Por Fernando M. López

Funcionarios y empleados de Berazategui vivieron este jueves una verdadera pesadilla cuando Gendarmería tomó sorpresivamente el Palacio Municipal, en el marco de un megaoperativo ordenado por el juez federal de Quilmes, Luis Armella, mientras el intendente Patricio Mussi se encontraba de licencia.

“Nos asombró la forma en que lo llevaron a cabo. Bajaron paneles de los techos, forzaron cajones y revisaron a todos los trabajadores. No dejaron salir ni ingresar a nadie durante las largas horas que estuvieron en el edificio. Fue muy duro. Desde la dictadura no se veía un operativo semejante”, dijo a Contexto el diputado provincial Juan José Mussi, padre del jefe comunal.

Armella ordenó el allanamiento en una causa que instruye contra el intendente por presunta malversación y defraudación sobre el plan de cooperativas Argentina Trabaja.

Para Mussi, esta investigación forma parte de “las clásicas persecuciones político-judiciales” de los últimos meses, sobre todo si se tiene en cuenta que “los funcionarios del Gobierno nacional que vinieron a Berazategui a controlar el desarrollo de los planes se manifestaron muy conformes”.

“Se trata de una búsqueda desesperada por ensuciar la imagen de una administración intachable como la que tenemos en mi ciudad, con una gestión que sólo ha hecho de Berazategui un pueblo próspero y a su gente digna.”

“Es increíble que un municipio que jamás tuvo un solo problema haya sufrido tres allanamientos en lo que va del año”, completó.

Los otros dos operativos a los que hizo alusión el legislador también fueron dispuestos por Armella. En esa oportunidad, el magistrado buscaba información que vinculara a Patricio Mussi con supuestas irregularidades en la prestación de agua potable, a raíz de un brote de diarrea en el distrito.

“Se trata de una búsqueda desesperada por ensuciar la imagen de una administración intachable como la que tenemos en mi ciudad, con una gestión que sólo ha hecho de Berazategui un pueblo próspero y a su gente digna, cosas que este Gobierno y el Partido Judicial cómplice no nos perdonarán jamás”, coincidió el concejal Fernando Tévez.

El allanamiento de ayer en el edificio de Av. Rigolleau 3150 comenzó a las 9:30 y culminó pasadas las 19:00hs, según precisó a este diario la jefa de prensa de la Intendencia, Érica Gutiérrez.

“Hubo una gran cantidad de gendarmes, desde la recepción hasta el quinto piso. Primero cortaron Internet y los teléfonos. Luego revisaron todo. En el área de prensa abrieron los cajones, vieron qué teníamos en las computadoras y examinaron los archivos de video y fotografía. Hasta en los baños estuvieron”, relató la funcionaria.

A pesar de la incomunicación a la que fueron sometidos, algunos empleados pudieron dar testimonio en medio del operativo a través de mensajes de texto que sus familiares replicaban en las redes sociales.

“Esto es horrible, me revisaron hasta la mochila”, decía un trabajador municipal al repudiar el accionar de los efectivos: “No te dicen nada, ni qué buscan, y son muy violentos. Te juro, volví al ‘76 de un porrazo”.

“Desde afuera del edificio municipal todo parece lábil y rutinario. No dan información, nadie puede salir de su oficina. Por teléfono interno los compañeros dicen que revisan la documentación de cualquier oficina como si no supieran qué están buscando”, denunciaba otro empleado.

Tras arrasar con todo a su paso, los gendarmes se llevaron documentación y varias computadoras. Al cierre de esta edición, en el Municipio esperaban las actas del allanamiento para conocer en detalle cada uno de los elementos secuestrados.

Un juez bajo la lupa

Armella arrastra una oscura trayectoria. En 2012, la Corte Suprema lo apartó de la causa por el saneamiento integral de la cuenca Matanza-Riachuelo, donde había ordenado contrataciones directas por cientos de millones de pesos para beneficiar a empresas ligadas a sus propios familiares y allegados, como San Martín 264, Bernal S.A., Gildin, Tierras Provinciales S.A., Vial Rogo Constructora S.A., Compañía Constructora M&T S.A. y Kartonsec S.A.

Por esas irregularidades, el máximo tribunal pidió que Armella fuera investigado. La Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura aprobó el jury en su contra el año pasado, aunque desde el Frente para la Victoria (FpV) vienen denunciando que el proceso es frenado por tres integrantes del organismo: los jueces Luis María Cabral y Leónidas Moldes, y el senador radical Ángel Rozas, jefe del interbloque Cambiemos en la Cámara Alta.

Al magistrado federal de Quilmes también se lo acusa de haber imputado y encarcelado “sin pruebas” a cinco personas por el secuestro extorsivo del empresario berazateguense Leonardo Bergara, ocurrido en Ranelagh entre diciembre de 2008 y enero de 2009. Lo denunció el Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata, que en 2013 absolvió a todos los enjuiciados por el caso.