La audiencia del tarifazo, las vallas y la represión

La audiencia del tarifazo, las vallas y la represión

Amplios sectores sociales fueron arbitrariamente excluidos y censurados en la primera jornada de discusión por la tarifa del gas. En Neuquén, incluso la Policía apaleó a trabajadores que intentaron expresar su posición por videoconferencia.

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Por Fernando M. López

¿Audiencia pública? Lo de “publica” no fue más que un rótulo vacío, una verdadera farsa, si se tienen en cuenta las características del encuentro que organizó el Gobierno de Mauricio Macri para definir el nuevo cuadro tarifario del gas, por orden del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Antes de la primera jornada, que se desarrolló este viernes en la porteña Usina del Arte, el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) ya se había encargado de tachar a cientos de inscriptos contrarios al tarifazo, entre los que se encontraban abogados, asociaciones de consumidores, especialistas y multisectoriales.

Dos de los excluidos, el letrado Facundo Ferro, que presentó varios amparos en contra de los aumentos desmedidos de los servicios públicos, y Federico Bernal, director del Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo (Oetec), coincidieron en que se trató de “un repudiable acto de proscripción”, mientras que otros hablaron de un “atropello arbitrario con carácter de censura”.

A lo largo de la audiencia se vieron numerosas butacas vacías, pero de todos modos el Gobierno continuó restringiendo la entrada y, además, censurando a algunos participantes que habían sorteado la primera purga del ENARGAS. Este fue el caso del diputado comunista de San Luis Juan Larrea, a quien borraron “mágicamente” de la lista de oradores y debió interrumpir a los gritos para que lo dejaran expresarse.

“Primero tuvimos que realizar un reclamo muy importante para poder ingresar (a la Usina del Arte), cosa que nos querían impedir”, contó Larrea, y agregó que luego detectaron que “de los cinco legisladores provinciales que estábamos anotados para hablar, sólo figuraban dos”.

El diputado responsabilizó directamente al ministro de Energía y Minería de Macri: “(Juan José) Aranguren, que ayudó con sus decisiones de gobierno a que las acciones de la Shell aumentaran 37% en pocos meses, pasando él mismo a tener más de un millón de dólares en acciones, que pretende al fin de su mandato llevar el precio del gas en boca de pozo a U$S 6,78, cuando hoy está en U$S 1,29, lo cual significa un aumento del 525%, impide que cientos de ciudadanos se puedan expresar en la audiencia pública”.

En el interior del país hubo palos

En los ocho centros que se montaron en Salta, Mendoza, Paraná, Córdoba, Rosario, Santa Rosa, Neuquén y Ushuaia para participar de la audiencia a través de videoconferencias, las autoridades también restringieron el ingreso con vallas y fuertes cordones policiales.

En la ciudad de Neuquén, efectivos de la Policía Federal y de Gendarmería llegaron a reprimir con palos y gases a trabajadores estatales de ATE que se habían movilizado hasta el Concejo Deliberante con la intención de sumarse al debate, junto a organizaciones sociales integrantes de la Multisectorial contra el Tarifazo.

“Esta es la política del macrismo, con la Policía no dejando participar a los ciudadanos que venimos a repudiar la entrega del patrimonio de los neuquinos y el saqueo a los bolsillos de los trabajadores con el tarifazo”, remarcó el gremio.

Desde Rosario, en tanto, la Unión de Usuarios y Consumidores calificó la audiencia como “una fantochada”, que “está viciada desde el origen”.

“Toda la jurisprudencia plantea que tiene que ser de libre acceso. Eso es lo que le pidió la Corte Suprema al Gobierno. Que incentive la participación del ciudadano común para que pueda opinar y que tengamos información adecuada y veraz. Nada de esto ha ocurrido”, dijo uno de los representantes de la entidad, Alberto Muñoz, quien adelantó que pedirán a la Justicia que “declare nula” la audiencia.

Tarifazo

Al abrir la jornada en la Usina del Arte, Aranguren indicó que el incremento propuesto por el Gobierno para el servicio del gas, en el mes de octubre próximo, es de hasta 237% para usuarios residenciales y de 500% para empresas, en ambos casos con ajustes semestrales hasta octubre de 2019.

Casi el 80% de estos tarifazos estarán determinados por el precio del fluido en boca de pozo, cuyas cifras brindó el ministro y accionista de la Shell durante su discurso en la audiencia, aunque sin detallar cómo se forman, un dato clave para determinar la razonabilidad de las subas.

Aranguren afirmó que pretende llevar el valor en boca de pozo de U$S 1,29 por millón de BTU a U$S 3,42, desde el mes que viene, y “seguir evolucionando de forma gradual” hasta los U$S 6,80 en 2019.

“Esta información tuvo que haberla entregado con la debida antelación para que se pudiera discutir. La audiencia no es un lugar para enterarse de novedades”, se quejó Mariano Lovelli al ser consultado por Contexto, tras exponer anoche como titular del Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS).

Lovelli afirmó que desde el CEPIS verán cómo procede el Gobierno luego de la audiencia y que actuarán “en consecuencia”, pero recordó que “ya hemos planteado la nulidad porque no se volcó toda la información que la Corte planteó en su fallo”.

“Inferimos que no presentaron todos los números porque, si lo hicieran, no podrían argumentar este tarifazo que, en el fondo, es una enorme transferencia de recursos del pueblo a las empresas”, enfatizó.

El presidente del CEPIS también alertó que, al aumento del gas que prevé el Ejecutivo en moneda estadounidense, habrá que sumarle “un 20% por la variación del dólar”, ya que “el Presupuesto 2017 que está presentando el ministro de Economía Alfonso Prat-Gay al Congreso establece un dólar a 18 pesos, cuando hoy está a 15”.

Con críticas similares, el titular de Consumidores Libres, Héctor Polino, subrayó que “Aranguren intenta subir el costo de boca de pozo a unos siete dólares sin explicación racional alguna”.

“La presentación del ministro tiende a favorecer a las empresas petroleras”, dijo sin vueltas, y añadió que si el Gobierno no considera las objeciones planteadas por los usuarios, su resolución puede ser impugnada judicialmente.

Durante las primeras doce horas de audiencia disertaron unos ochenta oradores, entre funcionarios, legisladores, empresarios, defensores del pueblo y representantes de asociaciones de consumidores. Las exposiciones continuarán este sábado y finalizarán mañana con los últimos participantes de la apretada lista que habilitó el ENARGAS.


 

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