Por Miguel Croceri

Una coalición política de derecha está en el Gobierno nacional y en el de la provincia de Buenos Aires, además de estarlo en otras provincias y en una gran cantidad de municipios del país. Pero esa es sólo la expresión institucional de su autoridad ganada en elecciones, a nivel del Poder Ejecutivo Nacional y de poderes o departamentos ejecutivos en instancias estatales inferiores.

Aparte de eso, la alianza Cambiemos es parte de un gigantesco bloque de poder que pocas veces, si es que alguna, se ha configurado en la historia argentina. Solamente las dictaduras han concentrado más poderío que el que concentra el bloque dominante actual, con el macrismo al frente.

Integran el mismo entramado las más importantes fuerzas de dominación que existen de facto: los intereses de Estados Unidos y de las demás potencias capitalistas; las corporaciones económicas locales e internacionales; la fracción hegemónica del Poder Judicial; la abrumadora mayoría de los medios de comunicación más influyentes sobre la opinión pública; y también los servicios secretos de inteligencia y fuerzas policiales cuyo accionar, por formación y prácticas históricamente constituidas en una matriz ideológica de derecha, son propensos a ser violentos contra los sectores populares y las expresiones de lucha a favor de derechos sociales, para resguardar en cambio a las clases sociales acomodadas y a sus propiedades bien o malhabidas.

Cada uno de esos sectores tiene su autonomía, su propio juego, sus controversias internas, sus conveniencias específicas, y los antagonismos propios generados por las vanidades de dirigentes o funcionarios que los conducen. Nada es uniforme ni simple, todo está lleno de contradicciones, complejidades, disputas y paradojas.

Sin embargo, más allá de todas esas particularidades, un dato esencial de la Argentina actual es que se ha constituido un bloque articulado e ideológicamente coherente que está alineado con los principales poderes mundiales, y que en el país domina los órganos de gobierno del Estado –en su faceta más legítima, ganada en elecciones– y al mismo tiempo los dispositivos de mando en las estructuras judiciales, económicas, mediáticas, y del submundo del espionaje y de la actuación policial.

Así puede ser resumido –con aciertos y errores, y al menos como una descripción posible y no exhaustiva– el bloque de sectores e intereses que tiene el poder hoy en nuestro país.

Podría añadirse que también tienen un rol fundamental para sostener esa arquitectura de poder los senadores y diputados que fueron elegidos para ser oposición pero respaldan en el Congreso al oficialismo, más los gobernadores que suelen ser sus jefes políticos y conducen sus acciones parlamentarias, así como las expresiones de un sindicalismo ideológicamente degenerado, que representa sus propios intereses como burocracia y no los de los trabajadores, y es acomodaticio con las políticas del Gobierno y de los poderes de facto.

Submundos

Un par de párrafos más arriba este texto menciona a los submundos de los servicios secretos de espionaje y de la actuación policial. Y lo hace porque cualquier consideración sobre la política argentina actual está obligada a poner su observación allí, debido a los cada vez más frecuentes hechos de violencia por motivos políticos –dejando de lado en este comentario todas las demás formas de violencia que atraviesan a la sociedad–, sobre los cuales existe la presunción de que son ejecutados por esos sectores, siguiendo órdenes superiores.

Acerca de los autores, sólo pueden hacerse presunciones, ya que al estar involucradas estructuras del Estado se hace difícil o imposible acceder al conocimiento de la verdad. Los hechos, sin embargo, no son presuntos sino reales. Este es un repaso de tres situaciones ocurridas sólo en la última semana:

– La Policía de la provincia de Buenos Aires, cuya máxima autoridad política es la gobernadora María Eugenia Vidal, realiza acciones de intimidación contra docentes que se reúnen para deliberar en colegios y escuelas, su lugar de trabajo. Además, patotas con apoyo policial atacan a militantes que pegan carteles en la vía pública. Todo esto fue denunciado por Suteba (Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educción de Buenos Aires), a través de su secretario general, Roberto Baradel (una noticia al respecto fue publicada el lunes 21 por el portal especializado en temas laborales Mundo Gremial).

– Hebe de Bonafini sufrió un gravísimo hecho de violencia psicológica y emocional una madrugada en su propia casa. Primero le cortaron las comunicaciones telefónicas y luego fueron personalmente, a las 2:30 de la madrugada, para despertarla con el portero eléctrico e intimidarla e insultarla desde la puerta de entrada a la vivienda. La Asociación Madres de Plaza de Mayo hizo la denuncia pública a través de un video grabado por la propia Hebe, y difundido por Internet el sábado 19 de este mes (por este link se puede acceder el video publicado en el canal de Youtube de las Madres).

– El jueves pasado, día 24, el dirigente sindical Daniel Catalano, secretario general de la seccional Capital Federal de ATE (Asociación de Trabajadores del Estado), sufrió un ataque político a su domicilio. Ocurrió al mediodía, cuando no había ningún miembro de la familia en el lugar sino sólo una persona a la que le preguntaron “¿Acá vive un político?” (acceso a la noticia publicada en la página de información contrahegemónica La García, creada por la periodista Cynthia García).

