Los nuevos “Bastones Largos” o el acoso a la educación universitaria pública

 Los nuevos “Bastones Largos” o el acoso a la educación universitaria pública

La denuncia de Marijuan contra 52 Universidades nacionales generó reacciones entre todos los actores de la Educación Superior. "La desproporcionada imputación del fiscal Marijuan se inscribe en este proceso de deslegitimación de la Universidad Pública", detalla el profesor Carlos Ciappina.

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Por Carlos Ciappina

Esta semana nos hemos enterado por los medios de comunicación hegemónicos de una imputación estrambótica: un fiscal federal denunció a 52 (de un total de 54) Universidades Públicas Nacionales por el delito de “malversación de fondos”.

Podemos imaginar que haya algún caso particular de “malversación de recursos”. Ninguna institución (pública o privada) está exenta de ese riesgo. Pero, ¿es posible que TODO el sistema público universitario, con sus heterogeneidades políticas, gobiernos pluripartidarios y multiclaustros, haya hecho una “malversación de fondos” sistémica? Nos parece, lisa y llanamente, un absurdo.

¿Por qué podemos afirmar que la imputación es absurda, aun sin ver los contenidos de la causa?

El sistema universitario público argentino se rige por los principios de la reforma Universitaria de 1918: autonomía y cogobierno. Cada Universidad en todo el territorio nacional elige sus propias autoridades, con participación política de cada uno de sus claustros y sin injerencia de las autoridades locales, provinciales o nacionales. Así, en el sistema Universitario Público conviven las más diversas agrupaciones políticas en mayorías y minorías. Hay Facultades y Universidades bajo el gobierno de socialistas, de radicales, de peronistas, de coaliciones que incluyen trotskistas, comunistas, independientes. La riqueza política y las oposiciones ideológicas son profundas y a veces irreconciliables.

Los Consejos Superiores y los Consejos Académicos debaten el uso de los presupuestos, la asignación de recursos, el llamado a concursos, el desarrollo de obras, la aprobación de planes de estudios, etcétera, etcétera, etcétera. En la enorme mayoría de los casos, los ámbitos de gobierno universitario incluyen gestión y oposición.

Para que haya un sistema de malversación de recursos de todo el sistema universitario público tendrían que estar de acuerdo cientos de organizaciones de alumnos, docentes y no docentes a lo largo y a lo ancho del país. Agrupaciones que son opositoras entre sí, a los distintos gobiernos universitarios, y contrarias en muchos casos a gobiernos provinciales y nacionales, deberían hacer la vista gorda. Prácticamente ninguna de las organizaciones políticas opositoras en las distintas Universidades ha realizado denuncias en estos años. Desconocer este hecho muestra una falta profunda de conocimiento sobre el sistema público universitario; o, peor aun, mala fe.

El sistema público universitario se sostiene con el trabajo esforzado y cotidiano de docentes, investigadores y no docentes que perciben sus salarios de acuerdo a nomencladores de carácter nacional, controlados por el Ministerio de Educación de la Nación y por los gremios docentes y no docentes. No hay “discrecionalidad” posible: están claramente estipulados los ingresos por el tipo de cargo, de concurso, los años de antigüedad, y establecen claramente los límites de contratación con respecto a los cargos, al número de horas y los alcances de las dedicaciones.

¿Cómo explicar entonces una imputación por malversación de recursos tan absurda?

El sistema público universitario creció enormemente en estos últimos doce años, después de décadas de desfinanciamiento y decadencia: las Universidades públicas pasaron de 39 a 54 (muchas de ellas en nuevos territorios, como el conurbano bonaerense o provincias del interior de país); el número de estudiantes pasó de 1.412.000 en el año 2003 a 1.900.000 estudiantes para 2015 (una suba del 34%) y los graduados pasaron de 65.000 al doble: 125.000. El presupuesto para las Universidades públicas se duplicó en relación con el PBI: pasó del 0,5% al 1%. Las becas universitarias eran 2.726 en el año 2003 y en el año 2014 llegaron a 66.464 alumnos. Las obras de infraestructura acompañaron este proceso de crecimiento (que no pretende ser exhaustivo) y las Universidades públicas más que duplicaron su superficie construida.

Como consecuencia de este proceso de ampliación, mejoramiento y expansión del sistema universitario público (que, aclaramos por las dudas, tiene 195 años de antigüedad), cientos de miles de nuevos estudiantes pudieron acceder a la Universidad. De más está decir que lo hicieron sin que nadie les consultara si eran radicales, peronistas, socialistas, del PRO o de cualquier otro partido político. Tampoco se les cobró un peso, ni se les exigió adhesión a ninguna ideología. Y sí, nuestro sistema universitario público no distingue entre argentinos y extranjeros si estos cumplen con los requisitos legales de residencia en el país.

