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El Gobierno de Macri impulsa en silencio un proyecto de reforma de la ley sobre libertad religiosa

Cambiemos sólo convocó a los grupos cristianos más fuertes. La iniciativa contempla el derecho de objeción de conciencia de los médicos para no practicar abortos. Un experto advirtió sobre el poder de estos grupos en la región, donde operaron para destituir a Dilma en Brasil y alentaron el “No” en Colombia.

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Por Gabriela Calotti

“Hay que evitar que sólo sean los actores religiosos los que discutan una ley sobre libertad religiosa. Esto es importantísimo. Que estén de acuerdo los sectores religiosos sobre una ley me parece importante. Me parece valioso consensuarla, pero hay que consensuar con el conjunto de la sociedad”, sostuvo Fortunato Mallimaci, sociólogo y experto en religiones, durante un extenso diálogo con Contexto a raíz del proyecto de reforma impulsado por el Gobierno de Mauricio Macri del que sólo dio cuenta un “gran diario argentino”.

Según una nota publicada esta semana, el proyecto en cuestión “garantizará a todos los cultos el ejercicio de una serie de derechos y beneficios largamente reclamados por organizaciones religiosas que no pertenecen a la Iglesia católica y que, en muchos aspectos, las pondrán en un pie de igualdad con la católica”.

“Esa discusión hay que darla, pero hay que evitar que los grupos religiosos se junten con los actores políticos y saquen una ley que sólo los beneficie a ellos”, sostuvo Mallimaci, doctor en Sociología de la Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales de París, antes de aclarar que, no obstante, la reforma de esa ley “es una asignatura pendiente de la democracia”.

Mallimaci aseguró que ni sectores académicos ni sociales fueron convocados para debatir el proyecto de reforma de la ley en cuestión. “No fuimos convocados para nada. Nos hemos enterado por el diario”, afirmó.

“Acá hay que conocer de qué trata el proyecto, porque si es como los anteriores, preserva para la Iglesia católica una serie de privilegios inadmisibles en democracia”, advirtió.

En su opinión, el hecho de que el Gobierno no convocara a otros actores de la sociedad a participar es “porque se sigue pensando tipo lobby. Si hay que hacer una ley, la consultamos sólo con este grupo de gente, como si eso no afectara al conjunto de la población”.

“Hay otros grupos religiosos que parece no tendrán acceso porque no se los ha llamado” para discutir la reforma de esta ley, y esto plantea “toda una serie de problemas que tienen que ver con democratizar, participar y aceptar el conjunto de la diversidad”, opinó el experto, que fue decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.

Para analizar el proyecto que impulsa el secretario de Culto de la Nación, Santiago de Estrada de la Torre –abogado, dirigente católico y funcionario nacional y de la Ciudad de Buenos Aires desde los tiempos de Onganía hasta Macri, excepto durante la gestión de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner–, fueron invitados en su mayoría grupos cristianos. “No creo que hayan sido invitados grupos umbanda o grupos de religiones originarias o los grupos orientalistas, porque con los cristianos ya tenés el noventa y pico por ciento de la población argentina, y con los grupos judíos hay otras maneras de vínculo”, precisó.

Según la “Primera Encuesta sobre Actitudes y Creencias Religiosas en la Argentina, investigación realizada desde el CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) en 2008, el 76% de 2.043 encuestados se definió como católico, el 9% evangélico (Pentecostal, Baptista, Luterana, Metodista, Adventista e Iglesia Universal del Reino de Dios) y el 11,3% ateo, agnóstico o sin religión. Entre los evangélicos también figuran Mormones y Testigos de Jehová. En Argentina también se practican religiones de los pueblos originarios, budista y musulmana.

Mallimaci consideró que los grupos religiosos son “actores” evidentes en una reforma semejante, pero insistió en que la sociedad civil tiene su palabra que decir porque hay muchas preguntas para hacerse sobre la financiación que les da el Estado, sobre la laicidad y la separación del Estado de la Iglesia, particularmente la católica.

