Por Fernando M. López

Desde la arbitraria detención de Milagro Sala, hace ya nueve meses, queda claro que todo puede suceder en Jujuy, provincia a la que el radical-macrista Gerardo Morales convirtió en un laboratorio nacional de la represión y criminalización de la protesta social.

La máxima referente de la Tupac Amaru, que continúa tras las rejas pese a sus fueros como parlamentaria del Mercosur y el escándalo que genera el caso a nivel internacional, enfrenta el primer juicio contravencional de Jujuy por el acampe realizado entre diciembre y enero frente a la Gobernación, en reclamo de continuidad laboral para las cooperativas.

Fue precisamente por esa protesta que Morales ordenó la detención de Milagro, a través del juez penal Gastón Mercau, quien poco después la imputó por “fraude a la Administración pública, asociación ilícita y extorsión”, entre otros delitos, para poder extender su encierro en la cárcel de mujeres de Alto Comedero.

Si bien la causa por el acampe era insostenible desde lo penal, el titular del Juzgado Contravencional N° 1, Matías Ustárez Carrillo, pudo avanzar de manera paralela hasta llevarlo a juicio. Este juez fue nombrado por el propio Morales a principios de enero, luego de la puesta en vigencia del nuevo Código Contravencional de la provincia. Se trata de un hombre de la UCR que patrocinó legalmente a Pablo Baca, diputado radical que llegó al Superior Tribunal de Justicia también de la mano del actual gobernador.

“una resolución con una sentencia en contra de la Tupac Amaru o de Milagro Sala sería un pésimo antecedente, porque se estaría coartando la posibilidad del reclamo en la vía pública.”

El expediente “001” de Ustárez Carrillo acusa a Milagro y a la Tupac de transgredir el artículo 113 de la Ley 5.860, que prevé sanciones de “hasta nueve días de trabajo comunitario, multa de hasta cinco Unidades de Multa o arresto de hasta tres días” a “quienes permanezcan en espacios públicos alterando el orden, obstaculizando la libre circulación vehicular y/o peatonal, causando temor en la población o limitando ilegítimamente y de cualquier modo el libre ejercicio de los derechos de los ciudadanos”.

El abogado Luis Paz explicó a Contexto que en Jujuy existen presentaciones judiciales por la inconstitucionalidad de esa norma y advirtió que, más allá de las sanciones, lo que está en juego es el derecho a la protesta.

“Para cualquier organización política, gremial o social, una resolución con una sentencia en contra de la Tupac Amaru o de Milagro Sala sería un pésimo antecedente, porque se estaría coartando la posibilidad del reclamo en la vía pública, garantizado tanto por la Constitución nacional como por la Constitución provincial”, subrayó.

El juicio que lleva adelante Ustárez Carrillo desde principios de octubre tendrá su próxima audiencia el 18 de noviembre. “Evidentemente, por lo ocurrido hasta ahora en la provincia, todo tiende a una condena a los efectos de seguir disciplinando a los jujeños, en particular a la clase trabajadora”, agregó Paz.

Portación de rostro

Otro de los abogados defensores de Sala, Ariel Ruarte, sostuvo que con este tipo de acciones se busca fortalecer “el mito de que todo lo malo que pasa en Jujuy es culpa de Milagro y de los tupaqueros”.

“La portación de rostro, la pertenencia a la raza originaria, es causa para la criminalización. Hay una configuración de prejuicio que se transforma en una situación general”, completó a este diario.

En lo que va del año, ya son doce los dirigentes de la Tupac Amaru detenidos e imputados en diversas causas. La última fue Graciela López, integrante de la Red de Organizaciones Sociales, a quien arrestaron el mes pasado tras un violento allanamiento a su domicilio por orden del juez de Control Isidoro Cruz.

Unas semanas después se conocía un fallo de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, que ordenó seguir investigando a Milagro en una causa por “amenazas” que inició Morales en 2009.

“La portación de rostro, la pertenencia a la raza originaria, es causa para la criminalización. Hay una configuración de prejuicio.”

Los jueces del Tribunal Oral de Jujuy, Federico Santiago Díaz, María Alejandra Cataldi y Mario Héctor Juárez Almaraz, habían declarado en mayo “la extinción de la acción penal por prescripción”, pero Casación decidió revocar el sobreseimiento de la dirigente. La Sala IV fue la misma que en marzo de 2015, por unanimidad, benefició con la falta de mérito al dueño del ingenio Ledesma, Carlos Pedro Blaquier, y a su ex jefe de personal, Alberto Lemos. Ambos estaban procesados por delitos de lesa humanidad.

En la carta que Milagro envió al último Encuentro de Mujeres, realizado el 8 de octubre en la ciudad de Rosario, afirmó que esos sectores no perdonan que “nos hayamos empoderado, que hayamos estado de igual a igual con los hombres en las obras, que nos hayamos convertido en dirigentes”.

“Morales y los jueces que nos tienen detenidas ilegalmente no soportaron que una mujer, además negra y también india, haya logrado construir miles de hogares”, dijo, y recordó que “no fueron casas vacías, sino viviendas como las que soñaba Evita, con la escuela, con el centro de salud, con la fábrica y con la pileta”.