Por Gabriela Calotti

“Queremos anunciar públicamente que vamos a intentar impugnar la designación de Julio Conte Grand como Procurador General de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires”, afirmó el lunes María Reigada, secretaria de Derechos Humanos de la CTA provincial durante una conferencia de prensa junto a diversas organizaciones que buscan evitar que el actual secretario de Legal y Técnica de la gobernadora de Cambiemos, María Eugenia Vidal, acceda a ese cargo vitalicio del Poder Judicial.

“La responsabilizamos a Vidal por proponer a Julio Conte Grand, pero ahora apelamos a los senadores y las senadoras a que hagan un gesto evidente, porque en la provincia necesitamos mejorar la calidad de nuestras instituciones”, sostuvo Estela Díaz, secretaria de Derechos Humanos de la CTA a nivel nacional.

Las dirigentes advirtieron que tras la conferencia presentarían la impugnación formal al pliego de Julio Conte Grand ante la Comisión de Acuerdos y los presidentes de todos los bloques de senadores de la provincia, “con quienes ya hablamos telefónicamente”, adelantaron.

Para aprobar el nombramiento de Conte Grand, el oficialismo necesita mayoría absoluta de los 46 senadores, de los cuales dieciséis son de Cambiemos y nueve del Frente Renovador.

La candidatura de Conte Grand “es una nueva avanzada de la derecha. Esperamos poder ser escuchados”, dijo a Contexto Reigada. “Nuestra obligación es plantearlo y sabemos que en los diferentes bloques va a haber posturas diferentes. Todavía no sabemos cuál va a ser la postura del Frente Renovador”, precisó.

Reigada también indicó que hoy harán una presentación en audiencia pública ante el Senado bonaerense, dos días antes de que la Cámara Alta trate el pliego sobre el nombramiento de Conte Grand y también el Presupuesto 2017 enviado por el Ejecutivo provincial.

“No nos causa ninguna gracia que esta cuestión se discuta justamente el día en que se tiene que discutir el presupuesto, porque da lugar a negociaciones bastante espúreas”, precisó a Contexto.

Durante el anuncio público realizado en la sede provincia de la CTA, Díaz criticó el “doble discurso” de los dirigentes macristas y de sus aliados, que “cuestionaron por todos los medios a la procuradora general de la nación, Alejandra Gils Carbó, y que ahora proponen a Conte Grand, actual secretario de Legal y Técnica de la Gobernación”.

FORTALECER LA DEMOCRACIA VA EN EL SENTIDO CONTRARIO DE LA DECISIÓN QUE ESTÁ TOMANDO LA GOBERNADORA VIDAL”, DIJO ESTELA DÍAZ.

“Fortalecer la democracia va en el sentido contrario de la decisión que está tomando la gobernadora Vidal”, sostuvo Díaz, que recordó los “planteos discriminatorios” de Conte Grand, quien “demostró una falta de apego al derecho nacional e internacional” y en particular “hacia el derecho a la salud de las mujeres”, que, dicho sea de paso, constituyen la mitad de la población bonaerense.

Julio Conte Grand, miembro del Opus Dei, ala ultraderechista de la Iglesia católica, tiene un cargo altamente jerárquico en el Poder Ejecutivo. Reigada precisó que el hecho de que el pliego de Conte Grand haya sido impulsado por la gobernadora va en contra de la división de Poderes de la que tanto hace alarde el macrismo, pues “está enviando un emisario del Poder Ejecutivo al Poder Judicial”. “Para tener realmente justicia, tiene que haber una verdadera autonomía de poderes”, sostuvo Reigada.

Furibundo opositor a la Ley de Matrimonio Igualitario, sancionada el 15 de julio de 2010, en los últimos meses de 2016 Conte Grand se negó a firmar la publicación en el Boletín Oficial de la resolución del Ministerio de Salud bonaerense de adhesión al Protocolo Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ILE), de modo que la provincia dio marcha atrás en su aplicación.

Díaz recordó que, cuando se debatió el proyecto de ley de Matrimonio Igualitario, Conte Grand hizo declaraciones que constituyen un “decálogo discriminatorio” con una “mirada reducida de los derechos humanos”.

“ES UNA PERSONA QUE TIENE UNA VISIÓN ABSOLUTAMENTE CONSERVADORA DESLIGADA DE TODO LO QUE TIENE QUE VER CON UNA PERSPECTIVA DE DERECHOS HUMANOS, Y ESTO NOS PARECE MUY GRAVE PARA LAS MUJERES EN PARTICULAR.”

“Para nosotros, su nombramiento sería un retroceso inadmisible”, sostuvo la dirigente. “Es una persona que tiene una visión absolutamente conservadora, desligada de todo lo que tiene que ver con una perspectiva de derechos humanos, y esto nos parece muy grave para las mujeres en particular”, subrayó.

“Conte Grand nos parece una persona absolutamente retrógrada en materia de derechos y esperamos que no avance su designación”, confió Díaz.

