyente y el motivo de cuatro huelgas generales.

En cambio, su política fue de total indiferencia ante la situación de sectores de la clase trabajadora infinitamente más explotados que los asalariados con sueldos altos que pagaban –pagan– Ganancias. Es el caso (para citar dos ejemplos emblemáticos) de los trabajadores rurales y de las trabajadoras de casas particulares. Ambos grupos sociales incluyen a más de un millón de personas cada uno (es un dato muy general, que carece de precisión pero refleja su magnitud). Sin embargo, respecto de ellos jamás ningún sector sindical significativo planteó algún tipo de reivindicación.

Para uno y otro de esos dos grupos sociales asalariados, el Gobierno de Cristina Kirchner impulsó y logró sancionar leyes específicas. Una de ellas es el Régimen Nacional de Trabajo Agrario, muchas veces mencionado como “Estatuto del peón rural”, que fue el nombre histórico de la legislación de Perón en 1945 (por este link se accede a la crónica de Página/12 cuando se aprobó la ley durante el kirchnerismo a fines del año 2011: https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-183939-2011-12-22.html).

La otra norma se denomina Régimen Especial de Contrato de Trabajo de Casas Particulares, mal llamada ley “de empleadas domésticas” (una reseña de sus principales cláusulas motivó una nota del diario La Nación en abril de 2013: http://www.lanacion.com.ar/1572151-los-cambios-mas-importantes-que-trae-la-nueva-ley-para-empleadas-domesticas).

A pesar del formidable avance social que significaron ambas leyes, jamás las fracciones dominantes del sindicalismo –jamás– tomaron como propias las reivindicaciones de los trabajadores rurales o de las trabajadoras de casas particulares.

Quizás sea apropiado repetir nuevamente la palabra: jamás.

Jamás hicieron nada para contribuir con el Estado en la aplicación de la novedosa legislación que favoreció a las trabajadoras de casas particulares.

Jamás se involucraron en la denuncia de la sobreexplotación en el trabajo agrario ni en el combate contra los criminales de la trata.

Jamás.

Ideológicamente degenerado, el gremialismo se ocupó en forma casi excluyente de los trabajadores más favorecidos, y abandonó por completo a los más necesitados.

Cómplices del macrismo

Durante lo que va del mandato de Mauricio Macri, todo lo malo ha vuelto, también en las prácticas sindicales. La CGT, que hasta el mes de agosto mantuvo la división surgida en los años previos pero a partir de entonces se reunificó, convalidó en los hechos todos los ultrajes perpetrados por el Gobierno contra los derechos de los trabajadores y los intereses de la nación.

En el año que termina –coincidente, a grandes rasgos, con el primer año de la gestión macrista–, centenares de miles de personas se quedaron sin trabajo, la inflación llega al doble de lo que era antes, los trabajadores perdieron como mínimo el 10% del poder adquisitivo de sus sueldos, y el país volvió a un aumento criminal de la deuda externa que empezará a pagarse en el año entrante y seguirán pagando hasta las futuras generaciones. Y la CGT es cómplice, a pesar de haber participado de una gran manifestación en vísperas del Día de los Trabajadores y de la habitual retórica acomodaticia de sus dirigentes.

En contrapartida, se verifica una tendencia similar a la de los años noventa en cuanto al agrupamiento de sectores gremiales que enfrentan a la derecha. En 2009, la CTA se dividió en dos, cuando sendas corrientes internas disputaron la conducción de esa organización y cada una impugnó el resultado electoral, denunció fraude y se constituyó como una central sindical diferente de la otra. Así nacieron las dos CTA, una liderada por Hugo Yasky (que se llamaría “de los Trabajadores” y se alinearía con el kirchnerismo) y la otra por Pablo Micheli (la cual adoptaría el nombre de “Autónoma” y se uniría con la CGT moyanista en protestas antikirchneristas).

Ahora, ante la gravedad de la nueva ofensiva de las clases dominantes contra el conjunto del pueblo y en particular contra la clase trabajadora, los dos espacios tienden a la llamada “unidad de acción”, es decir, a articular acciones públicas de forma concertada, y desde principios de la etapa macrista vienen actuando para que la CGT y todas las expresiones gremiales acuerden la realización de demostraciones enérgicas de resistencia a la devastación, incluida una huelga general.

No son los únicos sectores. Persiste una representación gremial combativa, en general con conducciones de izquierda, que tiene presencia en algunos ámbitos de la producción industrial y de las actividades de servicios. También durante el año que termina creció en organización y peso cualitativo el sector llamado Corriente Federal de Trabajadores, cuyo principal referente es el dirigente bancario Sergio Palazzo, quien proviene del radicalismo y ha tenido expresiones de respaldo hacia el kirchnerismo.

La representación de la clase trabajadora es plural, diversa, compleja y contradictoria. Los casos mencionados en estos últimos párrafos, que –desde sus respectivas bases ideológicas y cada cual con su perfil político– empujan la movilización y la lucha contra la restauración oligárquica que está devastando al país, no son los únicos ni necesariamente sus estrategias son eficaces o apropiadas.

Sin embargo, constituyen un aporte extraordinario de energía social y política en momentos en que, una vez más, las fracciones sindicales que representan a los gremios más importantes y que por ello detentan una fuerza y un poderío muy superior repiten su conducta histórica degenerada y vuelven a dejar en el desamparo a sus representados, frente a un Gobierno y a un bloque de poder que para defender sus intereses destruye puestos de trabajo e impone los salarios más baratos que necesitan las clases capitalistas.