La Sala II de la Cámara Criminal y Correccional Federal confirmó el procesamiento de los dos delegados del gremio judicial Sitraju de C.A.B.A., por “desobediencia a un funcionario público”. Efectivos policiales y funcionarios judiciales les habían ordenado que retirasen una bandera política sobre la pared del octavo piso de los tribunales de Retiro, el 13 de abril, cuando fueron a apoyar a Cristina Kirchner el día que declaró en Comodoro Py en la causa de “dólar futuro”.

La decisión judicial generó un profundo repudio de gremios judiciales de distintos puntos del país, que manifestaron su apoyo a Sitraju adhiriendo a un comunicado que publicó el gremio en las redes sociales. Lo mismo hicieron sindicatos de todas las corrientes de la CGT y de las dos CTA. En ese amplio abanico de adherentes al comunicado hay docentes (Ctera, Conadu, Suteba, Sadop, Ute, Ademys, Feduba), metalúrgicos, farmacéuticos, canillitas, telefónicos, lecheros, curtidores, prensa, legislativos, aeronáuticos, guardavidas, químicos y petroquímicos.

Martín Cruz Pérez Amarelo y Nicolás Esteban Lypca fueron procesados por desobedecer órdenes de la Policía ese 13 de abril para que retiraran la bandera apoyada sobre el edificio judicial con los rostros de Néstor y Cristina Kirchner, y de Enrique “Quique” De Pedro, padre del diputado Wado de Pedro, estudiante de Abogacía de la UBA, dirigente de la JUP y desaparecido durante la última dictadura.

La causa está en manos del juez Canicoba Corral, quien los procesó por desobediencia a funcionario público, confirmado por la Sala II de la Cámara Criminal y Correccional Federal. La defensa de los militantes gremiales adujo que “los defendidos ejercían su derecho constitucional a la libertad de expresión”.

Desde Sitraju de C.A.B.A. dijeron a Contexto que la Cámara basó íntegramente su decisión en los informes de la Policía Federal, sin considerar la libertad de expresión que argumentó la defensa. “Buscan disciplinar a los delegados, lo que significa un mensaje: la militancia sindical y política va a tener un costo”, sostuvieron desde el gremio judicial.

En el comunicado, Sitraju sostiene que esta persecución a los compañeros es un “ataque liso, llano y directo a la libertad de expresión, a la organización sindical y a la fuente laboral”. Agrega que “procesar a dos trabajadores por el solo hecho de manifestar sus ideas políticas en el marco de una organización gremial nos rememora a las peores épocas de la historia de nuestro país. Hoy el Poder Judicial, Comodoro Py, vuelve a funcionar como un legalizador de la persecución”.

En otro comunicado, el Sitraju del Ministerio Público Fiscal afirmó que “no podemos dejar de relacionar este hecho con las declaraciones autoritarias que piden desratizar el Poder Judicial, y las operaciones para presionar jueces y fiscales, todo bajo la actitud cómplice de Julio Piumato”, en referencia al titular de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, denunciado por el juez Carlos Rozanski por “sabotear” los juicios por crímenes de lesa humanidad.