Por Carlos Ciappina

Hace menos de dos años, 54.000.000 de brasileños consagraban como presidenta del país más grande América Latina a Dilma Rousseff. Hoy, 61 senadores, en un Congreso sospechado de todas las corrupciones (baste con decir que el presidente de la Cámara de Diputados que inició el impeachment contra Dilma está suspendido y procesado por la Corte Suprema de Justicia), ha finalizado el proceso destituyente y, en un verdadero golpe de Estado, decretó la salida del poder de la presidenta democráticamente elegida, para dejar en el Gobierno a Michel Temer, personaje que nadie ha votado, que no tiene respaldo de ningún partido mayoritario y que posee una aprobación pública menor al 10%.

Como en Honduras en 2008 y en Paraguay en 2012, las derechas han logrado derrotar y desalojar a presidentes democráticamente elegidos en procesos turbios a lo menos y totalmente viciados de pruebas a lo más. En el caso de Honduras, fue la Corte Suprema de Justicia la que se prestó a la farsa; en Paraguay, fue el propio Congreso que en trámite exprés destituyó al presidente Lugo; y ahora, en Brasil, el nudo de la conspiración estuvo en un Congreso conformado por diputados y senadores que dejaron expuesta su barbarie de derechas en las inolvidables y tétricas declaraciones que hicieron al votar el impeachment.

El juicio destituyente dejó probado que la presidenta Dilma no cometió ningún ilícito, no sustrajo ningún bien público, no ejerció ninguna prebenda… Lo único que pudo probarse fue que se trasladaron partidas del presupuesto aprobado por el Congreso para cubrir Programas públicos (traslado de recursos que luego se recomponían cuando las arcas públicas recuperaban sus rentas). O sea, se la acusa de hacer lo que todos/as los presidentes del mundo realizan en sus tramos de gestión para que no se detenga la maquinaria del Estado.

Por eso, lo que ha ocurrido en Brasil no es una destitución a derecho, sino un golpe de Estado. La presidenta no cometió ningún delito, el Congreso probó eso y sin embargo la destituyó en medio de una furibunda campaña de prensa que se inició el mismo día de su reelección y que contó con el apoyo de sectores importantes del Poder Judicial brasileño, que inició en estos dos últimos años una verdadera “caza” sobre los líderes del PT, incluyendo al propio Lula Da Silva.

Las razones del golpe deben buscarse entonces en otro lugar, pues explicación legal no hay ninguna. Las razones del golpe a Dilma están en el interior de Brasil y en exterior de Brasil.

Hacia el interior, el gobierno del Partido Trabalhista ha sido sin duda el más preocupado por el destino de los sectores populares de toda la historia del Brasil. Desde la asunción de Lula Da Silva en el año 2003, las políticas del PT se ocuparon de mejorar las condiciones de vida de los más pobres: según el Banco Mundial, para el año 2014 Brasil había “sacado” de la pobreza a 28.000.000 de personas (encabezando el ranking mundial de mejora en la situación de pobreza); la desnutrición infantil se redujo el 80% y la mortalidad infantil en un 45%. El salario mínimo fue respetado por primera vez y se incrementó en un 70%. Para este año 2016, el pronóstico era eliminar la pobreza extrema.

Este enorme proceso de reducción de la pobreza y mejora de las condiciones salariales fue acompañado del desarrollo de enormes programas nacionales de electrificación, expansión del gas natural, planes de apoyo para concurrir a la escuela, despliegue de la economía social y desarrollo de políticas antidiscriminatorias, en especial de apoyo a la comunidad afrodescendiente (más del 50% de la población del Brasil).

Trece años de Gobierno del PT comenzaban a trastocar la matriz societal de una nación que, como bien señala Martín Granovsky, tiene una élite económico-social “esclavócrata” , una élite blanca, racista y explotadora que añora la época dorada de la esclavitud y que soportó de mala manera un presidente obrero y socialista y agotó su paciencia con una presidenta mujer y ex guerrillera que desafió con su lucha a la dictadura que ellos mismos apoyaron, iniciando el ciclo del terrorismo de Estado en América Latina.

¿Y desde afuera?

Brasil es el país más grande y más poblado de América Latina (8,5 millones de KM2; entra TODA Europa, desde Portugal hasta los Montes Urales en Rusia. Y tiene 200 millones de habitantes, casi el doble que México, que le sigue en número). Brasil es hoy la séptima economía del mundo, por encima de Italia, Canadá, Rusia, España. Y esta economía de dimensión mundial integra junto con Argentina, Paraguay, Uruguay y Venezuela el MERCOSUR, una unión de países que significan la cuarta economía del mundo si se mide por países. El MERCOSUR fue el mayor obstáculo para el despliegue del ALCA (recordemos el fracaso de Bush en Mar del Plata en 2005), y lo sigue siendo ahora para la Alianza del Pacífico, la alianza de librecomercio que es eje de la política neocolonial norteamericana.

El golpe contra Lugo en Paraguay puso en alerta al MERCOSUR; el triunfo electoral de Macri en Argentina lo puso en luz amarilla; pero el golpe contra Dilma Rousseff lo coloca en una posición de extrema debilidad: Brasil, la locomotora económica de América Latina, queda en manos del neoliberalismo (Argentina ya lo está desde el triunfo macrista). El Tratado del Pacífico tiene ahora el camino abierto para derruir el único obstáculo a los tratados de librecambio que ya han destruido a México, Perú y Chile.

¿Sólo eso?

Brasil era, en el Gobierno del PT, un actor clave de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica), un grupo de países que por su dimensión económica y poblacional se permitían disputarle o al menos poner freno a las políticas unilaterales de los Estados Unidos y sus socios europeos. Brasil fue, tanto en el mandato de Lula como en el de Dilma, un entusiasta impulsor de los BRICS para enfrentar el neoimperialismo económico y militar norteamericano. Ese obstáculo, con el Gobierno de Temer y la derecha neoconservadora, se ha visto removido.

A escala sudamericana, Brasil es, por su economía y población, el país que pesa significativamente en la política exterior de nuestros países. Lula y Dilma, Néstor y Cristina Kirchner, junto a Hugo Chávez, Rafael Correa, Mujica y Evo Morales, desarrollaron y apoyaron la construcción de la UNASUR como modo de reducir la influencia norteamericana que se hizo sentir históricamente a través de la OEA.

Esa autonomización de América del Sur en relación a la OEA (que llevó a esa organización pronorteamericana a aceptar nuevamente a Cuba como modo de no perder toda credibilidad) siempre fue muy mal vista por la política exterior norteamericana, máxime cuando detuvo el golpe contra Correa en Ecuador y apoyó al presidente Chávez en Venezuela y a su sucesor electo Nicolás Maduro. La UNASUR sin Brasil (o sea, con un Gobierno pronorteamericano) se debilita considerablemente e incrementa la vulnerabilidad de Venezuela, hoy bajo asedio de una derecha golpista, violenta y vengativa.

El golpe de Estado contra Dilma Rousseff y el Partido Trabalhista es entonces un negocio redondo para actores económico-sociales que no por conocidos son menos peligrosos: la élite explotadora brasileña, sus aliados latinoamericanos y la política depredatoria y destructora de los Estados Unidos a través de sus acuerdos de librecomercio y la expansión de sus bases militares de despliegue rápido.

El golpe contra Dilma es una pésima noticia para América Latina y sus pueblos, sólo mitigable por la certeza de que la inagotable capacidad de lucha de los/as latinoamericanos/as permitirá resistir y derrotar este nuevo retorno neoconservador y neoimperialista a partir de la movilización y la reconstrucción de las organizaciones políticas populares.