Por Alejandro Palladino

Los internos de la Unidad 1 de Lisandro Olmos, en La Plata, continuaron ayer con la huelga de hambre que comenzaron el miércoles en rechazo a la reforma de la Ley Nacional 24.660 de Ejecución Penal que tuvo media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación y que, entre otros puntos, profundiza los procesos burocráticos para las salidas transitorias y la libertad condicional.

La situación, similar en otras unidades como la U9 y la U8 en La Plata, y la U31 en Florencio Varela, se encontraba estancada y los detenidos hicieron un cacerolazo para que el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y el Ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires contribuyan a encontrar un acuerdo.

La Ley fue impulsada por el radicalismo y el PRO, y el 23 de noviembre obtuvo media sanción en la Cámara Baja. Los detenidos sostienen que la reforma “cercenaría aun mucho más los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, por ser una ley que va en contra de nuestra Constitución Nacional”. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) manifestó su rechazo al considerarla “inconstitucional”.

La ley cercena los derechos a la educación de los internos, puesto que obstruye su posibilidad de estudiar y vuelve más complejas las salidas.

Ayer, el director del penal de Olmos les comunicó a los detenidos que no tenía órdenes para avanzar. Ante esa postura, los hombres privados de su libertad realizaron el cacerolazo como protesta y prosiguieron la huelga de hambre. Como solución, buscan que la ley no se apruebe. Anteriormente, el SPB les acercó un acta para que firmen una petición para presentar en la Justicia y así levantar la huelga, aunque los internos se negaron por entender que la vía es sólo legislativa.

“También pido que se ordene al SPB que le dé curso a cada uno de los jueces naturales de estos detenidos para que sean los propios jueces de sus causas los que ejerzan el control sobre el SPB.”

La abogada y docente Romina Aramburu, coordinadora de educación de aquellos internos que estudian en la Facultad de Derecho de la UNLP, presentó un hábeas corpus en el Juzgado de garantías Nº 1 de La Plata, cuyo titular es César Melazo, por “abandono de persona”, considerando que el SPB no ha hecho ningún tipo de control de salud a dos días de iniciada la huelga de hambre.

Allí señala cómo se agravan las condiciones de detención al no haber el obligatorio servicio médico. A su vez, exige que el SPB presente un listado con los nombres de los detenidos en huelga de hambre, y que sean pesados.

“También pido que se ordene al SPB que le dé curso a cada uno de los jueces naturales de estos detenidos para que sean los propios jueces de sus causas los que ejerzan el control sobre el SPB en la asistencia médica que necesitan”, dijo Aramburu a Contexto. “La asistencia médica es obligatoria. Si una persona se descompone, hay que llevarlo al hospital, y eso el Servicio Penitenciario no lo está haciendo”, agregó.

Aramburu señaló que el SPB está invisibilizando la problemática, al comunicar hacia el exterior del penal que han hablado con representantes de cada pabellón, cuando eso en realidad no es cierto porque no hay diálogo.