Por Gabriela Calotti

El fiscal Álvaro Garganta, que lleva adelante la instrucción del caso de Emilia Uscamayta Curí, el responsable de Control Urbano de La Plata, Roberto Adolfo Di Grazia, que debía declarar, y su abogada, mantuvieron una reunión privada en la sede de la Fiscalía de la que no pudo participar el abogado de la familia de la joven universitaria que el 1º de enero pasado murió en una fiesta ilegal en una quinta de Melchor Romero de la que el Municipio tenía amplio conocimiento.

“En estos momentos, en una situación bastante inusual, están manteniendo una entrevista a la cual no pude acceder el fiscal Garganta, el subsecretario de Convivencia y Control Ciudadano y su abogada defensora”, afirmó a la prensa en las puertas de la Fiscalía el abogado de la familia Uscamayta Curí, Adrián Rodríguez.

“No sabemos qué están hablando ahí y no sabemos por qué no podemos tener acceso nosotros como ‘particular damnificado’”, subrayó indignado el letrado que había ingresado más de dos horas antes a la sede judicial ubicada en la calle 7 entre 56 y 57. Minutos antes lo había hecho el propio Di Grazia, empresario y responsable de Control Urbano del Gobierno municipal de Cambiemos dirigido por Julio Garro.

Sin recibir ninguna explicación por parte del personal de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) Nº 11 de La Plata, al abogado le dijeron “No, usted no” cuando se disponía a ingresar en la oficina del fiscal Garganta.

Rodríguez explicó que la declaración a título informativo de Di Grazia, que debía haber tenido lugar el 15 de noviembre pero no concurrió porque “tenía un compromiso laboral en Capital”, según el mismo funcionario de Cambiemos declaró a una radio local, tenía que ser en principio “espontánea, en la que diga lo que tiene que decir si sabe algo de la causa o se niegue a prestar declaración”.

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“Esto es inusual y nos deja muy preocupados […] es un hecho en el que toda la causa es rara y los tiempos procesales se van alargando”, subrayó el letrado, antes de asegurar que “el hecho de no poder participar como ‘particular damnificado’ es realmente un ataque a la democracia y a la calidad institucional de la Justicia”.

Interrogado acerca de si el fiscal y el funcionario municipal estarán “acordando algo” durante la reunión que duró como mínimo media hora, el abogado respondió que “la imaginación es muy grande”, pero insistió en que una situación semejante es “inusual” y sostuvo que “no ayuda a nadie” en términos judiciales.

“Acá hay roles definidos: la defensa por un lado, el juez por otro y la fiscalía por otro. Cuando se confunden los roles en la Justicia es complicado”, sostuvo Rodríguez, que hizo hincapié en la preocupación que le generó lo sucedido.

Es evidente que lo relatado por Rodríguez en la puerta de la Fiscalía, donde familiares y amigos de Emilia habían instalado desde las diez de la mañana una mesa con carteles pidiendo justicia y repartiendo volantes a los transeúntes con el título “La corrupción mata”, ensombrece aun más un proceso judicial que lleva casi un año, en cuyo transcurso la Justicia no ordenó ninguna detención.

El abogado sostuvo que hechos semejantes son lisa y llanamente “violencia institucional contra la familia de Emilia”.

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Un funcionario de Garro muy complicado

Di Grazia, funcionario jerárquico de Garro que aparece en la causa desde el principio, dijo el 24 de noviembre pasado en 221radio de La Plata que cuando había sido citado por el fiscal no había ido porque “tenía un compromiso laboral en Capital”. Con balbuceos y respuestas repetidas, Di Grazia dijo que lo que tenía que decir lo diría primero a la Justicia.

La Subsecretaría de Convivencia y Control Ciudadano de la Municipalidad de La Plata, que dirige Roberto Adolfo Di Grazia, estaba al corriente de la fiesta ilegal celebrada en la quinta San Cayetano en la avenida 520 entre 159 y 160 de Melchor Romero, propiedad del empresario Carlos Bellone, prófugo de la Justicia, y debía intervenir en la suspensión.

“Acá hay roles definidos: la defensa por un lado, el juez por otro y la fiscalía por otro. Cuando se confunden los roles en la justicia es complicado.”

El secretario de Seguridad de la Municipalidad de La Plata, el comisario Daniel Piqué –imputado en la causa–, deslindó responsabilidades en Di Grazia y en el subcomisario jefe de la Policía Local, Sebastián Martínez Pass, quien ya se presentó dos veces a la Fiscalía pero sin abogado y se negó a declarar.

Piqué afirmó que la responsabilidad de clausurar la fiesta en la que murió Emilia le correspondía a la repartición que dirige Di Grazia. Ante el fiscal, Piqué dijo que aquel 1° de enero “Control Urbano acudió a la fiesta mientras se llevaba a cabo, labró actas pero sin suspender el evento y nunca solicitó auxilio a su área de Seguridad”.

Según la autopsia, Emilia murió por “inmersión en el agua” en la pileta de natación del lugar, de cuyas inmediaciones, a partir de las diez de la noche, desapareció toda presencia policial o de Control Urbano para impedir la fiesta que no tenía autorización municipal pero de cuya realización estaban al tanto los funcionarios citados a declarar.

Fuentes allegadas al caso aseguran que para realizar esa fiesta corrieron “coimas por cuatro millones de pesos”.

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Un fiscal que despierta sospechas

Después de que el abogado informara sobre la reunión entre el fiscal y el funcionario que debía prestar declaración en presencia del abogado de la familia Uscamayta, tal como lo establece la ley, sobre las baldosas de la vereda de la Fiscalía podía leerse “Fiscal Garganta, trabaje para el pueblo, no sea cómplice de la corrupción”.

Tal como lo ha venido haciendo la defensa legal de la familia, los amigos de la joven de veintiséis años que este año debía recibirse de periodista y que conformaron la Asamblea Justicia por Emilia, recordaron que ya pasaron más de seis meses desde que la familia pidió al fiscal Garganta que cambie la carátula de la causa, que sigue siendo “averiguación de causales de muerte”.

“Le exigimos al fiscal Álvaro Garganta que actúe con valor y con la independencia que su función requiere, que cambie la carátula a ‘Homicidio con dolo eventual’”, reclamaron desde la Asamblea, después de preguntarse por qué el día de la muerte de Emilia “el fiscal Garganta y la Policía demoraron dos horas y media en llegar” al lugar de la tragedia. “¿Simple negligencia o complicidad para tapar?”, se preguntaron.

 “Le exigimos al fiscal Álvaro Garganta que actúe con valor y con la independencia que su función requiere, que cambie la carátula a ‘Homicidio con dolo eventual’.”

La familia de Emilia tiene paciencia. Aguanta y no deja de reclamar justicia. Una vez más volverán a la Fiscalía como hicieron este miércoles, con entereza. Acompañados permanentemente por los amigos y compañeros de Emilia. “Hablamos entre nosotros y nos apoyamos, pero a veces el que se quiebra soy yo”, confesó Juan Uscamayta, que a sus 68 años y después de escuchar al abogado se sentó un momento en la parecita de la Fiscalía para secarse las lágrimas.

“Estamos acá para que la sociedad platense no se olvide de la causa de mi hermana. Pedimos justicia y reafirmamos la complicidad del Municipio de La plata en dar vía libre a una fiesta que no era clandestina porque todos sabían”, enfatizó Cristian Uscamayta, para quien con esta actitud dilatoria del Municipio y de la Justicia “están despreciando la vida de mi hermana”.