El bipartidismo que quieren los poderes de facto

El bipartidismo que quieren los poderes de facto

La estrategia de las corporaciones (económicas, mediáticas, judiciales, etcétera) y de Estados Unidos es no jugar el destino de sus intereses a un solo sector político, sino prever opciones de recambio.

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Por Miguel Croceri

La teoría política clásica, basada en los principios del liberalismo –que fue la doctrina que sostuvo la aparición y expansión del capitalismo en el mundo–, afirma que el “poder” en una sociedad lo tiene el “Gobierno”, o, en sentido más amplio, el “Estado”. En cambio, el pensamiento más avanzado y superador ha conceptualizado desde hace mucho tiempo que el poder radica en factores múltiples, que disputan entre sí y con otros sus respectivos intereses y espacios de decisión e influencia.

En las sociedades contemporáneas, entre esos factores están los que se sustentan en su peso y capacidad de dominar la vida social desde ámbitos tales como la economía, los medios de comunicación, el uso de la fuerza o la violencia legalizadas (militares, policías, servicios de espionaje, etcétera), el sistema judicial, las instituciones religiosas, y otros más.

Estos son los poderes fácticos: los que existen de hecho –de facto– más allá de los cambios de Gobierno y de la voluntad electoral expresada periódicamente por la sociedad en los regímenes donde el acceso al control del Estado se resuelve mediante el voto ciudadano.

Se trata de poderes permanentes que también gobiernan, y lo hacen a fin de defender, sostener, reproducir y, si les fuera posible aumentar su dominio, para imponer al resto de la sociedad su voluntad y conveniencias. Actúan corporativamente, ejerciendo de hecho el poderío que les otorga la índole de su actividad y su posición en las estructuras de la sociedad.

Para describir algunos ejemplos en Argentina: el poder de una empresa muy grande es el de fijar los precios de los productos, y también determinar si un artículo está disponible para la compra o hay desabastecimiento; el de un banco poderoso, el de definir cuánto se cobran los intereses de las tarjetas de crédito o, junto con otros bancos y empresas de similar magnitud, incidir en el valor del dólar; el de un conglomerado mediático, el de “mostrarle el mundo” a la opinión pública de la manera en que quiera y ocultando lo que quiera…

Más ejemplos: el poder de los militares, policías, gendarmes, espías, etcétera, es el de usar las armas, la capacidad de fuego y la amenaza, o la vigilancia sobre la ciudadanía; el de un juez, el de resolver con altísimo grado de arbitrariedad sobre la vida y los bienes de las personas; el de un clérigo, el de hablar y actuar en nombre de Dios, con la inmensa carga que eso conlleva para quienes son creyentes de una fe determinada (fundamentalmente la católica, mayoritaria en el país), y, por extensión, para el resto de la población…

A su vez, cada cual a su modo, aunque sea informalmente y solamente –nada menos que– por una constitutiva afinidad ideológica con el capitalismo, tiene un cierto grado de articulación con los intereses de dominación planetaria de Estados Unidos.

Si se trata de grandes empresas, muchas son compañías trasnacionales y la mayoría de capitales estadounidenses o europeos. Si son corporaciones empresarias o de otro tipo pero “nacionales”, sus representantes concurren seguido a la embajada norteamericana, y/o reciben desde allá su financiamiento (como las entidades que tienen el formato de “fundaciones” o “centros de estudio”), y/o viajan frecuentemente a realizar “cursos”, “capacitaciones”, “visitas a instituciones” (como lo hacen habitualmente militares, jueces, fiscales, periodistas, dirigentes políticos, etcétera). O sea que mantienen, en fin, vínculos de recíproca utilidad mediante sistemas de relaciones que en algunas ocasiones son secretos o muy sutiles y en otras, alevosamente explícitos.

Pues bien: a esos factores de poder locales e internacionales que “gobiernan” de facto los favorece –necesitan de– un Estado democrático débil, que moleste lo menos posible sus intereses y no interfiera en sus propias estrategias. Quieren una democracia “que no joda”, donde el poder esté distribuido prioritariamente entre ellos mismos, es decir, en las corporaciones y en sus mandantes o aliados extranjeros.

Rechazan que la autoridad política estatal surgida del voto ciudadano regule sus actividades, les imponga límites a sus abusos, establezca normas que condicionen su arbitrariedad, etcétera, y en el caso de los poderes económicos, detestan que eventualmente el Estado (por vía de impuestos, aranceles, etcétera, o peor aun según ellos, mediante la estatización de empresas) capture parte de la renta que se genera con la producción de bienes y servicios, y la reparta de un modo más equitativo en otros sectores y grupos sociales.

Macrismo, massismo y kirchnerismo

Por ese tipo de razones (bien o mal explicadas en los párrafos precedentes), los poderes fácticos o corporaciones se mueven continuamente para influir acerca de quién accede o no al gobierno del Estado, y de qué manera esos gobernantes ejercen el mando desde las instituciones públicas, o sea a qué sectores e intereses defienden y en detrimento de cuáles otros, hacia cuál modelo de sociedad conducen sus políticas, y, en definitiva, con qué proyecto político y bases ideológicas gobiernan (aunque casi siempre los voceros corporativos dicen que las ideologías no tienen importancia, o directamente que no existen o que ellos “no tienen ideología”).

