Por Contexto

Julio Conte Grand, el elegido por María Eugenia Vidal para ser el próximo procurador bonaerense, recibió esta semana una nueva impugnación. A la que ya tenía por no tener domicilio en la provincia, ahora se suma la realizada por movimientos de mujeres y de izquierda, quienes acusan al actual secretario de Legal y Técnica de la Gobernación de ser “misógino, homofóbico y de no respetar los derechos humanos”.

En esta nueva objeción al pliego de Conte Grand, que debe ser aprobado por el Senado para reemplazar a la saliente María del Carmen Falbo, se hace hincapié en la posición que siempre mantuvo contra la realización de abortos no punibles y contra el matrimonio igualitario. En ese sentido, denunciaron su pertenencia al Opus Dei, el ala más dura de la Iglesia.

En el punto 3 del documento llevado a la Cámara Alta se recuerda que en 2009 Conte Grand había publicado un artículo titulado “La transformación del orden público”, donde proponía “reflexionar acerca de los riesgos de la transformación, sin norte visible, de la institución del matrimonio y, por ende, de la familia, núcleo impostergable de la sociedad”.

En esa misma nota, al referirse al casamiento entre personas del mismo sexo, consideraba ese derecho “una desmesura atentatoria de los principios del orden público de la sociedad argentina”. También se advertía que se estaba “produciendo un grave desvío de los principios del orden público de naturaleza inmutable, cuyas consecuencias para el tejido social y la convivencia no han sido calibradas”.

ripoll: “Los vamos a estar siguiendo para ver cómo votan, no sea cosa que le digan que sí a Conte Grand y después se saquen fotos con el cartelito de ni una menos”.

Por otro lado, la acusación de misógino tiene que ver con un conflicto que se dio en el seno del Gabinete de Vidal. Según el escrito, “en octubre pasado, la ministra de Salud bonaerense, Zulma Ortiz, resolvió la adhesión de la Provincia al protocolo nacional de Aborto No Punible, pero como secretario Legal y Técnico provincial Conte Grand se negó a rubricar esa Resolución 2.095/16″. De esta manera, habría “impedido su publicación y frenado arbitrariamente la aplicación de una norma que cumplía con una orden de la Corte Suprema”.

Se agrega en el informe que “en noviembre se hizo público el informe sobre la Argentina del CEDAW (Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer), organismo de la ONU, el cual “señaló preocupación por los elevados índices de mortalidad materna y los relacionó a los abortos practicados en condiciones de riesgo y a los obstáculos a los abortos legales”.

Una de las encargadas de elevar esta información a los legisladores fue la dirigente del MST Vilma Ripoll. Desde las escalinatas de la legislatura advirtió a los senadores: “Los vamos a estar siguiendo para ver cómo votan, no sea cosa que le digan que sí a Conte Grand y después se saquen fotos con el cartelito de ni una menos”.

“Consideramos que todo esto son argumentos muy importantes para el derecho de las mujeres y de la comunidad LGBT, porque este personaje los ha atacado de manera permanente”, agregó. “Es el jefe de los fiscales. Y tengan en cuenta que cada caso de violencia de género va a para a las fiscalías. Y son los fiscales los que deciden qué hacer con ese violento, si lo dejan preso, si lo dejan que siga persiguiendo a sus víctimas”, advirtió.

Para Ripoll, esta idea de Vidal es una “provocación lisa y llana” en un momento donde se prepara un paro mundial para el 8 de marzo en el Día de la Mujer. “¿En un momento donde los femicidios no paran de crecer vos vas a poner a alguien con esta ideología?”, se preguntó la ex diputada nacional.

El Centro de Estudios Para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS) también reclama que se haga una audiencia pública para hacer preguntas y plantear impugnaciones y/o avales.

La llegada de Conte Grand había sido puesta en tela de juicio por el colectivo de abogados del Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS), el cual  inició una acción de certeza para que la Justicia determine si para ocupar la Procuración General de la Suprema Corte bonaerense es necesario acreditar dos años de residencia inmediata. Ahora será la magistrada María Ventura Martínez quien deberá dar una respuesta.

El CEPIS también reclama que se haga una audiencia pública para hacer preguntas y plantear impugnaciones y/o avales, como a nivel nacional, algo que no está claro aún si sucederá. En el mismo sentido, Ripoll también reclamó “más participación popular”.

Conte Grand trabajó para la Administración del ex intendente porteño Carlos Grosso (1989-1992); fue también por esos años profesor de la Escuela Superior de Guerra y asesoró a los ex ministros menemistas de Educación, Antonio Salonia, y del Interior, Carlos Corach. También fue procurador porteño a pedido de Mauricio Macri desde 2012 a 2015. Su fortuna personal es una de las más grandes entre los ministros de Vidal.

Acción judicial contra Conte Grand, el ultramontano de Vidal para la Procuración