Por Alejandro Palladino

El secretario de Seguridad del Gobierno de Julio Garro, Daniel Piqué, fue indagado ayer por el fiscal Álvaro Garganta, en la causa en la que está acusado del delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, por la muerte de Emilia Uscamayta Curí, estudiante de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP que murió el 1° de enero ahogada en una fiesta clandestina.

Su testimonio contrasta con los recabados hasta el momento, que salpican a funcionarios y jefes policiales de las Policías Local y Bonaerense. Ante el fiscal, Piqué descargó responsabilidades en el titular de Control Urbano, Roberto Di Grazia, al afirmar que él “no tenía ninguna injerencia operativa” y que “sólo daba lineamientos generales”, informó a Contexto una fuente judicial.

Piqué descargó responsabilidades en el titular de Control Urbano, Roberto Di Grazia, al afirmar que “sólo daba lineamientos generales”.

El secretario de Seguridad también se desligó diciendo que Control Urbano, que acudió a la fiesta mientras se llevaba a cabo y labró actas pero sin suspender el evento, nunca solicitó auxilio a su área de Seguridad. Tampoco dio explicaciones sobre por qué el 31 de diciembre, horas antes de la fiesta, dio la orden de retirar a los policías que debían impedir la realización de la fiesta, según declararon dos efectivos de la Policía Local que hacían guardia frente a la quinta del evento.

La supervisora de los policías, Vanesa Detesano, les indicó que debían “controlar que no haya ningún tipo de evento, ya que no estaba autorizado por la Municipalidad”. Pocos minutos después, Detesano avisó que debían levantar la guardia y que “por orden del jefe nos dirijamos al domicilio de calle 138, entre 519 y 520 […] No recuerdo con exactitud, pero serían las 22:30”, dijo uno de los policías.

La declaración de Piqué se dio en el marco del inicio de los avances de la Justicia sobre la complicidad de funcionarios del municipio en la realización ilegal de la fiesta, que contaba con múltiples irregularidades que llevaron a la muerte de Emilia.

La declaración de Piqué se dio en el marco del inicio de los avances de la Justicia sobre la complicidad de funcionarios del municipio en la realización ilegal de la fiesta, que contaba con múltiples irregularidades que llevaron a la muerte de Emilia. Hasta el momento, los imputados habían sido sólo los organizadores: el dueño de la quinta, Carlos Bellone, el militante PRO Raúl “el Peque” García, el empresario Santiago Piedrabuena, y el relacionista público Gastón Haramboure, único detenido pero por una condena de 2009 por la muerte de un joven en un boliche de Berisso.

Otro testigo fue el abogado Daniel Amerise, quien habló con Piqué el 31 de diciembre luego de hacer una denuncia por una fiesta de año nuevo que se hacía cerca de su casa. Vía Whatsapp, Piqué le dijo a Amerise que estaba al tanto de la fiesta clandestina donde murió Emilia y que iba a “ubicar móviles porque esa pinta para descontrol”. Sobre este tema, Piqué reconoció que habló con Amerise, pero no asumió ninguna responsabilidad.

Los abogados de la familia de Emilia consideran que los testimonios de los dos policías y de Amerise permiten entender que la fiesta tenía zona liberada por el municipio. Continuarán exigiendo el cambio de carátula a “homicidio simple con dolo eventual”, considerando que no había ambulancias, ni guardavidas ni ningún tipo de control en una fiesta a la intemperie con pileta.

La querella apunta a poner bajo investigación a los funcionarios Roberto Di Grazia, acusado ayer por Piqué, y al subsecretario del Gobierno de Garro, Juan Manuel Martínez Garmendia, quien también cuenta con elementos en la causa que lo comprometen.

Otros funcionarios implicados son Néstor Galarraga (Inspecciones), Walter Etchevest (Tránsito), Emanuel Reyes (Control y Fiscalización) y Gerardo Gioglio (Nocturnidad). Sobre todos ellos hay pedidos de imputación por el fiscal Garganta.

El primer funcionario de Garro imputado por la muerte de Emilia