Por Miguel Croceri

La principal fuente de legitimidad del Gobierno de Mauricio Macri es haber ganado las elecciones. Fue por una mayoría estrecha pero suficiente. Sin embargo, la fuente de poder –no de legitimidad– más determinante que tiene el macrismo para ejercer el mando del Estado es el apoyo de los poderes fácticos del país y del resto del mundo.

Con el kirchnerismo ocurrió todo lo contrario: los poderes de facto –las corporaciones y los factores de poder internacionales– tuvieron bajo asedio permanente al Gobierno de Cristina Kirchner desde que la entonces presidenta llevaba apenas tres meses de mandado (marzo de 2008), y el sector agropecuario desató el más grande sabotaje al tránsito y al abastecimiento que haya sufrido Gobierno alguno en cualquier etapa de la historia argentina dentro de un periodo democrático.

Pero a las autoridades actuales, aun con todo el “viento a favor” de los sectores corporativos de su lado, le faltaba controlar un elemento fundamental para ejercer el Gobierno y así imponer su voluntad política y sus decisiones al conjunto de la sociedad, ya que carece absolutamente de respaldo en el Congreso. Ganó por poco la elección presidencial, pero su representación en las cámaras legislativas es ínfima.

Sobre 72 miembros del Senado, cuenta apenas con seis integrantes del bloque Frente PRO y ocho de la Unión Cívica Radical. En Diputados, una Cámara de 256 miembros, el Interbloque Cambiemos tiene 87: son 42 de Unión-PRO, más 36 de la Unión Cívica Radical, otros 4 de la Coalición Cívica (una de ellas, la mediática Elisa Carrió), y 5 de partidos provinciales.

¿Cómo hizo el macrismo para revertir semejante debilidad parlamentaria? Generando el “opoficialismo” (según el impecable término acuñado por el periodista Horacio Verbitsky), es decir, los opositores que son oficialistas. Las expresiones más relevantes de ese sector en Diputados la conforman el grupo de Sergio Massa, y el bloque tránsfuga que encabezó Diego Bossio al separarse del Frente para la Victoria. En el Senado, la misma función la cumple una mayoría de entre 25 y 30 integrantes del bloque PJ–Frente para la Victoria, presidido por Miguel Pichetto, que tiene un total de 40 miembros.

Esta oposición de hoy es aliada al Gobierno. Exactamente al revés de como fue la oposición en las dos presidencias de Cristina, cuando se dedicó al sabotaje político. Ejerció un férreo, compacto y consecuente boicot a todas las iniciativas del Gobierno nacional, que tuvieron un pico alto cuando a fines de 2010 –pocas semanas después de la muerte de Néstor Kirchner– le rechazaron la ley de presupuesto para el año siguiente.

En ese momento había una mayoría opositora que duró dos años, desde las elecciones parlamentarias de 2009 hasta la reelección de Cristina en 2011. En el ejercicio fiscal 2011 el Poder Ejecutivo debió administrar las finanzas públicas sin una pauta presupuestaria. Fue el primer Gobierno de la historia que se vio obligado a trabajar sin presupuesto, suele recordar la ex presidenta.

La oposición de entonces era, en líneas generales, el oficialismo actual. De los sectores que integran Cambiemos, el PRO era un partido menor y con pocos senadores y diputados, como lo es aún hoy, aunque presumiblemente eso se modificará en las elecciones legislativas de 2017, donde el macrismo espera mejorar su representación legislativa. Pero los oficialistas actuales, especialmente de la ahora disminuida Unión Cívica Radical, tenían las bancadas opositoras más fuertes del Congreso.

También tenían peso relativo en la Cámara de Diputados los grupos a quienes los medios dominantes llamaban “peronismo disidente”, que eran herederos de los rasgos ideológicos y prácticas políticas del justicialismo de los años noventa, cuando fue liderado por Carlos Menem y Eduardo Duhalde, amigos-enemigos entre sí que condujeron durante casi una década y media, desde 1988 hasta 2003, al espacio político fundado por Juan Perón y Evita.

