Por Héctor Bernardo

Una investigación de la encuestadora Datafolha aseguró esta semana que el Partido de los Trabajadores (PT), cuya máxima figura es el ex presidente Luiz Inacio “Lula” Da Silva, encabeza la intención de voto para presidente, con miras a las elecciones de 2018. El PT llevaría diez puntos de ventaja sobre su más cercano rival, el partido Rede Sustentabilidade (REDE), conducido por Marina Silva.

La encuesta asegura que el partido conducido por Lula tiene un 25% de intención de voto, seguido por REDE con un 15, el PSDB con 11, el PDT con 9 y el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), del golpista Michel Temer, solo cuenta con el 5%.

A esto se suma otra investigación de Datafolha que señala que el 63% de los brasileños quiere que el presidente de facto renuncie de inmediato y se convoque a elecciones (el 37% restante se divide en un 10% que no sabe o no contesta y un 27% que apoya la continuidad de Temer).

Ante este panorama político, y con la mirada puesta en las elecciones de 2018, la derecha ha vuelto a desatar un feroz ataque contra el ex presidente Lula Da Silva. El brazo mediático-judicial vuelve a ser la principal herramienta para el ataque. Se busca desgastar la imagen pública del ex mandatario y, si es posible, proscribirlo para impedir que el PT vuelva al poder.

La táctica de la proscripción no es nueva ni exclusiva de Brasil. En Argentina, ante la persecución mediático-judicial desatada en su contra, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner aseguró: “Creo que buscan la proscripción, lo dicen claramente, es muy grave lo que está pasando en el país”.

Recientemente, el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, aseguró que también hubo un plan que pretendía proscribirlo y que ese plan es el que se lleva adelante en este momento en Brasil. “Buscan proscribir al compañero Lula”, aseguró.

La restauración neoliberal rápidamente ha ingresado en una nueva etapa. Al no conseguir dinamitar el poder de los sectores populares, busca proscribir a sus líderes. Los medios y ciertos sectores de la Justicia vuelven a ser la punta de lanza en la disputa por el sentido común y la construcción de consenso para que la proscripción pueda concretarse. La batalla recién comienza.