Por Héctor Bernardo

En las últimas semanas se desató un conflicto entre el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, conducido por el presidente Evo Morales, y trabajadores agrupados en cooperativas mineras. Los manifestantes, que protestaban contra una ley impulsada por el Gobierno, cortaron por tres días la principal ruta de acceso a La Paz. El intento de desalojo terminó con tres mineros muertos, aparentemente por balas de plomo. Los cooperativistas secuestraron, torturaron y asesinaron al viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illianes, que oficiaba de negociador. La Justicia ordenó la captura de los principales dirigentes de la protesta, por su responsabilidad en el crimen.

Contexto conversó con el ex embajador argentino en Bolivia, Ariel Basterio, quien explicó el marco en el que se dieron estos hechos y las verdaderas razones tras la protesta.

–¿Cómo funcionan las cooperativas mineras en Bolivia?

–Cuando Evo Morales asumió, el Gobierno aprobó una serie de leyes que les permitieron a las cooperativas tener el derecho a explotación de lugares donde antes se habían desarrollado emprendimientos privados o estatales. En ese momento, alrededor de 1.700 minas pasan a manos de las cooperativas.

Las cooperativas mineras concentran a 120 mil trabajadores. De ese total, los socios activos rondan el 25%. El resto son trabajadores que las cooperativas contratan. Generalmente les pagan sueldos míseros y carecen de derechos laborales, no tienen jubilación, no tienen obra social, etcétera. Pero los hacen funcionar dentro del régimen de socios. Es una trampa que hacen las cooperativas para poder obtener mayor ganancia, mayor rentabilidad. Los cooperativos puros son los nuevos ricos de Bolivia. Tienen niveles de rentabilidad muy grande. Un sueldo promedio en Bolivia ronda los trescientos dólares, mientras que el de un minero socio cooperativo ronda los 4 mil dólares. Se han convertido en un nuevo estamento social.

–¿Qué generó el conflicto?

–Todas estas irregularidades que señalaba fueron vistas por el Gobierno y, en consecuencia, el presidente intentó implementar una nueva ley que regulara estos temas. La ley planteaba que los trabajadores contratados por las cooperativas tenían derecho a sindicalizarse. Los dueños de las cooperativas motorizan la protesta diciéndoles a los trabajadores que las minas se iban a cerrar y, en consecuencia, iban a perder su trabajo por culpa de esta ley y por culpa del Gobierno.

–¿Cuál era el reclamo?

–La verdad es que a la Sociedad Rural Argentina, a los sectores de derecha más retrógrados de cualquier país, les daría vergüenza hacer los reclamos que hacen estas cooperativas mineras bolivianas. Protestaban contra el derecho a sindicalizarse que la ley les daba a los trabajadores contratados por las cooperativas, reclamaban que les dieran el derecho a que ellos pudieran cerrar acuerdos con multinacionales mineras y protestaban contra los controles que les reclamaba el Gobierno para cuidar el medio ambiente.

En los últimos cinco años, las cooperativas le alquilaban la concesión a multinacionales y el Gobierno ahora les dice: “No. Nosotros les dimos la concesión para que ustedes explotaran las minas, no para que la alquilaran a una multinacional”. Entonces, en la nueva ley se prohíbe que lo hagan.

–La muerte de los tres mineros que eran parte de la protesta generó sospechas en el Gobierno, ya que los policías no podían ir armados. Evo Morales denunció una conspiración en su contra. ¿Cuál es su opinión?

–El Gobierno había sacado una disposición en la que se les prohibía a los policías llevar armas de fuego para enfrentar las protestas. Por lo tanto, si se comprueba que los mineros que murieron tienen impacto de balas de plomo, es posible que haya sido provocado por los sectores que quieren desestabilizar a Evo.

DESDE EL GOBIERNO ESTÁN CONVENCIDOS de QUE FUE UNA OPERACIÓN PARA DESESTABILIZARLOS Y QUE LA CIA ESTÁ DETRÁS DE ELLO.

Estados Unidos siempre tuvo a Bolivia como una base de operaciones para la región. La injerencia del Gobierno de Washington allí siempre ha sido muy grande. Eso ha hecho que proliferaran las fundaciones y ONG que están vinculadas a funcionarios de anteriores Gobiernos y que eran nutridas económicamente, antes por la USAID, y ahora en algunos casos directamente por la embajada norteamericana. Es decir, el dinero viene siempre del mismo lado, y esas fundaciones son utilizadas para financiar acciones políticas contra el Gobierno de Evo. En algunos casos son dineros para apoyar campañas electorales de opositores y, en otros casos, para acciones más serias como las de fomentar este tipo de conflictos.