Tras explicar que existen razones “formales” y otras que “para nosotros significan impedir los avances logrados en derechos humanos”, Reigada sostuvo que “formalmente, Conte Grand no vive en la provincia de Buenos Aires para poder ocupar un cargo en el Poder Judicial”, pues en su “DNI figura un domicilio de capital”.

“Vivir en la provincia es un requisito constitucional” para acceder a dicho cargo en el Poder Judicial como jefe de fiscales y defensores, agregó Estela Díaz, secretaria de Derechos Humanos de la CTA a nivel nacional, en la misma rueda de prensa celebrada en la sede provincial de esa organización.

El artículo 181 de la Constitución bonaerense establece que “para ingresar al Poder Judicial deben justificarse dos años de residencia inmediata en la Provincia”. El Ministerio Fiscal pertenece al Poder Judicial.

Ese es uno de los principales argumentos esgrimidos días atrás por el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS) para impugnar el pliego de Conte Grande. El lunes, el abogado de esa organización, Pedro Luis Sisti, recordó que la semana pasada presentaron una acción ante la Justicia en ese sentido, porque el domicilio que figura en el DNI de Conte Grand es de la ciudad de Buenos Aires y no de la provincia. La CEPIS argumentó además que Conte Grand no posee “autonomía e independencia” respecto del Ejecutivo provincial y tiene “una concepción jurídica contraria al derecho constitucional a la igualdad”.

“El requisito del domicilio es una cuestión formal sine qua non. El no vivir acá significa no conocer la realidad de la provincia de Buenos Aires”, sostuvo Sisti.

Conte Grand mantiene su domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se desempeñó como procurador general desde el 30 de marzo de 2012 hasta el 9 de diciembre de 2015, durante la gestión porteña de Mauricio Macri.

En nombre de la Red de Mujeres y el Colectivo NiUnaMenos, Luisina Carrizo sostuvo que “no cumple con los requisitos para ingresar en el Poder Judicial porque carece de idoneidad”. “Por lo que expresa con sus acciones políticas, el señor Conte Grand tiene un gran desprecio por las mujeres y por la salud de las mujeres”, sostuvo.

Flavia Delmas, titular de la Secretaría de Género de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP, consideró que “la residencia legal es uno de los puntos fundamentales para la impugnación, su falta de parcialidad frente al ejercicio de sus funciones, pues está en el Poder Ejecutivo, y su desconocimiento de leyes internacionales que atenta contra la salud de las mujeres”.

“SERÍA UN RETROCESO INCREÍBLE PARA LOS DERECHOS Y LA SALUD DE LAS PERSONAS QUE CONTE GRANd OCUPE UN LUGAR DE SUMA IMPORTANCIA EN LA PROVINCIA”. FLAVIA DELMAS, FACULTAD DE PERIODISMO de la UNLP.

“Sería un retroceso increíble para los derechos y la salud de las personas que Conte Grand ocupe un lugar de suma importancia en la provincia”, sostuvo la referente de género. Mientras que Hilda Luchini, del espacio Carta Abierta, hizo un llamado de atención sobre el contexto en el que Cambiemos impulsa el pliego en la provincia de Buenos Aires, distrito del país que cuenta con el mayor número de policías y donde se produce la mayor cantidad de casos de violencia institucional.

“Que esté al frente de los fiscales una persona que está comprometida con la línea ideológica de los Gobiernos provincial y nacional que está desarmando todas las políticas de Estado en materia de derechos humanos es absolutamente preocupante.”

“Las cuestiones de violencia institucional van a quedar en manos de una persona que tiene un soporte teórico-ideológico prácticamente medieval. De ahí nuestra enorme preocupación”, sostuvo Luchini.

Tras la renuncia, auspiciada desde el Ejecutivo provincial, de María del Carmen Falbo, Vidal propuso en noviembre a Conte Grand para dirigir la Procuraduría bonaerense, apurando el tratamiento de su pliego en el Senado para esta semana, antes del receso navideño.

“Los legisladores tienen que considerar que esta designación ni siquiera es por estos cuatro años de gobernación de Vidal. Estamos decidiendo el futuro de la provincia de Buenos Aires en un área sumamente crítica para estar al frente de los fiscales y de todos los defensores”, enfatizó Reigada a Contexto.

“Entendemos que tiene que ser designada una persona con suma valentía, con autonomía de los distintos poderes y que quiera mirar hacia delante y no retroceder en términos de derechos humanos, que es lo que ocurrirá con la designación de Conte Grand”, afirmó Reigada.

“El Senado de la provincia debe escuchar”, sostuvo Díaz. “Hay muchos que se llenan la boca hablando de la República, hablan de lo terrible que parece que nos había pasado, y ahora quieren profundizar un camino que ligue el Poder Judicial al poder político”.

“Confiemos en que el 21 (miércoles), los senadores y senadoras no traten el pliego de Conte Grand como procurador de la provincia”, sostuvo Estela Díaz.