Por Fernando M. López

La imputación del secretario de Seguridad de La Plata, Daniel Piqué, se conoció mientras los familiares, compañeros y docentes de Emilia Uscamayta Curí reclamaban justicia con una radio abierta frente a la Fiscalía local, a ocho meses de morir ahogada al caer en la pileta de una fiesta ilegal que se realizó en la quinta San Cayetano de Melchor Romero.

El fiscal de la causa, Álvaro Garganta, lo consideró “autor penalmente responsable” del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y lo citó a declaración indagatoria para el próximo 22 de septiembre.

El secretario de Seguridad del intendente Julio Garro, cuestionado en los últimos días por estar de vacaciones en Miami en pleno escándalo del doble crimen de Gorina, deberá explicar por qué, el 31 de diciembre de 2015, dio la orden de retirar a los policías que debieron haber impedido el evento donde se ahogó la joven estudiante de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP.

“Es un avance, pero falta mucho. Hay una larga lista de funcionarios que por la omisión de sus deberes posibilitaron que se desencadenara la muerte de Emilia”, dijo a Contexto el abogado de la familia de la víctima, Adrián Rodríguez.

El letrado pidió ayer la imputación de cuatro directores municipales que estuvieron en la fiesta: Néstor Galarraga (Inspecciones), Walter Etchevest (Tránsito), Emanuel Reyes (Control y Fiscalización) y Gerardo Gioglio (Nocturnidad). El nombre de este último se hizo conocido por su relación con el cirujano plástico y ex comisario bonaerense Guillermo Luna y su esposa, Laura Favre, asesinados hace dos semanas; así como con el principal sospechoso de ese doble crimen, Ariel Maydana, quien continúa prófugo junto a su pareja, Flavia Rodríguez.

Para Adrián Rodríguez “hay elementos de sobra” que indican que Galarraga, Etchevest, Reyes y Gioglio “aflojaron los controles” en el marco de “un acuerdo por coimas”.

Las pruebas contra Piqué

Garganta decidió imputar al secretario de Seguridad luego de analizar el cruce de llamadas telefónicas de la noche del 31 de diciembre entre el propio Piqué y el jefe de la Policía Local, Sebastián Martínez Pass.

“Los pocos avances que tuvo la causa fueron gracias a la presión de los familiares, los compañeros de la Facultad de Periodismo y todos los movimientos sociales que nos apoyan.”

Asimismo, tuvo en cuenta las declaraciones testimoniales de varios testigos, entre ellos un abogado de City Bell, Daniel Amerise, quien, tras realizar una denuncia por una fiesta de año nuevo que se organizaba cerca de su domicilio, tuvo una comunicación con Piqué.

“Ocasionalmente me llegó un mensaje en el teléfono de la realización de otra fiesta de las mismas características en la calle 520 entre 159 y 160, una imagen donde publicitaban que ya habían pagado 20.000 pesos a Control Urbano para tener permiso y hacer la fiesta igual. No sólo se lo transmití al secretario de Seguridad, sino también lo adjunté a la denuncia que había realizado”, recordó en su testimonio.

El contacto fue el 31 por la tarde, a través de Whatsapp. Según el vecino, Piqué le respondió que ya estaba al tanto de la fiesta de Melchor Romero y que iba a “ubicar móviles porque esa pinta para descontrol”. Así se lo dijo, textualmente.

Las otras declaraciones pertenecen a efectivos de la Policía Local que relevaron una guardia frente a la quinta San Cayetano alrededor de las 22hs, en vísperas de año nuevo. Su supervisora, Vanesa Detesano, les indicó que debían “controlar que no haya ningún tipo de evento, ya que no estaba autorizado por la Municipalidad”, y que se mantuvieran en contacto “ante cualquier anomalía”.

Antes de irse, los oficiales relevados les dijeron que “se había constituido el comisario de la Comisaría de Melchor Romero” para manifestarles “que no iba a haber ningún evento”.

