Por Fernando M. López

El juez federal de Córdoba, Miguel Vaca Narvaja, dictó la primera medida cautelar que protege a las pymes del tarifazo impuesto por el ministro de Energía y Minería de la Nación, Juan José Aranguren. Lo resolvió al hacer lugar a un amparo de la Asamblea de Pequeñas y Medianas Empresas (Apyme) contra el incremento del 500% en las facturas de gas.

El fallo, de alcance nacional, ordena retrotraer la tarifa a los valores vigentes al 31 de marzo último, en beneficio de “pequeños y medianos industriales, comerciantes, prestatarios de servicios, productores agrarios, sectores medios, cuentapropistas, profesionales y otros afines”. Las concesionarias del servicio público también deberán refacturar en un término de diez días los consumos efectuados desde el 1º de abril hasta el 27 de septiembre.

Se trata de un amplio sector que había quedado excluido de la resolución de la Corte Suprema que el 18 de agosto anuló el tarifazo para los usuarios residenciales y obligó al Gobierno de Mauricio Macri a realizar una audiencia pública para fijar un nuevo cuadro tarifario.

En sus fundamentos, Vaca Narvaja consideró que el tarifazo para las pymes, con el tope del 500%, “fue fijado de manera unilateral por el Estado sin audiencia pública previa”, y que el pago de este “aumento excesivo y desproporcionado” constituye un “daño que es irreparable”, tanto para los empresarios del sector como para sus trabajadores, “en un contexto de dificultad económica”.

Tras celebrar el fallo, Daniel Moreira, titular de la Asociación Pyme (Pequeñas y Micro Empresas), explicó a Contexto que muchas unidades productivas debieron cerrar en los últimos meses y que unas 2.000 están “en situación crítica”, al borde de la quiebra.

“En el marco de un mercado interno absolutamente destruido, lo que hace el tarifazo es dejarnos sin la posibilidad de trabajar”, sostuvo, y a esto le sumó “la apertura de las importaciones, la pérdida del poder adquisitivo y la inflación”, que “a las pymes las liquida”.

Moreira recordó que las micro, pequeñas y medianas empresas no sólo generan gran parte del empleo del país, sino que impulsan todo “un contexto socioeconómico” alrededor de los lugares donde se encuentran establecidas. “Cuando cae una pyme, se desploma la vida de un barrio”, subrayó.

Sin embargo, Macri no tiene en cuenta al sector: “No formamos parte de su esquema económico y lo único que nos dice es que, si no es viable lo que producimos, hay que reconvertirse”.

“La reconversión que recomiendan desde el Gobierno es una gran mentira. Podría dejar de fabricar bulones y ponerme a hacer pirulines, pero han destruido de tal manera el mercado interno que, en definitiva, no voy a poder vender ni una cosa ni la otra”, graficó el titular de la Asociación Pyme.

Al conocer la decisión del juez Vaca Narvaja, desde la cartera que conduce Aranguren adelantaron que presentarán la apelación contra el fallo este mismo miércoles.

Mientras tanto, Apyme espera que el magistrado se expida en unos veinte días sobre la nulidad del tarifazo de gas, que es la cuestión de fondo planteada en su amparo. En este sentido, el abogado de la asociación, Miguel Rodríguez Villafañe, hizo hincapié en la “violación” de los artículos 15 y 17 de la Ley 25.188 de Ética Pública.

“Un funcionario no puede tomar ninguna decisión en temas sobre los cuales ha tenido participación directa, y Aranguren era el operador de las petroleras de América del Sur”, dijo al recordar que el ministro mantuvo, desde su asunción hasta el pasado 13 de septiembre, un total de 16,3 millones de pesos en acciones clase A de la Royal Dutch Shell PLC, una de las principales beneficiarias de la política energética trazada por la ceocracia macrista.