Cómo se votaron leyes fundamentales

Aquella oposición trató de impedir los proyectos más transformadores del kirchnerismo, excepción hecha de la renacionalización de YPF que el radicalismo votó a favor, quizás por pudor y por algún residuo de decoro, ya que uno de sus fundadores fue Hipólito Yrigoyen, en cuyo Gobierno se fundó la compañía petrolera estatal.

(Un repaso de cómo votaron en el periodo anterior quienes hoy son oficialistas fue publicado por el portal Política Argentina el 20 de julio de 2015: http://www.politicargentina.com/notas/201507/6906-como-voto-el-pro-las-leyes-que-hoy-reivindica.html)

(También la agencia Télam, el 30 de octubre de 2015, hizo un compendio informativo centrado en los votos del Frente para la Victoria y del PRO: http://www.telam.com.ar/notas/201510/125384-fpv-pro-cambiemos-leyes-votacion.html)

Fuera del caso de YPF, votaron por ejemplo contra la abolición del negociado de la jubilación privada, que contribuyó a la quiebra del país en 2001, ya que el Estado le pagaba a la mayoría de los jubilados pero los que recaudaban los aportes para el sistema previsional eran los bancos y sus AFJP (Administradoras de Fondos de Jubilación Privada). El Estado neoliberal había cerrado su ventanilla de cobro y mantenía abierta la de pago. Así se fundió y en 2001 explotó todo.

A esa ley de recuperación de soberanía económica y fortalecimiento del poder público estatal se opusieron los opositores de entonces, valga el juego de palabras.

(Así lo informaba Clarín el 21 de noviembre de 2008: http://edant.clarin.com/diario/2008/11/21/elpais/p-01807346.htm)

También se opusieron a la recuperación para el país de Aerolíneas Argentinas, que había sido privatizada por el menemismo en 1990.

(El portal de noticias Infobae publicó el 22 de agosto de 2008 la noticia de la media sanción de la ley en Diputados: http://www.infobae.com/2008/08/22/398807-los-diputados-aprobaron-la-nacionalizacion-aerolineas/)

La empresa aérea argentina estuvo en manos de sucesivos capitalistas extranjeros que la llevaron a la quiebra. El último de ellos fue Antonio Mata, tiempo después condenado a prisión en España por manejos fraudulentos en torno de la compañía de aviación.

(La edición digital del diario Página/12 dio cuenta de esa condena judicial el 17 de diciembre de 2013: http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-235865-2013-12-17.html)

Las maniobras comerciales de Mata en nuestro país incluyeron la de ser accionista mayoritario del diario Crítica de la Argentina. Su socio era Jorge Lanata, empresario de negocios turbios que es más conocido como showman radial y televisivo.

(Una referencia a los negocios de Mata y Lanata pueden encontrarse en una nota del portal de noticias La Política Online”, del 13 de mayo de 2010: http://www.lapoliticaonline.com/nota/44357/)

Del voto de los actuales oficialistas cuando eran oposición también se destaca su rechazo a la ley de Tierras, que puso límite a la extranjerización del suelo argentino –y que fue parcialmente derogada de facto por Mauricio Macri, mediante un decreto similar al de las dictaduras militares–. La ley se aprobó a fines de 2011, y durante su tratamiento en Diputados la mayoría de quienes ahora forman Cambiemos o son sus aliados votaron en contra o se ausentaron en masa con pretextos reglamentarios.

(El portal de noticias El Parlamentario informó detalladamente, el 24 de julio de 2013, cómo fue la votación en la Cámara de Diputados: http://www.parlamentario.com/noticia-55329.html)

Igualmente, se opusieron a la ley de reforma del mercado de capitales, que fijaba pautas para de control y funcionamiento de los movimientos bursátiles, y pretendió ser un instrumento –fallido, porque no llegó a implementarse plenamente– para impulsar el desarrollo del país mediante la obligación legal para las grandes sociedades que cotizan en bolsa de destinar parte de sus fondos a la inversión en proyectos productivos.

