Por Leandro Gianello

La resolución 10564/2016 reestructura el sistema de trazabilidad ideado durante el Gobierno de Cristina Kirchner en respuesta a la llamada “mafia de los medicamentos” en el año 2010, dejando sin control 93 principios activos entre los que se encuentran once variedades de psicofármacos, según explicó el periodista Fernando Krakowiak en un artículo publicado en el matutino Página/12.

La medida del Gobierno macrista habría sido tomada sin consultar a los farmacéuticos y en respuesta a las presiones de los laboratorios nacionales, quienes a su vez reclaman por la inminente liberalización de las patentes de medicamentos extranjeros, lo que conllevaría a un incremento de los precios en los productos.

El sistema de trazabilidad es un mecanismo de control físico e informático que permite conocer origen, ubicación y trayectoria de un producto farmacéutico en toda la extensión de la cadena de distribución, que incluye a laboratorios, distribuidoras, operadores logísticos, droguerías, farmacias y establecimientos asistenciales.

Según el texto que figura en la web oficial del SNT, el mismo “tiene por objetivo controlar los medicamentos y contribuir a erradicar la circulación de aquellos que sean ilegítimos”, permitiendo conocer “de manera eficiente y en tiempo real el recorrido” de cada uno que es liberado en el mercado, “desde su elaboración hasta su dispensación”.

El objetivo principal “es optimizar los procesos de distribución de estos productos” y “dificultar el acceso de medicamentos ilegítimos”, pero los laboratorios arguyen que en la práctica el mecanismo encarece los costos de producción.

Volviendo a la disposición tomada por los dos organismos nacionales (Ministerio de Salud y ANMAT), la misma flexibiliza el control de principios activos que suponen parte importante de las ganancias de los laboratorios, como Alprazolam, Bromazepan, Clonazepan y Flunizepan, entre otros.

Por otro lado, la resolución 56/2016 del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) también afectaría la producción nacional de medicamentos, permitiendo que se tengan en cuenta estudios previos sobre patentes de laboratorios extranjeros.

Según expresaron desde el sector, la resolución oficial abriría la puerta a la importación de patentes, perjudicando la soberanía científica y sanitaria del país, eliminando los exámenes de patentes locales necesarios con una repercusión directa en los precios de los medicamentos.

“El gobierno debería priorizar la elaboración” y la investigación local, pero con esta resolución “estaría fortaleciendo a la industria extranjera”. María Isabel Reinoso, presidenta del Colegio de Farmacéuticos.

María Isabel Reinoso, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires, explicó a Contexto que la medida del macrismo impacta “negativamente en nuestra industria, que es muy importante, y va en detrimento de la producción nacional”.

“El Gobierno debería priorizar la elaboración” y la investigación local, pero con esta resolución “estaría fortaleciendo a la industria extranjera”, agregó Reinoso.

Por ejemplo, “la provincia de Buenos Aires tiene un polo farmacéutico importante que se vería muy afectado, en tanto que ingresarían medicamentos de calidad inferior” producidos en países con controles más laxos.

En este sentido, “no hay necesidad de traer medicamentos de afuera”, y en el caso de que se aplique esta medida, sería una situación muy “preocupante”, concluyó Reinoso.