Por Fernando M. López

Antes de fin de año, el extitular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, apuntó contra el Partido Judicial, que actúa nacional y regionalmente contra los líderes de los procesos populares que se desarrollaron por más de una década en el Cono Sur, como Cristina Fernández de Kirchner y Luis Inácio Lula da Silva.

“Lo que está detrás de toda esta persecución es que quedemos inhabilitados políticamente. Pero también buscan generar un escarmiento para que los sectores que vienen atrás, los jóvenes sobre todo, no se atrevan a tener compromiso político”, dijo Sbatella al ser consultado por Contexto.

“Quieren generar miedo a la acción, enviarles un mensaje, que no conviene meterse con los poderes fácticos porque van a terminar mal. Eso es lo estratégico. Pretenden que la gente se quede tranquila mirando todo por televisión”, agregó.

El economista platense estuvo al frente del organismo estatal para combatir el lavado de dinero desde enero de 2010 y, si bien tenía mandato por decreto hasta 2018, decidió renunciar el mismo día en que asumió Mauricio Macri. El Partido Judicial impulsó un total de ocho causas en su contra. En dos debió ser sobreseído y una ya fue elevada a juicio oral.

Una de las causas en las que fue sobreseído se la inició el juez federal Claudio Bonadío al acusarlo de usurpar cargo en la UIF tras su renuncia. Fue por firmar una resolución contra Clarín por presunto lavado de dinero en el marco de la adecuación a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

“Cuando aceptan mi dimisión, Macri dice que, por decreto, tengo que esperar hasta que se realice el procedimiento para nombrar a mi sucesor, Mariano Federici. Por lo tanto, tuve mando desde el 10 de diciembre hasta el 26 de enero. Bonadío ve que yo firmo el 17 de diciembre en una causa que él tiene y, sin mirar el decreto, me denuncia personalmente por usurpación de cargo. Presento el decreto, y con eso el juez (Rodolfo) Canicoba Corral dice que no hay delito y me sobresee. Fue algo ridículo, que muestra a las claras el afán persecutorio”, remarcó Sbatella.

“buscan generar un escarmiento para que los sectores que vienen atrás, los jóvenes sobre todo, no se atrevan a tener compromiso político”

Poco antes, el ex funcionario había sido procesado por el juez federal Luis Rodríguez por “violación de secretos”, debido a la difusión de datos relacionados a investigaciones que tenía a su cargo en la UIF sobre varias empresas, entre ellas el Grupo Clarín. La Sala II de la Cámara Federal, uno de los reductos de la ofensiva judicial contra Cristina, confirmó el procesamiento de Sbattella y elevó el caso a juicio oral. Ese debate no tendrá fiscales, ya que la justicia aplicó una excepción para que sólo se desarrolle entre la querella (Clarín) y la parte acusada.

“Pedimos la nulidad de lo actuado porque no había fiscales que iniciaran requerimiento. Pero Clarín consigue que me lleven a juicio oral por violación de secreto. No hay nada que prohíba difundir las actuaciones de la UIF. De hecho nuestro país estaba en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), es decir bajo sanción por no generar riesgo a los sujetos obligados que incumplían, entonces era inevitable publicar las cosas que hacíamos”, explicó Sbatella.

La causa fue abierta por los abogados del grupo mediático concentrado en 2010, luego de que el entonces titular de la UIF difundiera la investigación contra Clarín por fraude con los fondos de los jubilados en las AFJP, lo que le permitió a la empresa conducida por Héctor Magnetto y Ernestina Herrera de Noble duplicar su patrimonio. Luego se sumó otra denuncia del fiscal Carlos Stornelli en el mismo sentido.

Otro caso fue iniciado por el fiscal federal Guillermo Marijuan, quien denunció a Sbatella por encubrimiento agravado, abuso de poder e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Basándose en una nota del diario La Nación, el fiscal lo acusó de haber omitido dar curso a Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) contra Milagro Sala, presa política del gobernador jujeño Gerardo Morales. La causa recayó en el juzgado de Bonadío.

“Me acusan del encubrimiento de un delito que todavía no está probado, supuesta apropiación de dinero proveniente del Estado. Cuando meten presa a Milagro Sala, Marijuan encuentra que había una denuncia de Gerardo Morales de 2012. El fiscal lo que dice es que si yo hubiera actuado no se hubiera cometido el delito, pero lo absurdo es que todavía no hay delito”, indicó el ex presidente de la UIF.

El revanchismo del HSBC

Los grandes intereses financieros que tocó el organismo contra el lavado de dinero, mientras estuvo a cargo de Sbatella, también tuvieron su tiempo de revancha a partir del cambio de autoridades.

“No era la primera vez que Iron Mountain hacía esto con los papeles de las mismas empresas a nivel internacional, la diferencia es que en Argentina les salió sangriento”

El número uno de la filial local del banco HSBC, Gabriel Martino, había sido removido del cargo en septiembre de 2015 por el Banco Central (BCRA), en el marco de una investigación por maniobras fraudulentas con 4.040 cuentas abiertas en el exterior sin declarar.

Este año, la Justicia dejó en suspenso una multa millonaria contra el HSBC y sus principales directivos, y el BCRA presidido por Federico Sturzenegger habilitó el regreso de Martino al frente del banco. Luego, asesorado por el abogado Oscar Salvi, quien se desempeñó como juez federal durante la última dictadura cívico-militar, Martino denunció a Sbatella por injurias y calumnias.

“El mes pasado me citaron en el juzgado de Canicoba Corral para ver si me retractaba. Lejos de retractarme, pedí que allanen la UIF para preservar los documentos de la investigación contra el HSBC. Había ocho sumarios cuando nos fuimos y nadie dice nada de eso. Además está el caso Iron Montain, en el que nosotros quisimos entrar para verificar que no se parara, porque había documentación del HSBC que se quemó en el incendio donde murieron ocho bomberos y dos rescatistas”, subrayó el exfuncionario.

Desde la UIF, Sbatella había denunciado la complicidad entre Iron Montain, que guardaba documentación sensible, y algunas empresas investigadas por lavado, como el HSBC, el JP Morgan y el BNP Paribas, todas derivadas del traslado de divisas al extranjero.

“Lo más impactante del caso Iron Mountain es que el dispositivo que usaron para prender fuego el depósito de Barracas fue para evitar que sonara la alarma. Se prendieron fuego cuatro lugares distintos a la vez. Sin ese dispositivo, los bomberos hubieran llegado en 3 minutos”, relató.

“Ese dispositivo de generación de fuego permite probar que se trató de un autoatentado. No era la primera vez que Iron Mountain hacía esto con los papeles de las mismas empresas a nivel internacional, la diferencia es que en Argentina les salió sangriento”, sostuvo Sbatella a este medio y aseguró que, ahora, amparados por el macrismo y el Partido Judicial, estos sectores pueden manejarse con “una hipocresía muy grande”.

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