Los submundos potencialmente culpables de los hechos pueden abarcar a sectores policiales y de los servicios estatales de espionaje, o también a grupos delictivos tales como barrabravas de clubes de fútbol, patotas sindicales y miembros de empresas de seguridad privada (en estas últimas puede haber nobles y esforzados trabajadores que se ganan la vida de la manera que encuentran posible, pero también ejércitos en las sombras con peligrosa capacidad destructiva).

En cualquier caso, los autores de hechos como los mencionados requieren al menos dos condiciones. Por un lado, órdenes políticas para actuar, o al menos una complicidad de responsables políticos y judiciales para el caso de que decidan moverse por su cuenta, algo que parece poco probable pero que no debe descartarse de antemano. En segundo término, necesitan una estructura de la que sólo se dispone en ámbitos y actividades muy específicas: personal “apto”, vehículos, armas, equipos de comunicaciones y sistemas de espionaje (acceso a bases de datos, invasión informática, video-vigilancia, etcétera) para obtener la información sobre las víctimas y saber dónde y cuándo actuar.

Distintas violencias

Un repaso de distintos tipos de agresiones y ataques ejercidos desde ámbitos de poder desde que Mauricio Macri asumió como presidente incluye, en primer lugar –en un orden arbitrario–, las numerosas ocasiones en las que el Gobierno que él conduce y los de varias provincias han desplegado acciones violentas contra personas que participaban en protestas populares.

En segundo lugar, en Jujuy se montó un dispositivo encabezado por el gobernador Gerardo Morales y sus cómplices judiciales y policiales para perpetrar actos de violencia institucional –es decir, donde están implicadas instituciones del Estado, en este caso, el Gobierno jujeño, su Poder Judicial y su Policía–, y de ese modo meter presa a la líder popular Milagro Sala y a otras y otros integrantes de la organización Tupac Amaru.

En tercer lugar, está la violencia jurídica mediante la cual se han derogado de facto, con decretazos del Poder Ejecutivo, leyes tales como la de Servicios de Comunicación Audiovisual y la ley contra la extranjerización de las tierras rurales, entre otras. Hasta que llegó al Gobierno el oficialismo actual, la abolición de facto de leyes de la nación mediante decretos sólo había sido perpetrada por dictaduras militares (Contexto publicó una nota del autor sobre ese tema el pasado 10 de julio).

Las menciones anteriores aluden a tres tipos de violencia que puedan considerarse distintas, pero todas avaladas por la corporación judicial que encabeza el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti.

Finalmente (en un “final” que sólo lo es para este racconto), está la violencia en grado de intimidación, amedrentamiento, agresión psicológica y emocional, y ataques directos a la integridad de las personas y sus bienes, como los que tuvieron entre sus víctimas a Hebe de Bonafini, al docente bonaerense, y al dirigente de ATE Daniel Catalano.

Estos casos son ocultados al conjunto de la sociedad por los aparatos mediáticos más poderosos, y sólo se conocen gracias a medios ajenos a la ideología dominante, y a través de las redes sociales y demás herramientas de la comunicación digital.

Además, la inferioridad de condiciones en que se encuentran los sectores populares ante la violencia ejecutada desde ámbitos de poder, incluido entre las desventajas el referido ocultamiento del sistema de medios dominantes, puede llevar a que los hechos sean naturalizados por quienes los conocen y saben de ellos.

Pero lo cierto es que de todo ello ha sido capaz el bloque de poder que gobierna el Estado desde hace menos de un año, particularmente a través de sus representantes políticos Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y Gerardo Morales, por mencionar sólo a los responsables políticos directos por los hechos aquí descritos.

La derecha argentina fue siempre particularmente violenta. Lo fue a fines del siglo XIX, con el genocidio de pueblos originarios en la Patagonia. Lo repitió durante gran parte del siglo XX, cuando asaltó el poder político de la nación mediante golpes de Estado. Lo mostró en toda su dimensión con el bombardeo a Plaza de Mayo el 16 de junio de 1955, cuando asesinó a al menos 350 personas que transcurrían allí un día cualquiera de su vida, según la rigurosa investigación que cinco décadas después logró completar y volcar en un libro imprescindible el militante político Gonzalo Chávez. Lo llevó al extremo con el terrorismo de Estado instaurado en la segunda mitad de la década de los años setenta, cuando perpetraron un genocidio que eliminó a un grupo político de la sociedad integrado por militantes que pertenecían a muy diversos tipos de organizaciones populares.

Ahora, cuando por primera vez en un siglo llegó al gobierno de la Nación mediante el voto de una mayoría de ciudadanas y ciudadanos, la derecha exhibe la misma propensión a la violencia y la misma impunidad para ejecutarla.

Para oponerse haría falta una actitud firme de la dirigencia política, algo sobre lo cual no pueden albergarse muchas esperanzas dada su propensión a ser pusilánimes ante los poderes de facto, como lo demostraron en los años noventa, cuando el país y su pueblo fueron arrasados por una política al servicio de las clases sociales dominantes y de la dominación extranjera. La misma conducta se repite ahora con el apoyo en el Congreso y la complacencia sindical frente a políticas similares a las de aquellos años.

Hace falta entonces una enérgica reacción desde la sociedad civil, con el liderazgo de todas las personalidades y de cualquier expresión de las fuerzas democráticas y populares, para que pueda frenarse la actual involución hacia la barbarie.