En ese sentido, los sectores corporativos viven en la Argentina de 2016 un momento de esplendor, ya que por primera vez en la historia una expresión política que defiende sus privilegios llegó al Gobierno de la Nación mediante el voto de una mayoría de ciudadanos y ciudadanas.

Sin embargo, también saben que las disputas de poder tienen su propia “dinámica de lo impensado” (expresión copiada de alguien que hablaba de otros asuntos, el recordado periodista deportivo Dante Panzeri). Los beneficios que obtuvieron en lo que va del macrismo pueden fallar, y no conseguir o no lograr sostener los objetivos deseados, para lo cual necesitan tener opciones de recambio. No pueden jugar todo su destino a un solo dirigente, partido o gestión de Gobierno, sino que necesitan prever alternativas.

Los dirigentes y pensadores de las corporaciones planifican no sólo para el corto plazo, sino para el mediano y el largo, y por eso elaboran estrategias que les permitan asegurar la concreción de sus finalidades, más allá de los avatares y contingencias que depare el ejercicio gubernamental por parte de un sector político o un presidente en particular.

Y las figuras políticas que en la actual coyuntura histórica argentina pueden encabezar las dos opciones necesarias dentro de ese esquema se llaman Mauricio Macri y Sergio Massa. Son los referentes públicos que aglutinan un capital político con virtualidad suficiente como para que tal vez –sólo tal vez– puedan dirigir no sólo ahora sino también en los próximos años el gobierno del Estado nacional, y desde allí negociar convenientemente con los poderes fácticos de modo que los intereses de estos últimos estén resguardados y garantizados.

Por otra parte, dentro de la escena sociopolítica nacional existen sectores –actores– populares múltiples, diversos, prácticamente imposibles de señalar en su totalidad, que según las circunstancias pueden condicionar a las corporaciones y a las estrategias de dominación extranjeras, y en consecuencia ser gravitantes en el curso de los hechos políticos y la vida colectiva de la Nación.

Pueden enumerarse, a modo de ejemplo, partidos y agrupaciones políticas; sindicatos; movimientos sociales, territoriales, barriales; organizaciones estudiantiles, culturales, intelectuales; la militancia por los derechos humanos, las luchas de género, la diversidad sexual; el gremialismo empresario pequeño y mediano; asociaciones de consumidores; y un mundo literalmente infinito de expresiones, a veces ocasionales, poco organizadas y hasta con riesgo de rápida dispersión, que en ciertos momentos intervienen en los asuntos públicos, ocupan la escena, se movilizan, y hasta llegan a ser determinantes para producir hechos concretos que influyen en toda la sociedad (un obvio caso de este último tipo de actores, que son “políticos” aunque sea momentáneamente, es el de las y los ciudadanos que salieron a protestar contra los tarifazos).

De todos ellos, hay uno que se destaca por su propio peso y por ello tiene un valor cualitativo superior a la gran mayoría de esos sectores–actores: es el kirchnerismo, que precisamente durante los doce años y medio de las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner buscó que las decisiones del Estado democrático fueran autónomas, muchas veces enfrentando a los poderes permanentes locales y extranjeros.

Lo hizo con más o con menos acierto y eficacia. A veces obtuvo resultados muy buenos (por caso, renegoció con una quita de más del 60% la deuda externa impaga desde la quiebra del país en 2001 y 2002, y también terminó con la estafa de la jubilación privada manejada por los bancos y recreó un sistema previsional público); y en otras ocasiones los resultados fueron malos (como ejemplos, aunque lo intentó, no logró desmontar los monopolios mediáticos, ni tampoco desarmar a la corporación judicial).

Y el kirchnerismo es precisamente “la pieza que no encaja” en el plan de dos opciones que las corporaciones tienen diseñado para que administren el sistema político. Por eso necesitan infligirle el mayor daño posible, si es preciso metiendo presa a su líder y conductora.

Para la dirigencia macrista y massista, y para los sectores que ellos representan con el respaldo –ya sea evidente o sutil– de Estados Unidos, desgastar y si es posible eliminar al kirchnerismo como expresión política gravitante es una condición prioritaria.

Si lo lograran, empezaría a consumarse el nuevo bipartidismo que volvería a prostituir al régimen de Gobierno constitucional, como ya ocurrió en la mayor parte de las dos décadas que fueron desde la refundación de 1983 hasta la etapa que comenzó en 2003. En ese período, la ciudadanía votaba y elegía a sus representantes, pero las fracciones dominantes de la dirigencia política actuaban como una camarilla burocrática al servicio de los poderes de facto, y dejaban de lado la misión esencial de la democracia: ser el gobierno del pueblo y para el pueblo.


 

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