“En la sociedad civil, cada uno no se financia como quiere. ¿Por qué no se financian a partir de sus fieles y no del Estado? ¿Por qué va a haber tarifas sociales para grupos religiosos y no para otros sectores de la sociedad que también las necesitan?, se preguntó.

“Mi pregunta va por qué el club de barrio, la organización de mujeres, no tienen las mismas posibilidades que tienen los grupos religiosos. Esta es la discusión profunda que hay que dar, que no se quiere dar y que no se quiso dar”.

¿Por qué el Gobierno reflota ese proyecto de reforma sin convocar a toda la sociedad? Para Mallimaci, la respuesta comienza por el papel de “los medios como actores de poder importantes, vinculados con tal o cual grupo religioso”, y sigue por “los vínculos que guarda el actual secretario de Culto”, que ha sido funcionario nacional desde la dictadura de Juan Carlos Onganía (1966-1970) hasta el actual Gobierno del PRO.

En efecto, De Estrada ocupó cargos durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983); luego, del Gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989), de Carlos Menem (1989-1999) y de Fernando de la Rúa (1999-2001). A partir de 2000, en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Fue profesor en la Universidad Católica Argentina (UCA) y miembro de la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Argentina entre 1993 y 1996.

Según un artículo de Mallimaci y Guido Giorgi publicado en el número 29 de la Revista de Ciencias Sociales que edita la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), De Estrada es considerado un “intermediario entre la Iglesia y la política”.

“Los vínculos establecidos por De Estrada a lo largo de su trayectoria político-religiosa condicionaron y habilitaron determinado estilo de gestión, que generó canales de diálogo y de trabajo a partir de afinidades y lazos previos”, afirman los dos investigadores.

Objeción de conciencia frente a un aborto

Entre los “derechos” que contiene, la reforma encierra dos que deberían ser incluidos en el Código Penal para entrar en vigor, pues se trata nada más y nada menos que el derecho a ampararse en la objeción de conciencia para negarse a practicar un aborto –recurso ya utilizado por médicos en casos de niñas violadas que quedaron embarazadas– o a recibir una transfusión de sangre.

Bien vale interrogarse sobre la oportunidad o el oportunismo del Gobierno, que filtra el proyecto en momentos en que la sociedad argentina debate cada vez más sobre la violencia de género, los femicidios, los derechos de las mujeres, la comunidad LGTB y el debate que se abrió en territorio bonaerense luego de que la gobernadora macrista, María Eugenia Vidal, diera marcha atrás en la adhesión de la provincia al Protocolo para la interrupción legal de un embarazo (ILE).

Avalado por la Corte Suprema, la aplicación de ese Protocolo en todo el país y no sólo en algunas provincias impediría que adolescentes o mujeres que quedaron embarazadas producto de una violación se vean obligadas a seguir adelante pese a su voluntad o acudan a abortos sin control sanitario y mueran en circunstancias que podrían evitarse.

Ante ese planteo, Mallimaci se preguntó: “¿Dónde están los partidos políticos en la provincia de Buenos Aires y qué han dicho sobre este tema?”.

“Esta es una sociedad democrática. Si hay que hacer una Ley sobre el aborto, que diga lo que quiera el obispo Aguer, el Papa o el cardenal de la Ciudad de Buenos Aires, pero los que votan y deben levantar la mano son los diputados y senadores”, sostuvo el experto, para quien son los cargos electos por el voto popular quienes deben explicar, en este caso, por qué no se aplica tal o cual norma, más aun si está avalada por la Corte Suprema.

A mediados de octubre, Vidal frenó la publicación en el Boletín Oficial bonaerense de una resolución firmada días antes por la ministra de Salud de la provincia, Zulma Ortiz, adhiriendo al Protocolo ILE. El argumento que dejó trascender el Ejecutivo fue que el secretario de Legal y Técnica de la provincia, Julio Conte Grand, miembro del Opus Dei, el ala ultraderechista de la Iglesia católica, se había negado a firmar su publicación.

