Por Gabriela Calotti

“El proyecto de intervención es absolutamente necesario porque el Poder Judicial de Jujuy ha demostrado no tener independencia política y ha violado una cantidad de procedimientos jurídicos que hacen que desde el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU, como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Organización de Estados Americanos (OEA), determinen que no se han respetado las garantías constitucionales de Milagro Sala”, dice el diputado del Frente para la Victoria Adrián Grana. En una entrevista con Contexto, el legislador explicó el proyecto de ley para la intervención federal del Poder Judicial de Jujuy, que impulsó junto a otros diputados del FpV “para restituir el orden institucional en la Justicia” provincial y porque es “indispensable para garantizar la libertad de Milagro Sala”.

Según el texto del proyecto, el objetivo de una intervención federal del Poder Judicial de la provincia de Jujuy “por 60 días prorrogables por el Poder Ejecutivo Nacional” busca “garantizar la forma republicana de Gobierno y evitar incurrir en responsabilidad internacional del Estado argentino”.

“Esta situación está poniendo a la Argentina y no sólo a Jujuy en desacato con respecto a los tratados internacionales y convenciones a los cuales adherimos y que tienen carácter constitucional”, subrayó Grana, quien en septiembre formó parte de una delegación de cuarenta legisladores, ex legisladores, dirigentes gremiales y ex ministros del Gobierno kirchnerista que visitaron a Sala en la cárcel de Alto Comedero.

“ESTA SITUACIÓN ESTÁ PONIENDO A LA ARGENTINA Y NO SóLO A JUJUY EN DESACATO CON RESPECTO A LOS TRATADOS INTERNACIONALES Y CONVENCIONES A LOS CUALES ADHERIMOS Y QUE TIENEN CARÁCTER CONSTITUCIONAL.”

La iniciativa impulsada por catorce legisladores del FpV afirma que “para restablecer el sistema republicano, para garantizar el justo proceso después de todas las barbaridades jurídicas que ha hecho el Poder Judicial jujeño, lo que hace falta es intervenirlo, para restablecer el orden constitucional en ese sentido”, precisó el legislador.

“Entendemos que es necesario intervenir el Poder Judicial, cuando podría ser prevista la intervención a la provincia en su conjunto”, sostuvo, antes de puntualizar que esta intervención “no solamente es indispensable para garantizar la libertad de Milagro Sala, sino para restituir el orden institucional en la Justicia, porque lo que se está haciendo es manipular la Justicia para poder tener, por una cuestión netamente política, a una opositora privada de su libertad”.

Grana fue enfático al afirmar que lo que está ocurriendo en Jujuy con el Poder Judicial, su complicidad con el poder político ejercido por el gobernador radical Gerardo Morales, aliado incondicional de Mauricio Macri, y la detención desde enero pasado de la dirigente social e indígena Milagro Sala “es una afrenta al sistema democrático jujeño y argentino”.

“ES NECESARIO INTERVENIR EL PODER JUDICIAL, CUANDO PODRÍA SER PREVISTA LA INTERVENCIÓN A LA PROVINCIA EN SU CONJUNTO. NO SOLAMENTE ES INDISPENSABLE PARA GARANTIZAR LA LIBERTAD DE MILAGRO SALA, SINO PARA RESTITUIR EL ORDEN INSTITUCIONAL.”

La presión internacional

El 27 de octubre pasado, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria (GTDA), un mecanismo creado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, determinó que la privación de la libertad de Milagro Sala es “arbitraria” y solicitó su liberación “inmediata”. El 3 de noviembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) envió un pedido de información al Estado argentino para conocer las acciones que se están implementando para el cumplimiento de la decisión del GTDA.

El 28 de noviembre, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, respondió una carta a Milagro Sala en la cual exige su libertad. Este lunes, en una entrevista publicada por el diario La Nación, el titular de la OEA criticó, en referencia a los dichos de Mauricio Macri, que “la Justicia no se puede administrar por encuestas u opiniones, sino en función de consideraciones objetivas. Por ello, el sistema político no puede declarar a Milagro Sala culpable”.

Milagro Sala, dirigente de la Tupac Amaru, fue detenida a mediados de enero pasado acusada de instigación al tumulto, entorpecimiento de la circulación y sedición por un acampe pacífico que la organización realizaba en la Plaza Belgrano de la capital jujeña. Detrás de esas acusaciones y su detención, la Justicia de Jujuy lanzó una serie de causas vinculadas con una supuesta malversación de fondos y enriquecimiento ilícito vinculado con la construcción de viviendas sociales, principal actividad de las cooperativas y la red de organizaciones sociales.

Para el diputado Grana está claro que “el garante de que se cumpla la Constitución de cara a los tratados y convenios que ha asumido la República Argentina es el Estado nacional, por lo tanto, no es que Morales tiene que responder ante la ONU, la CIDH o la OEA. Quien tiene que garantizar el cumplimiento de estos Tratados Internacionales y que tienen rango constitucional es el Estado nacional”.

“EL GARANTE de QUE SE CUMPLA LA CONSTITUCIÓN DE CARA A LOS TRATADOS Y CONVENIOS QUE HA ASUMIDO LA REPÚBLICA ARGENTINA ES EL ESTADO NACIONAL, POR LO TANTO, NO ES QUE MORALES TIENE QUE RESPONDER ANTE LA ONU, LA CIDH O LA OEA.”

“Quien tiene que dar las contestaciones es Mauricio Macri como presidente de la Argentina. Se está lavando las manos intentando hacerse el distraído con lo que están planteando estos organismos internacionales”, sostuvo el legislador kirchnerista.

El proyecto de ley de intervención federal del Poder Judicial jujeño estipula la designación “de un interventor federal”, cuyas misiones serán, entre otras: suspender en sus funciones a los jueces o juezas que hayan tenido intervención en los expedientes judiciales por los cuales se encuentre o se haya encontrado privada de su libertad Milagro Sala; designar de forma interina a los jueces o juezas reemplazantes de los suspendidos/as, quienes deberán ser jueces o juezas de otras jurisdicciones; iniciar una investigación acerca de la violación de derechos de la parlamentaria del Parlasur Milagro Sala a los fines de elaborar un informe para responder al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU; y adoptar las medidas que estime necesarias a fin de que el Poder Judicial de la provincia de Jujuy garantice la plena observancia de los derechos y garantías establecidos por la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos en los que el Estado argentino es parte.

La iniciativa establece además que los jueces y/o las juezas interinos/as deben avocarse en forma urgente al análisis de las causas por las cuales Milagro Sala se encuentra privada de su libertad.

Para su aprobación, el proyecto debe ser respaldado por una mayoría simple de los diputados. Dado que en este momento no hay sesiones ordinarias, debería ser discutido en sesión convocada por el Poder Ejecutivo nacional.

“Con este proyecto que firmamos desde el FpV entendemos que le estamos ofreciendo una salida institucional al Gobierno de Mauricio Macri para que salve esta situación en la que nos han puesto Morales, la Suprema Corte jujeña y el Poder Judicial jujeño, dejando a la Argentina en infracción habiéndose comprometido a velar por la plena vigencia de los derechos humanos”, explicó Grana.

Los pedidos internacionales para que el Estado nacional libere a Milagro Sala, que se acentuaron justamente ante la proximidad de las fiestas navideñas, “generan un perjuicio a la imagen de nuestro país en el contexto mundial”, sostuvo el dirigente de Nuevo Encuentro.