Tras diez meses de macrismo, la agricultura familiar “pende de un hilo”

Tras diez meses de macrismo, la agricultura familiar “pende de un hilo”

Esta semana dimitió Oscar Alloatti, el encargado de llevar adelante la primera etapa de despidos, recortes presupuestarios y cierre de programas claves. Temen que el ministro Ricardo Buryaile encare ahora decisiones más agresivas contra el sector.

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Por Fernando M. López

Luego de aplicar una fuerte política de ajuste, vaciamiento y desguace, Oscar Alloatti decidió renunciar como secretario de Agricultura Familiar de la Nación. Con él se fueron otros once funcionarios. En un comunicado, el ministro de Agroindustria, Ricado Buryaile, indicó que se dio “por cumplida una primera etapa” y que, hasta designar nuevas autoridades, el área quedará a cargo de su jefe de Gabinete, Guillermo Bernaudo.

Contexto logró comunicarse telefónicamente con Alloatti para preguntarle sobre las razones de su dimisión, pero dijo que “por el momento” no dará declaraciones a la prensa.

Por su parte, Natalia Morales, delegada de ATE-SAF, explicó a este medio que la renuncia se produjo “justamente cuando se está discutiendo el presupuesto del próximo año” y en medio de una “interna” entre las “distintas expresiones políticas dentro del Ministerio” de cara a las elecciones legislativas.

“Vemos con preocupación la cuestión presupuestaria, así como la continuidad laboral de los 1.200 trabajadores que quedan a lo largo y a lo ancho del país, cuyos contratos vencen el 31 de diciembre. Esta es una repartición que tiene al 100% de sus empleados de manera precarizada”, agregó Morales.

Alloatti, un ingeniero agrónomo que encabezó la Cámara Azucarera de Santa Fe durante la última dictadura cívico-militar y luego se desempeñó en el ámbito privado, despidió a unos 250 trabajadores al asumir como secretario de Agricultura Familiar de Mauricio Macri.

Sus medidas arbitrarias llegaron a provocar la muerte de la comunicadora Melisa Bogarín, quien en el mes de abril, profundamente angustiada por la situación que debía atravesar su familia, se desmayó mientras participaba de una asamblea en el Chaco. Falleció más tarde, cuando era trasladada al hospital.

“Vemos con preocupación la cuestión presupuestaria, así como la continuidad laboral de los 1.200 trabajadores que quedan a lo largo y a lo ancho del país, cuyos contratos vencen el 31 de diciembre.”

“En los últimos diez meses venimos enfrentando los despidos, pero también la creciente precarización. En La Plata y otros puntos de la provincia de Buenos Aires hay compañeros que hace tres meses que no cobran su sueldo. Son todos monotributistas, los más precarizados”, señaló Morales.

Las cesantías se dieron al mismo tiempo que se cerraban programas y reparticiones fundamentales para el desarrollo de políticas en el territorio, y se frenaba la reglamentación de la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena.

“La Ley de Agricultura Familiar contempla un monto para ser entregado a todas las organizaciones campesinas, pero nunca se implementó. Para colmo, muchos de los programas de asistencia técnica y económica fueron cortados por la nueva Administración”, dijo a Contexto Carlos González, integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI).

El MNCI está en el Consejo Asesor de la Agricultura Familiar. Tras reunirse el mes pasado, las trece organizaciones que lo integran denunciaron el congelamiento de la ley, el abandono de políticas públicas para el sector y la falta de presupuesto que afecta a las más de 200.000 familias en todo el país.

La Secretaría de Agricultura Familiar contó este año con 322 millones de pesos. Antes de irse, Alloatti reclamaba un aumento presupuestario del 65% para 2017, aunque Buryaile sólo garantizaría un 18%.

José Luis Castillo, de la Asamblea Campesina e Indígena del Norte Argentino (ACINA), advirtió luego del encuentro del Consejo Asesor que esto es “una sentencia de muerte para la agricultura familiar” porque se necesitan “más de 1.500 millones para hacer realidad la reparación histórica que plantea la ley”.

“La Ley de Agricultura Familiar contempla un monto para ser entregado a todas las organizaciones campesinas, pero nunca se implementó.”

La norma, sancionada en 2014, suspende desalojos por el lapso de tres años, define la tierra como un “bien social” y crea mecanismos para acceder a ella. También establece la prioridad para la compra estatal de los productos de la agricultura familiar, el fomento de las ferias locales y la creación de una cadena nacional de comercialización, entre otros puntos.

Para ATE-SAF, la gestión de Cambiemos, que sólo “garantiza beneficios y políticas públicas para los grandes dueños de la producción y la tierra”, llevó a que la agricultura familiar “penda de un hilo”.

“La mayoría de los trabajadores de la Secretaría no está en oficinas sino en el territorio, pero en estos meses no se pudo salir porque no hay presupuesto. Los recortes impiden que podamos acompañar a las familias de agricultores, en cuanto a vehículos y desarrollo de proyectos productivos. Además, se desmantelaron áreas enteras vinculadas a todo lo que tiene que ver con la problemática de la tierra, cuestiones de género y juventud”, detalló Morales.

Desde el gremio no son optimistas tras la renuncia de Alloatti. Por el contrario, temen una “ofensiva” aun más dura por parte del ministro Buryaile.

“Sólo la unidad entre los trabajadores y el sector de la agricultura familiar podrá frenar esta ofensiva y dar pelea por más presupuesto, políticas públicas de desarrollo productivo y todas las demandas del sector”, consideraron los delegados de ATE-SAF.


 

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