A la búsqueda de una Universidad para pocos

Primero, el procedimiento: creemos que la lógica de semejante imputación continúa con la modalidad que ha adquirido el disciplinamiento político–social de carácter neoconservador desde el cambio de Gobierno de diciembre de 2015. El procedimiento es harto conocido, pero se repite una y otra vez desde diciembre de 2015: un fiscal o un juez inician una causa por “corrupción”, dicha causa, aun antes de llegar a juicio y menos aun a establecerse una condena, es propalada y transmitida por la virtual cadena nacional de los grupos mediáticos oligopólicos en nuestro país. En dos ediciones, la denuncia establece la “culpabilidad” de los denunciados. ¿Por qué ahora se ha utilizado este proceder con las Universidades públicas?

Segundo: interpretaciones sobre el procedimiento. Es un dato histórico que los procesos de restauración conservadora han agredido al Sistema Universitario Público. La autodenominada Revolución Libertadora (la dictadura de Rojas y Aramburu) que derrocó al Gobierno democrático de J. D. Perón en 1955 (que había establecido la gratuidad de la educación universitaria) llevó adelante una profunda purga docente y no docente bajo la figura de la “desperonización”. El ingreso de los alumnos se desplomó durante los años de esa dictadura.

La dictadura del General Onganía (que derrocó a Arturo Illia en 1966) dio un paso más allá: en un operativo abierto y público, desalojó las Universidades (y a sus profesores y autoridades) a bastonazos de la mano de la Policía Federal. Las consecuencias: cientos de profesores encarcelados y otros tantos emigrados, debido a que para el general de caballería la Universidad pública era un peligro, pues formaba izquierdistas y comprometía la Seguridad Nacional.

Para la última dictadura cívico-militar (1976-1983), las Universidades públicas formaban “subversivos” y, en consecuencia, descargaron sobre la misma la represión más brutal (las desapariciones, asesinatos y encarcelamiento de alumnos, docentes y no docentes), junto con el cierre de Facultades y carreras. Todo esto, acompañado de un proceso de arancelamiento y cupos de ingreso que redujo sensiblemente el número de alumnos universitarios en todo el país.

¿Nos puede extrañar, entonces, que bajo un Gobierno de restauración conservadora como el actual los medios hegemónicos nos hablen permanentemente de la “calidad” educativa de las Universidades públicas (“calidad” pobre según parámetros que nunca explican) e insistan sobre la necesidad de restringir el ingreso (en general y para los extranjeros sobre todo) y aun de instalar la idea de que la Universidad pública debería ser arancelada como forma de mejorar su “calidad”?

La desproporcionada imputación del fiscal Marijuan se inscribe en este proceso de deslegitimación de la Universidad pública.

¿Es una maniobra dirigida exclusivamente al Gobierno anterior? Podríamos decir que sí; que se inscribe en la multiplicidad de causas (alguna con fundamento; la gran mayoría sin ninguna base concreta y con bastante de “armado” político). Pero también debemos señalar que detrás de esta megacausa contra las Universidades públicas se encuentra una razón que excede a la cuestión de un Gobierno u otro: lo que está en juego aquí es una concepción que considera que las Universidades públicas no deberían existir; que las nuevas Universidades públicas (creadas en el conurbano) tendrían que desaparecer porque son un gasto superfluo, y que, en definitiva, la educación universitaria no debe ser para todas/os sino un sistema restringido, elitista y privatizado.

Aramburu y Rojas, Onganía y Videla, lo intentaron por la fuerza bruta, con intervenciones, represión y desapariciones. En la actual reconversión de las derechas, el instrumento es otro: la articulación entre el poder mediático concentrado y amplios sectores del Poder Judicial.

Las modalidades son menos brutales, pero el objetivo es el mismo: derruir la educación universitaria pública, gratuita y de libre ingreso; ampliar la brecha entre las Universidades públicas y las privadas en favor de las privadas, desarticular un espacio de formación de profesionales que al mismo tiempo forma líderes políticos y sociales.

No es el interés por la “calidad”, ni la búsqueda de la “excelencia educativa” ni la persecución de la “corrupción” lo que mueve al Gobierno neoconservador: lo que molesta desde siempre es el carácter democratizador de una política universitaria pública, libre, gratuita y masiva; la oportunidad de ascenso social y profesional para los sectores populares y la perspectiva de una mayor organización y concientización política que las Universidades públicas de carácter masivo habilitan.


 

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