“¿A alguien le parece que en política, si un fulano dice yo no lo firmo, la gobernadora va a decir, ‘ah, bueno, respeto a este fulano que dijo yo esto no lo firmo’? ¿Y la ministra qué dijo? ¿‘Ah, entonces, bueno, si él no quiere…’? Me parece infantil. Nos tratan como tarados a los ciudadanos y ciudadanas”, se quejó Mallimaci.

“¿Fulanito de tal porque es del Opus Dei? ¿Y qué pasa? Yo a fulanito de tal no lo voté. Yo voté senadores y diputados y una gobernadora”, agregó el sociólogo antes de insistir: “Y entonces, una vez que Conte Grand tomó esa decisión, se cerró la discusión? No me parece. Es fácil decir que el secretario Conte Grand no firmó porque es del Opus Dei y causa finita…. Si aceptamos eso así nomás, hemos perdido el debate y la batalla cultural, ideológica y política”, enfatizó el sociólogo.

“Es obvio que los grupos religiosos tienen poder, pero el que vota es un senador, un diputado. Ahí hay que ir… porque yo elijo diputados y senadores, no elijo obispos, pastores o chamanes”, reclamó.

Vidal no explicó en ningún momento de forma clara lo ocurrido con el Protocolo sobre aborto no punible, y Conte Grand suena para ocupar el cargo que María del Carmen Falbo dejará vacante a fin de año en la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia provincial.

El poder creciente de los grupos religiosos en América Latina

Al referirse al papel que los grupos religiosos están jugando en América Latina de forma cada vez más preponderante detrás de actores políticos, Mallimaci alertó sobre lo ocurrido en los últimos meses en Brasil, con la destitución, en agosto pasado, de la presidenta elegida democráticamente Dilma Rousseff, que fue blanco de un golpe legislativo y económico instigado por su vicepresidente Michel Temer.

“En Brasil, el 100% de los grupos evangélicos que tenían diputados o senadores en las Cámaras votaron en contra de Dilma Rousseff, pero votaron desde sus propias convicciones religiosas y dijeron barbaridades”, sostuvo.

De los 92 diputados, por ejemplo, del Frente Parlamentario Evangélico, que representaba al 20% de la cámara Baja, 91 votaron por el juicio político contra Dilma.

En Colombia, donde el 2 de octubre se celebró un plebiscito sobre el histórico acuerdo de paz entre el Gobierno y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), poco más del 50% de los votantes dijeron “No”.

“Cuando el ‘No’ en Colombia, se dijo poco y se habló poco de que la mayoría de los grupos religiosos evangélicos y un gran sector de los católicos votaban por el ‘No’ porque decían que el ‘Sí’ favorecía el matrimonio igualitario, destruía la familia e iba por el aborto”, sostuvo el experto.

“Son grupos organizados que a través de los grupos religiosos expresan también sus intereses políticos, económicos, culturales e ideológicos, remarcó volviendo a su punto de partida sobre el papel que deben desempeñar estos en la sociedad.

Los grupos religiosos “son actores importantes, tan importantes que no hay que dejarles que tomen solos decisiones en el Estado cuando estamos en democracia, y mucho menos sobre su accionar legal y estatal”, sentenció.

Mallimaci consideró que este comportamiento refleja lo que denominó “modernidad latinoamericana”, en referencia a la forma en que América Latina construyó los vínculos entre política, economía, medios, justicia, religión, etcétera.

“Hay gente que cree que es sólo una discusión en el mundo religioso y no es así, ni fue así la configuración histórica del poder en América Latina. No es como en Europa o Estados Unidos. Todos esos poderes están más involucrados de lo que uno cree por familia, por convicciones, por relaciones, por historia, por trayectoria”, concluyó.

En su opinión, el hecho de no involucrarse en esas discusiones o no participar hace que “al no darles respuesta, se hacen más fuertes”, sentenció.


 

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