Abogados de Milagro Sala: “Nos espían como en la dictadura”

Abogados de Milagro Sala: “Nos espían como en la dictadura”

Elizabeth Gómez Alcorta y Ariel Ruarte hablaron con Contexto luego de denunciar penalmente a Patricia Bullrich por las tareas de inteligencia ilegales que realizó Gendarmería sobre la Tupac Amaru y otras organizaciones. También se presentó un proyecto de repudio en la Legislatura de Jujuy.

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Por Fernando M. López 

En plena democracia, violando la legislación vigente, las fuerzas de seguridad del Gobierno de Mauricio Macri despliegan tareas de inteligencia sobre todos aquellos sectores a los que consideran “enemigos” del proyecto neoliberal impuesto hace diez meses.

La punta del iceberg se conoció hace unos días, cuando el diario Ámbito Financiero dio a conocer catorce informes de Gendarmería que reportan, con lujo de detalles, las actividades de organizaciones sociales, gremios, partidos políticos, asociaciones de usuarios contra los tarifazos, y legisladores nacionales y provinciales, entre los meses de agosto y septiembre de este año.

 No hay ninguna diferencia entre los informes de inteligencia que hoy hace Gendarmería y los que antes hacía la DIPBA.

“Esto es terrible. Se trata de una clara política de persecución. Yo soy docente de la Facultad de Derecho de la UBA y trabajo con los juicios de lesa humanidad. No hay ninguna diferencia entre los informes de inteligencia que hoy hace Gendarmería y los que antes hacía la DIPBA (Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires). Nos espían como en la dictadura”, remarcó a Contexto Elizabeth Gómez Alcorta, quien forma parte del equipo de abogados de Milagro Sala.

Tras obtener la documentación probatoria, Gómez Alcorta, junto a su colega Luis Paz y el coordinador nacional de la Tupac Amaru, Alejandro Gafagnini, denunciaron penalmente a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por abuso de autoridad y violación a la Ley 25.520 de Inteligencia. Esa norma prohíbe de manera taxativa espiar o almacenar datos “sobre personas por el sólo hecho de su raza, fe religiosa, orientación o identidad sexual, acciones privadas u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias o laborales”.

En la causa, que quedó a cargo del juez federal Claudio Bonadio, se presentaron las copias de seis de los catorce reportes de inteligencia que involucran a distintas organizaciones de Jujuy, entre ellas la que lidera Milagro Sala.

La información de Gendarmería se centra en el acampe y la huelga de hambre que llevó adelante la Tupac durante el mes de agosto en Plaza de Mayo, donde se exigía el inmediato cese de la incomunicación ilegal que sufría Sala. La fuerza también repara en las jornadas convocadas en septiembre por el Frente de Izquierda (FIT) y el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), a raíz de diversos hechos de violencia institucional en Jujuy. Allí participaron las diputadas nacionales Myriam Bregman, Araceli Ferreyra y Josefina González, legisladores provinciales, familiares y víctimas del gatillo fácil, entre otros.

Asimismo, hay informes sobre las actividades del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y la Asociación de Defensa de los Derechos de los Usuarios y los Consumidores (ADDUC).

Para Gómez Alcorta, todo esto revela la existencia de “una red de espionaje ilegal del Estado, concretamente desde la AFI (Agencia Federal de Inteligencia), los organismos de seguridad y las Fuerzas Armadas, que aún hoy no se ha logrado desarticular”.

“Acá es fundamental tener en cuenta las responsabilidades políticas, por eso nosotros denunciamos a Patricia Bullrich. Ella no puede desconocer que Gendarmería está llevando a cabo tareas de inteligencia prohibidas por el artículo 4, inciso 2, de la Ley 25.520.”

“Acá es fundamental tener en cuenta las responsabilidades políticas, por eso nosotros denunciamos a Patricia Bullrich. Ella no puede desconocer que Gendarmería está llevando a cabo tareas de inteligencia prohibidas por el artículo 4, inciso 2, de la Ley 25.520”, señaló la abogada.

En paralelo a la denuncia penal, el diputado del Frente Unidos y Organizados por la Soberanía Popular, Ariel Ruarte, quien también integra el equipo legal de la Tupac Amaru, presentó un proyecto de repudio en la Legislatura de Jujuy.

Antes de exponer ayer en el recinto parlamentario, Ruarte dijo a este medio que el espionaje y las persecuciones por motivos políticos son moneda corriente en la provincia gobernada por el radical-macrista Gerardo Morales.

“Lamentablemente, nos vamos acostumbrando a algo que no tiene por qué ser así. Uno no puede estar aceptando la ilegalidad, hay que reaccionar frente a este tipo de cosas. Acá hay un aparato de inteligencia que surge de la paranoia gobernante. Piensan que los opositores son el enemigo, que estamos tratando de destituirlos, cuando en realidad lo único que hacemos es ejercer nuestro derecho a pensar diferente. Esto demuestra una actitud muy poco democrática de ejercer el poder”, subrayó.

Libertad a Milagro

Tanto Gómez Alcorta como Ruarte confirmaron a Contexto que continúan trabajando intensamente para obtener la excarcelación de Milagro Sala, presa política de Morales desde el 16 de enero último.

La dirigente social fue detenida arbitraria e ilegalmente, ya que se transgredieron sus fueros como parlamentaria del Mercosur, cargo para el que fue electa el 25 de octubre de 2015 por unos 5.500.000 votos. Todas las presentaciones para que la Justicia jujeña respete su inmunidad fueron rechazadas de manera sistemática en las diversas instancias y ahora debe resolver el máximo tribunal provincial.

Por otro lado, sigue en pie la denuncia penal contra los jueces que ordenaron la detención de Milagro, Raúl Gutiérrez, Gastón Mercau y Pablo Pullen Llermanos. La causa, en la que la propia dirigente es querellante, fue impulsada por seis diputados del Parlasur: Julia Argentina Peire, Mario Alfredo Metaza, Ana María Corradi y Eduardo Valdés, del Frente para la Victoria, y Claudia Fernanda Gil Lozano, del Frente Renovador.

“En este momento, la causa se encuentra en un conflicto de competencia, porque nosotros creemos que tiene que intervenir la Justicia federal. En breve debe resolver la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal”, detalló Gómez Alcorta.

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