(Nota de La Nación sobre el tema, 30 de noviembre de 2012: http://www.lanacion.com.ar/1531858-es-ley-la-reforma-del-mercado-de-capitales)

Del mismo modo rechazaron la ley de reforma del Banco Central, que superaba la obligación –heredada del menemismo– de que esa institución tuviera como función excluyente la defensa de la moneda nacional, y ponía su funcionamiento al servicio del desarrollo, la producción y el empleo.

(Nota de Diario Uno de Mendoza, del 14 de marzo de 2012, tras la votación en la Cámara de Diputados: http://www.diariouno.com.ar/economia/diputados-aprobo-general-la-reforma-la-carta-organica-del-banco-central-20120314-n103343.html)

Por último, en una de las manifestaciones más extremistas del sabotaje y desestabilizadora de un Gobierno democrático, la oposición al kirchnerismo mantuvo una Corte Suprema de Justicia funcionando durante un año sin uno de sus cinco jueces, al negarse a considerar cualquier propuesta del Poder Ejecutivo para cubrir la vacante. Los senadores del actual oficialismo hicieron un explícito pacto para impedirle a la entonces presidenta ejercer esa atribución constitucional.

(Así lo reflejaba una nota del diario La Nación el 19 de noviembre de 2014: http://www.lanacion.com.ar/1745331-senado-la-oposicion–rechazo-discutir-la-designacion-de-jueces-en-la-corte-propuestas-por-el-gobierno)

Ya ocurrió en los noventa

Las razones de por qué aquella oposición actuaba de forma opuesta a la de hoy, cuando los roles están invertidos, son variadas. Quizás la más importante sea la dependencia financiera de las provincias respecto del Estado nacional. Eso lleva a que los gobernadores, que normalmente son los líderes de su fuerza política en los respectivos territorios que gobiernan, ordenen a los legisladores nacionales de sus provincias –en particular a los senadores– que respalden con su voto en el Parlamento las decisiones del Gobierno nacional.

La situación era distinta durante el Gobierno anterior, sobre todo en la última presidencia de Cristina, donde los partidos y dirigentes que componen el oficialismo actual no gobernaban en ningún lado, excepto Corrientes y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en esta última con Macri como jefe de Gobierno. Pero la Capital Federal es el distrito con mayor recaudación impositiva propia en relación con la cantidad de habitantes, y por lo tanto con menor dependencia del auxilio financiero nacional.

Más allá de las causas, desde aquella oposición al kirchnerismo que saboteó todas sus acciones y decisiones, hasta esta alianza parlamentaria entre un macrismo gobernante que casi no tiene representación en el Congreso pero sí tiene un peronismo “opoficialista” que la sostiene, hay una zona del funcionamiento del poder institucional argentino que revela el carácter burocrático de algunos grupos de la dirigencia política surgida del voto ciudadano.

Son representantes elegidos para defender el bien común y los intereses generales de la sociedad, pero su conducta cuando ocupan lugares de poder es capaz de hacer todo lo contrario. Ya ocurrió en los años noventa, y el desenlace fue la quiebra económica del país y la catástrofe humanitaria, social y política más grave de la historia contemporánea de la nación.

Los riesgos de repetir una situación semejante se agrandan a medida que Argentina, en menos de un año de un Gobierno de derecha, volvió a endeudarse a niveles alarmantes, ya se quedó sin trabajo una cantidad de personas que algunos cálculos sitúan en 200 mil, y empezaron a perderse uno a uno todos los derechos recuperados en los doce años anteriores.

Si algún día nuestra Patria volviera a vivir una crisis dramática similar a la de comienzos de siglo, hace quince años, para comprender sus causas y responsabilidades será necesario mirar cómo se comportó una gran parte de la oposición cuando había un Gobierno de devastación nacional, y sin embargo ellos lo trataban amigablemente y lo respaldaban en el Congreso.