Por Roberto Álvarez Mur

Una manifestación de vecinos de La Boca en el Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires volvió a poner sobre la mesa el fuerte entramado de intereses económicos que las firmas inmobiliarias poseen sobre la Comuna 4 porteña, hoy debatida entre desalojos, precarización habitacional y, detrás, los negociados acompañados por la gestión PRO.

“Desde 2012, año de inicio del Distrito de las Artes, todo esto que nosotros ya veníamos advirtiendo comenzó a tener un proceso más acelerado”, dijo a Contexto la referente de La Boca Resiste y Propone, Natalia Quinto, cuyo colectivo vecinal estuvo presente ayer en el Instituto de la Vivienda y demandan respuestas, desde hace años, frente al proceso de desplazamiento que el Gobierno macrista realiza sobre la población local, en función de grandes emprendimientos privados.

“Tiene que ver con devaluar el precio del suelo, retirar las políticas públicas del barrio y desabastecerlo para que se deprecie su valor. Hoy, junto con la instalación del Distrito de las Artes, esos especuladores inmobiliarios que fueron comprando inmuebles a lo largo de ese proceso ven el suelo sobrevalorado y vienen a recuperarlo y explotarlo”.

El complejo Distrito de las Artes, ubicado en La Boca, fue anunciado por el Gobierno como un espacio para “promover la inversión en artes”, aunque denuncian que detrás de este, en realidad, se monta una estrategia de lucro de la mano privada, similar al proceso dado en zonas como Puerto Madero.

Con un promedio de un desalojo por semana, Quinto remarcó que solamente desde su agrupación están acompañando 54 juicios de desalojo.

Con un promedio de un desalojo por semana, Quinto remarcó que solamente desde su agrupación están acompañando 54 juicios de desalojo. “Esto no significa que sean 54 familias. Son 54 conventillos que van a ser desalojados en breve”. Además, señaló que de junio a julio de 2015 fueron expulsados 1.106 vecinos de sus viviendas.

En tanto, el Gobierno de la Ciudad fomenta –a través de las disposiciones vinculadas a la creación del Distrito de las Artes– los créditos del Banco Ciudad al 100% para la compra de inmuebles a megaemprendedores culturales. “En realidad, son aquellos que pueden hacer negocios inmobiliarios. Y lo pagamos entre todos, porque esos créditos del Banco Ciudad también los pagamos los contribuyentes”.

Un antecedente de estos lazos entre políticas habitacionales y negocios inmobiliarios es el caso de la propiedad declarada por el propio Mauricio Macri en la calle Olavarría 1197, ubicada en una zona que quedó liberada de impuestos por una norma que él mismo gestionó como jefe de Gobierno de CABA. “Es un fideicomiso del que participa el propio Mauricio Macri y está exento de impuestos por los próximos veinte años, a costa de las políticas que no generan en materia habitacional”, dijo Quinta. Y agregó: “No son emprendimientos privados, los estamos solventando los contribuyentes para que millonarios vivan de rentas”.

“No son emprendimientos privados, los estamos solventando los contribuyentes para que millonarios vivan de rentas.”

Por este mismo caso, la ex legisladora Gabriela Cerruti denunció que Macri “es el dueño del mayor emprendimiento inmobiliario del sur de la ciudad y se hizo votar exenciones impositivas”. La periodista había explicado que ese fideicomiso es el que remodeló la ex fábrica de Alpargatas, sobre la avenida Patricios, y lo convirtió en Molina Ciudad, un edificio de 65 mil metros cuadrados de estudios de diseño y lofts.

En tanto, según mencionaron desde el colectivo vecinal, leyes como la 341 de Acceso a la vivienda, o la 2.240 que estipula la emergencia ambiental y urbanística, están vaciadas y sin aplicación. Mientras tanto, el Instituto de la Vivienda de la Ciudad no brinda respuestas a los vecinos.

Sólo la agrupación La Boca resiste y Propone brinda contención a unas trescientas familias de la zona. Según comentó la referente, en el entramado de intereses también se debe tener en cuenta el rol de la llamada “Liga de Rematadores”, nombre con que se conoce a un puñado de abogados y empresarios que, desde hace años, especulan con los remates de propiedades para negocios inmobiliarios.

Ellos son quienes publicitan de manera permanente los inmuebles ocupados y las gerencias vacantes, y garantizan a los compradores –los propios socios de la Liga– que los inmuebles serán desalojados con juicios entre sesenta y noventa días. “Todos los miércoles podés pasar por el bar Roma y allí se reúnen los integrantes de la Liga en nuestro mismo barrio”.

Por otro lado, los procesos judiciales por desalojo “son sumarios y los jueces priorizan el derecho a la propiedad por sobre el derecho a la vivienda, que está legislado por la Constitución Nacional, por la Constitución de la Ciudad y por normas internacionales” de las que el país es garante.

Mientras tanto, los desalojos en la periferia porteña continúan a diario y el Gobierno de la Ciudad, hoy en manos de Horacio Rodríguez Larreta, sigue sin dar respuestas.