Por Leandro Gianello

El largo brazo represivo del Estado ha recrudecido su accionar en los últimos seis meses, según se establece en el Registro de Casos de Violencia Estatal (ReCaVE), elaborado por el Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (Cepoc), con la colaboración de la Asociación Civil de Familiares de Detenidos en Cárceles Federales (AciFaD) y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH).

Dicho informe, realizado sobre publicaciones en diarios nacionales, agencias de noticias no oficiales y el portal de la Campaña Nacional Contra la Violencia Institucional, identificó 113 casos en todo el territorio nacional desde que Mauricio Macri asumió la presidencia.

El ReCaVE sugiere la existencia de “acciones sistemáticas orientadas a la construcción de un ‘Estado policial’, en línea con una singular tendencia de alcance global que procura subordinar los derechos tutelados por garantías constitucionales al imperio de un orden fundado en ‘razones de Estado’”.

El ReCaVE sugiere la existencia de “acciones sistemáticas orientadas a la construcción de un ‘Estado policial’”.

Las situaciones de Violencia Estatal en manifestaciones sociales suben al podio del primer puesto, con un 17,7%; en el segundo puesto, empatadas con el 13,27%, están el gatillo fácil y las detenciones arbitrarias. Cierran las situaciones de “violencia en contexto de otro delito”, con un 15%.

Operativos policiales en la vía pública, averiguación de antecedentes, desalojo, represión a trabajadores ambulantes, violencia sexual, hostigamiento y persecución cotidiana, atropello con víctima fatal, razzias, allanamientos, feminicidios y represión en eventos culturales completan la lista.

Según se detalla en el escrito, la Policía bonaerense protagoniza los incidentes violentos con el 23,9% de los casos observados, mientras que la Federal le sigue con el 19,5%, en tanto que las policías provinciales la siguen con un 15 %, y las locales el 9,7%.

Respecto de los hechos identificados por localidad a nivel nacional, se destaca que el 24% de los casos tuvo lugar en la ciudad de Buenos Aires, mientras que “entre las 56 localidades restantes” sobresale La Plata, con 7,1% de los episodios; Merlo, con un 4,4%; San Salvador de Jujuy, con el 3,5%; y Quilmes, Lomas de Zamora, Ituzaingó y Rosario con un 2,7% cada una.

Fernando Martínez Forlon, abogado integrante del grupo de trabajo que elaboró el Registro, explicó a Contexto que “el informe es muy claro respecto a la política sistemática” que se intenta aplicar desde el Estado.

“El caso de Orellana (detenido por supuesta averiguación de antecedentes el viernes último cuando iba a trabajar, luego muerto en circunstancias dudosas en una dependencia policial de Lanús) resume perfectamente lo que reflejamos en el Informe”. Cuando las fuerzas de seguridad “cumplen roles no explícitos, asistimos al nacimiento de una paralegalidad amparada por el poder político y silenciada por los medios”, aseguró Martínez Forlon.

Cuando las fuerzas de seguridad “cumplen roles no explícitos, asistimos al nacimiento de una paralegalidad amparada por el poder político y silenciada por los medios”, aseguró Martínez Forlon.

Según el abogado, el espíritu del documento es mostrar datos duros “que no existen” en los medios más grandes y que hablan, concretamente, “de una intensificación de la represión”.

De diciembre hasta ahora “hubo un desplazamiento del foco represivo, antes depositado en barrios y espectros sociales vulnerables y marginados, a sectores que antes no estaban dentro de esas acciones punitivas”, como los estudiantes y los trabajadores ambulantes, agregó Forlon.

“El problema es político” y es evidente que “hay sectores (de las fuerzas de seguridad) que se están yendo de control”, concluyó el letrado.

El sistema de la crueldad

mime-attachmentCoincidiendo con la publicación del ReCaVE, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presenta hoy su décimo Informe Anual con datos relevados durante el año pasado que constatan “las sistemáticas violaciones a los derechos humanos y el colapso del sistema penal” en la provincia de Buenos Aires.

El documento de la CPM habla de “torturas sistemáticas, muertes evitables, sobreencarcelamiento, violencia policial, desprotección de los derechos de la niñez y adolescencia, crisis del sistema de salud mental y falta de acceso a la justicia”.

“La provincia de Buenos Aires nunca tuvo tantas personas detenidas ni tantos policías en las calles como en la actualidad; sin embargo, esta política punitivista lejos de solucionar los problemas de seguridad ha incrementado las violaciones a los derechos humanos”, se advierte en el texto del informe.

Según denunció la CPM, hay un “récord histórico de 39.927 detenidos que llevó la tasa de encarcelamiento provincial a 255 cada 100 mil habitantes”, más de la mitad con prisión preventiva, mientras que se registraron 18.557 “hechos de torturas y de agravamiento de las condiciones de detención” y 3.582 causas penales iniciadas contra agentes de seguridad.

La Comisión Provincial por la Memoria advierte desde hace años sobre el colapso del sistema penal, asegurando que las violaciones a los derechos humanos desprendidas “de la aplicación de estas políticas punitivistas atentan contra el sistema democrático y obligan a fortalecer la lucha contra la tortura y otras formas de violencia institucional”.