Por Fernando M. López

Ante el flagrante incumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que exigen la “liberación inmediata” de Milagro Sala, los diputados nacionales del Frente para la Victoria (FpV) presentaron ayer un proyecto de ley para solicitar la intervención federal de los tres poderes del Estado en Jujuy.

La iniciativa pide la caducidad de los mandatos del Ejecutivo y de los integrantes del Legislativo, así como declarar en comisión a los miembros del Poder Judicial por un período de seis meses, con posibilidad de prórroga.

Tras su impulso en el Congreso, el proyecto contó con el respaldo de los organismos de derechos humanos jujeños, cada vez más preocupados por los atropellos a la institucionalidad y la democracia que se suceden desde que asumió el gobernador Gerardo Morales, socio político de Mauricio Macri.

“La intervención puede resolver el grave estado de situación que vivimos en Jujuy, donde todos los días se pierden derechos que costaron muchos años de lucha. Hay que defender la institucionalidad. Si el Gobierno no acata las resoluciones de organismos internacionales, ¿qué nos queda? Acá no hay división de Poderes, peligra la democracia y se violan los derechos humanos”, afirmó Inés Peña a Contexto.

La presidenta de la Asociación Madres y Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Jujuy señaló que “una clara muestra de la falta de división de Poderes” es la “aberración jurídica” de los diputados provinciales de Cambiemos, que pretenden aprobar una ley para someter la detención arbitraria de Sala a un referéndum “sacado de los pelos”.

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También alertó sobre “gravísimas violaciones a los derechos humanos”, como el caso de Nelson Mariano Cardozo, el joven de veintiún años asesinado a golpes hace poco más de una semana en el Penal N° 1 de Villa Gorriti. Su tío, Alberto “Beto” Cardozo, se encuentra en la misma cárcel y venía siendo presionado para que incriminara a la líder de la Tupac Amaru y parlamentaria del Mercosur en la causa en su contra que lleva adelante el juez penal Pablo Pullén Llermanos.

“Exigimos que este crimen se esclarezca”, dijo Peña, y manifestó que “hay mucha preocupación entre los familiares por la suerte de los presos políticos y el resto de los detenidos en las cárceles jujeñas”.

En busca de una nueva condena

La titular de Madres habló con este diario antes de compartir una conferencia en la capital provincial junto al abogado y dirigente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Juan Grabois, quien este miércoles visitó a Sala en el penal de mujeres de Alto Comedero.

Grabois comentó que “Milagro está entera”, pese a la “estrategia de deterioro psicofísico que urden contra ella” con el objetivo de “degradarla, humillarla y llevarla hacia estados depresivos que no le permitan sostener su cotidianeidad en esta situación de privación ilegal de la libertad en la que se encuentra”.

Por otro lado, criticó el juicio que inicia hoy el Tribunal Oral Federal Nº 1 de Jujuy contra la parlamentaria del Mercosur por los huevazos que recibió Morales en 2009, en el marco de una manifestación en la que la acusada no estuvo presente.

“Son jueces que han emitido una opinión pública sobre el caso, que ya tienen un veredicto. Están tratando de ver si consiguen alguna condena antes de las fiestas, apurando este zafarrancho jurídico.”

“Están tratando de ver si consiguen alguna condena antes de las fiestas, apurando este zafarrancho jurídico”, sostuvo el referente de la CTEP, y remarcó que “lo que está en juego es el derecho al debido proceso”.

“Son jueces que han emitido una opinión pública sobre el caso, que ya tienen un veredicto. Este Poder Judicial absolutamente servil a los intereses del poder político carece de legitimidad para realizar un juicio justo”, completó.

Para Grabois, “en Jujuy reina una especie de cuasi fascismo” que “viola los parámetros más elementales de la democracia”, aunque dijo tener “expectativas en las resoluciones del sistema internacional de derechos humanos del que la Argentina es parte como Estado”.

“Confío en que va a primar la cordura”, añadió al plantear la necesidad de que el Gobierno nacional y la Corte Suprema de Justicia arbitren los mecanismos necesarios para que la libertad de Sala “se resuelva” lo antes posible.