Por Roberto Álvarez Mur

El viernes 10 de diciembre de 1999, el diario Clarín recibió al nuevo presidente de los argentinos con el título: “Asume De la Rúa con promesas de cambio”. Lejos de esa entusiasta proclama, la gestión de Fernando de la Rúa mantuvo en pie la famosa convertibilidad instaurada por el menemismo que “igualaba” el peso al dólar, dinámica que luego intentó salvar con medidas como el Megacanje o el Blindaje a costa de una nueva deuda multimillonaria del país con capitales internacionales. No imaginó que el 6 de octubre del año siguiente renunciaría a su cargo el propio vicepresidente de la nación, Carlos “Chacho” Álvarez, con apenas un año de mandato cumplido.

En marzo de 2001, la dimisión del entonces ministro de Economía, Ricardo López Murphy, trajo como sucesor a una de las figuras claves del modelo neoliberal en Argentina durante la década anterior: Domingo Cavallo. La promesa de “cambio” vuelve a derrumbarse ante la aparición de una cara conocida del menemismo que tanto dijo combatir. Días después, Cavallo recibirá “superpoderes” por parte del Estado para implementar su plan económico.

A mediados de ese 2001, las secuelas de la década de los noventa comenzaron a mostrar su cara más cruda, ante la iniciativa de Fernando de la Rúa de emparchar el vacío económico legado por las recetas del neoliberalismo, según su propio discurso, “reduciendo el gasto público”: disminuyendo el sueldo de trabajadores y jubilados e imponiendo leyes de flexibilización laboral –en consonancia directa con directivas delegadas por el Fondo Monetario Internacional. El fatídico recorte del 13% a los salarios de los trabajadores estatales y de los jubilados fue dictaminado por el Decreto 926, firmado por el presidente y el ministro de Economía, el jefe de Gabinete Chrystian Colombo y la entonces ministra de Trabajo, Patricia Bullrich –esta última nuevamente en el poder en la actualidad de la mano del macrismo. Según informó el diario La Nación en aquel entonces, el recorte preveía “un ahorro” de 68,6 millones de pesos sólo en este sector.

Mientras tanto, las portadas de Clarín acompañaba de cerca la gestión de la Alianza. “Balance del año: La gente critica pero comprende”, “Claves para entender el nuevo plan” o “Salió el acuerdo con el FMI: llegan ocho mil millones” fueron algunos de los títulos de tapa del gran diario argentino que, en la transición del que sería el último año de gobierno de De la Rúa, oficiaron de relatores de los paulatinos ajustes aplicados por la gestión, en permanente diálogo con Estados Unidos.

Mientras tanto, el descontento social era cada vez más sentido y los estallidos populares, que se anunciaban como hechos aislados en pueblos del interior, comenzaban a hacer más eco en la provincia de Buenos Aires.

Por otro lado, a comienzos de diciembre, el “corralito” anunciado por Domingo Cavallo se presentó como medida de fuerza para controlar el flujo de capitales y restringió el retiro de ahorro de los bancos a mil pesos –o dólares– por mes, hecho que desató un fuerte descontento social y terminó de sellar el colapso del sistema bancario.

Durante un discurso, el ministro de Economía fue puntual: “Puede utilizar esos ahorros para lo que quiera: puede retirar hasta 250 pesos por semana, en billetes o monedas”.

Entre la noche de 19 diciembre y la madrugada del 20, Domingo Cavallo presentó su renuncia como ministro de Economía. Horas antes, el Fernando de la Rúa habló por cadena nacional y anunció el Estado de sitio en toda la Argentina.

“Hoy es 20 de diciembre del año 2001, pero recuerden el día de ayer, no hay que olvidarlo”, dijo la conductora Mirtha Legrand en la apertura de su programa número 2.277. “Hace siete días parecía otro país”, remarcó ese mismo día Mario Pergolini al iniciar la transmisión de su programa CQC. Mientras en diferentes puntos del país y el conurbano bonaerense se desarrollaban saqueos en negocios y grandes cadenas de supermercados, la Capital Federal se convirtió en el punto de encuentro donde miles de personas se alinearon con estudiantes, trabajadores, changarines, vecinos de Palermo, Madres de Plaza de Mayo y motoqueros para ocupar las calles con una consigna común determinante: que se vayan todos.

La zona lindante entre la avenida 9 de Julio, el microcentro porteño y la Plaza de Mayo se convirtió en territorio de resistencia entre la sociedad civil y la Policía. Fuerzas a caballo, camiones hidrantes y escuadrones de infantería escoltando los principales accesos viales reprimieron con balas de plomo, goma y gases lacrimógenos, mientras las principales señales de radio y TV transmitían en vivo. Los motoqueros, emblema del trabajo callejero para la juventud que había sido expulsada del circuito productivo por el menemismo, se convirtieron en una organización misma de resistencia ante el avance de las autoridades.

Pero los miles de manifestantes se mantuvieron y tomaron la Plaza de Mayo durante toda la jornada. A su vez, la CGT había convocado a una huelga general por tiempo indeterminado.

Entre ambas jornadas, tanto la represión policial como los disturbios durante los saqueos dejaron 39 muertos, nueve de ellos menores de edad.

El intento por mantener la normalidad durante los días previos al estallido fue la síntesis simbólica de los últimos años de un modelo de país que, bajo la necesidad de aferrarse a los resabios primermundistas fantaseados por el menemismo, fue testigo del desplome de la industria nacional, la brutal privatización del Estado y la acumulación de una deuda externa impagable. La Alianza, que había llegado al poder con promesas de cambio, renovación y justicia frente a la “corrupción”, no hizo más que recrudecer la crisis imperante con medidas de ajuste y represión.

Alrededor de las 19 horas, Fernando de la Rúa renunció a la Presidencia de la Nación. Diez minutos antes de las ochos de la noche, se retiraba de la Casa Rosada desde un helicóptero que lo trasladaría hasta la Quinta de Olivos.

Mientras algunos anunciaban el síntoma de una instancia prerevolucionaria, o como el mismo Fernando de la Rúa se defendía hace pocos días al afirmar que lo que había sufrido en 2001 era un “golpe del peronismo para apropiarse del poder”, las jornadas del 19 y 20 de diciembre se constituyeron como un acto reflejo, colectivo e inorgánico, en rechazo de un modelo de país de exclusión y hambre. Agrupaciones políticas, organizaciones barriales, trabajadores, desempleados o estudiantes hicieron único un sentimiento de descontento y rabia que no tenía banderas ni ideologías específicas más que el rechazo al estado de desamparo reinante.

Años después, los escombros de ese vacío institucional serían reconstruidos por una nueva etapa política en la Argentina, encabezada por muchos de los que habían resistido al neoliberalismo años anteriores, tanto en las calles como en las reuniones partidarias, incluso en esos días de diciembre. Pero ese es otro capítulo.

En la actualidad, nombres como Bullrich o Sturzenegger en el poder vuelven a avivar las banderas del neoliberalismo en una coyuntura donde –una vez más, con el acompañamiento de los grandes medios– se vuelve a hablar de ajuste, corrupción y negocio con las bancas internacionales.

No obstante, persiste una diferencia entre aquella Casa Rosada de 2001 y la que hoy alberga al neoliberalismo macrista: en el mismo lugar donde estaba el helipuerto que vio huir a Fernando de la Rúa de un país en llamas, a partir de ahora funcionará una huerta de zanahorias y cebollas.