Por Contexto

Luego de hacerse públicas las medidas propuestas contra los migrantes, las respuestas y el repudio sobre el rumbo que ha tomado el Gobierno de Mauricio Macri en referencia a los derechos de los extranjeros que habitan el país se hicieron extensivos a muchos sectores.

En este sentido, la Red de Comunidades Migrantes (Redcomun) emitió un boletín digital en el que se recopilan las voces en contra de la medida publicada por la Dirección Nacional de Migraciones, que anunciaba la creación de una especie de “centro de detención” para “combatir la irregularidad”.

Con las firmas de Horacio García, director de Migraciones, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, y su homólogo porteño, Martín Ocampo, el convenio incluye la cesión en comodato de un inmueble de la ciudad de Buenos Aires para “alojar” y “combatir la irregularidad inmigratoria”.

La iniciativa forma parte “de una ofensiva más amplia dirigida hacia los derechos de los sectores obreros y trabajadores”, ya bastante mancillados por las políticas económicas y el desmanejo social exhibido por el macrismo en estos ocho meses al frente del Ejecutivo nacional.

El comunicado en el que se daba a conocer la creación de un centro para el “alojamiento de las personas infractoras a la Ley 25.871” fue publicado por Migraciones a mediados de agosto pasado, pero, ante la catarata de planteos que recibió por parte de sectores académicos y activistas, las autoridades optaron por reemplazar el texto por otro, titulado “Falsa polémica sobre supuesta ‘cárcel’ para inmigrantes” y firmado por Julián Curi, actual subdirector nacional del organismo.

La extensa nota de Curi sugiere, entre otras cosas, que “en los últimos días se busca instalar una polémica estéril” derivada de la creación de la cárcel para inmigrantes que tendrá lugar en el barrio de Nueva Pompeya.

Curi explica que se está “lejos” de eso, ya que simplemente la Dirección Nacional de Migraciones asumirá la responsabilidad de “contener” en un lugar específico, al que le pueden caber decenas de eufemismos para explicar la condición de encierro, a los inmigrantes expulsados a través de un organismo público no relacionado con las fuerzas de seguridad.

Según la interpretación del funcionario de la Ley 25.871 del año 2004, y atendiendo la necesidad de que para concretar una expulsión debe existir como paso previo la retención del extranjero en un sitio especialmente adaptado a ello, es que se justifica la creación de la cárcel para inmigrantes.

Según el funcionario, la simple creación de un lugar de detención no implicaría un cambio dramático en la política inmigratoria nacional, pero la idea muta cuando surge el dato de que es la primera vez en la historia reciente del país que una institución para detener a extranjeros se pone en funcionamiento.

ES LA PRIMERA VEZ EN LA HISTORIA RECIENTE DEL PAÍS QUE UNA INSTITUCIÓN PARA DETENER A EXTRANJEROS SE PONE EN FUNCIONAMIENTO.

Esta situación marca un “peligroso” retroceso en materia de leyes inmigratorias en Argentina”, advirtió el colectivo de la Red de Comunidades Migrantes, recordando que la legislación anterior a la aprobada durante el Gobierno de Néstor Kirchner limitaba fuertemente las opciones de regularización para el inmigrante.

Además de cercenar las alternativas para blanquear la situación legal del inmigrante, las leyes anteriores a la 25.871 y al decreto reglamentario 616/2010 propiciaban, especialmente en migrantes pobres y de origen latino, eventos de detención y expulsión “sin orden judicial”, con la consecuente “separación” de las familias y la “negación de derechos sociales”.

“LA CONDICIÓN DE IRREGULARIDAD EN TÉRMINOS MIGRATORIOS DE UNA PERSONA NO PUEDE SER VISTa NUNCA COMO UN PROBLEMA DE SEGURIDAD.”

La argumentación esgrimida por el macrismo a través de los responsables de Migraciones es el simple “cumplimiento de la Ley”, pero diversos sectores afectados y especialistas del tema han manifestado reparos ante la interpretación arbitraria de la legislación.

“La condición de irregularidad en términos migratorios de una persona no puede ser visto nunca como un problema de seguridad”, asegura el boletín electrónico emitido por la Redcomun, y estos nuevos parámetros manejados por el Gobierno responden a un endurecimiento de los controles que ya habían manifestado aplicar hace unos meses.

Ciertamente, el modelo de referencia se basa en las nuevas tendencias europeas y norteamericanas, que buscan reducir el aluvión humano derivado de los conflictos bélicos y la pobreza estructural, propiciada en gran parte por sus propias políticas de intervención y despojo, en Medio Oriente y África. Por ahora, el escenario es pródigo en incógnitas y la decisión está tomada.