Por Gabriela Calotti

Bibliotecarios de la provincia nucleados en el Colectivo de Bibliotecas Populares en Lucha (CBPL) se concentraron el lunes al mediodía en la esquina de 5 y 47, frente a la Biblioteca de la Provincia, para reclamar, una vez más, el pago de los subsidios que les debe el Gobierno bonaerense de Cambiemos, tal como se comprometieron funcionarios de María Eugenia Vidal a principios de noviembre.

Sin embargo, los bibliotecarios que llegaron desde distintos puntos de la provincia se encontraron con las puertas cerradas de la Biblioteca de la Provincia y con su responsable, Natalia Hidalgo, ausente.

“Más de 400 bibliotecas populares de la provincia de Buenos Aires que nos encontramos registradas en un Sistema de Bibliotecas dependiente del Estado provincial estamos atravesando una situación económica crítica debido al incumplimiento del depósito de los subsidios que nos corresponden”, afirmó el CBPL en un volante que los bibliotecarios repartieron en esa esquina de la ciudad desafiando las altas temperaturas y el malhumor de algunos automovilistas molestos por el corte de tránsito.

Las bibliotecas populares de la provincia, muchas de las cuales tienen que pagar un alquilar, servicios y por supuesto el sueldo del bibliotecario, dependen para seguir funcionando de que el Gobierno de Cambiemos les pague lo que les debe. Algunas de las bibliotecarias consultadas por Contexto indicaron que cobraron los subsidios –que equivalen por mes a un salario docente de 7.800 pesos aproximadamente– hasta agosto inclusive, pero desde entonces nada.

“En octubre se comprometieron a pagar septiembre, octubre y noviembre en el mes de diciembre, pero todavía no vimos nada”, aseguró Gabriela, de la biblioteca popular “Escritores Argentinos” de Lavallol.

El 10 de noviembre, Natalia Hidalgo, al frente de la Dirección de Bibliotecas y un funcionario de la Dirección General de la Administración (DGA) que se identificó como Francisco Barata, se comprometieron a entregarles los subsidios “hasta diciembre”, responsabilizando de la demora al Ministerio de Economía de la provincia, dirigido por Hernán Lacunza.

“Somos de la biblioteca Arturo Jauretche de El Palomar. Venimos a reclamar el pago de los subsidios que nos debe la provincia. Hay bibliotecas donde los bibliotecarios no cobran nada”, aseguró Graciela.

“Sólo queremos que cumplan con lo pactado” en noviembre, sostuvo Graciela, cuyo relato no difiere demasiado en cuanto a la situación por la que están atravesando las bibliotecas populares, algunas al borde de la asfixia presupuestaria dispuesta por el Gobierno de Vidal.

Explicó que “cuando vieron que nos agrupamos frente a la biblioteca, cerraron las puertas”. Ante tal actitud por parte de los responsables de la Biblioteca de la Provincia, el colectivo del CBPL decidió empapelar la puerta del organismo con sus reclamos, mientras otros repartían volantes a los transeúntes y otros se acercaban a los automovilistas para explicarles los motivos del corte.

“El corte de calle es para visibilizar nuestra situación. En los barrios, la gente lo sabe. Nosotros queremos que todo el mundo se entere” de lo que está haciendo Cambiemos con las bibliotecas populares. “Hace mucho calor, pero nos vamos a seguir manifestando”, aseguró.

De hecho, en el volante, los bibliotecarios bonaerenses pedían explícitamente el apoyo de “todas las organizaciones socioculturales y de los vecinos”.

“Somos el Colectivo de Bibliotecas Populares de la provincia y estamos exigiendo que se regularice el pago de los subsidios”, afirmaba en el mismo momento otra bibliotecaria valiéndose de un megáfono. “El Estado debe cumplir con la ley”, insistía la joven bibliotecaria refiriéndose al cumplimiento de la Ley 14.777 sancionada en diciembre de 2015 que prevé la creación de un fondo para las bibliotecas populares.

La Ley 14.777 declara la lectura como un derecho humano y aumenta considerablemente los fondos para las bibliotecas populares, entre otros beneficios. Sin embargo, Vidal prefiere mantener vigente el Decreto ley 9.319 de la última dictadura cívico-militar para seguir regulando la actividad.

El 16 de noviembre, cuatro bibliotecarios representantes del colectivo se reunieron con Alejandra Ramírez, subsecretaria de Políticas Culturales de la provincia, que hasta diciembre fue responsable de bibliotecas rurales en CABA.

“Le dijimos que están cerrando bibliotecas populares porque no se pueden sostener y nos dijo que trabajáramos con voluntarios, como en la época de Sarmiento… Y nosotros estamos tratando de jerarquizar la labor del bibliotecario”, comentó Gabriela de Lavallol.

Osvaldo, de la biblioteca “Pascual Ruberto” del barrio Villa Roca de Berisso, confirmó lo dicho por su compañera pues él también asistió a esa reunión de la cual no sacaron nada nuevo.

Con megáfonos, carteles de colores, en papel blanco y variados formatos, acercándose a los transeúntes y a los automovilistas, los bibliotecarios hicieron oír su voz insistiendo en que “las bibliotecas populares no son un gasto, son una inversión”, y recordando que “el derecho a la lectura es acceso a la información”.