“Estacionando el patrullero paralelo a la puerta de ingreso sobre 520 y 160, procedimos a dar aviso de la novedad a Vanesa Detesano, dando la directiva que nos quedemos ahí y que cualquier eventualidad nos iba a avisar. A los diez minutos nos llama Detesano, avisando que levantemos la guardia y que por orden del jefe nos dirijamos al domicilio de calle 138, entre 519 y 520 […] No recuerdo con exactitud, pero serían las 22:30”, indicó uno de los policías.

Complicidad macrista

La causa cuenta con otros cuatro imputados por “homicidio culposo”. Ellos son el dueño de la casa quinta, Carlos Bellone; el empresario y militante del PRO, Raúl “El Peque” García –que compartía actos no sólo con Garro, sino con Mauricio Macri y María Eugenia Vidal–; el propietario de un reconocido boliche platense, Santiago Piedrabuena; y el relacionista público Gastón Haramboure, único detenido tras violar la prisión domiciliaria en el marco de una condena por el asesinato de un joven en 2009.

“Es un avance, pero falta mucho. Hay una larga lista de funcionarios que por la omisión de sus deberes posibilitaron que se desencadenara la muerte de Emilia.”

En la radio abierta que se desarrolló ayer frente a la Fiscalía, el abogado y los familiares de Emilia volvieron a reiterar el reclamo por el cambio de carátula que Garganta les niega desde un primer momento.

“Seguimos exigiendo el cambio de carátula a ‘homicidio simple con dolo eventual’. A los cuatro empresarios les corresponde una pena más alta, de cinco a veinticinco años, porque sabían lo que estaban haciendo. No tomaron ningún recaudo para que esto se pudiera evitar. No había ambulancias ni guardavida, y el lugar estaba a la intemperie. Todas esas cosas se sumaron y desembocaron en la muerte de mi hermana”, explicó a Contexto Cristian Uscamayta Curí.

El hermano de Emilia celebró la imputación contra Piqué, pero consideró que el fiscal “podría hacer más”, como “ahondar en la complicidad del municipio”.

“Los pocos avances que tuvo la causa fueron gracias a la presión de los familiares, los compañeros de la Facultad de Periodismo y todos los movimientos sociales que nos apoyan. Si no estamos en la calle, la Justicia no se mueve”, afirmó Cristian, y pidió “no bajar los brazos”.

Ente los funcionarios que deberían estar bajo investigación, la querella apunta hacia el jefe de Control Urbano, Roberto Di Grazia, y al subsecretario de Gobierno municipal, Juan Manuel Martínez Garmendia, vinculado a Piedrabuena.

El juez de Garantías platense César Melazo, que había participado de la fiesta junto a unos amigos, señaló a Garmendia como quien “autorizó truchamente” que siguiera “la joda”. Tras acusarlo el mismo 1º de enero a través de su cuenta de Twitter, el magistrado añadió: “La muerte de esa joven debe provocar el escarmiento a los coimeros imbéciles que nada hicieron: policía y control urbano”.

El delegado municipal de Melchor Romero, Adrián Zamudio, fue otro de los testigos que salpicó al subsecretario de Gobierno: “A las dos de la mañana arrancó la fiesta. Ingresaba mucha gente y como vi que no caía al lugar ni Control Urbano, ni la Policía, decido escribir a Calil Ampo, compañero de trabajo que me facilitó el teléfono de un tal Walter de Control Urbano. Lo llamé a las 2:42 am. Cuando me atiende le comento la situación y me dijo que no podían hacer nada porque estaban atados de pies y de manos porque la fiesta estaba arreglada por Garmendia”, declaró ante Garganta.

Zamudio habló, además, de un presunto soborno de “20.000 pesos”, cifra de la que se enteró por comentarios del “personal de Control Urbano que pasaba por la 520 y la 160”, a metros de la quinta San Cayetano.