Por Silvia Montes de Oca

En enero de este año, en la prensa y en los portales de ciencia chilenos, la noticia fue el anuncio de la creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología, un compromiso asumido por Michelle Bachelet cuando estaba en campaña, previo a la asunción presidencial en marzo de 2014, con mandato por cuatro años.

“El superciclo de las materias primas está en su fin, y le permitió a Chile, sin duda, hacer grandes avances tanto económicos como sociales. Pero ahora ya no podemos apostar sólo a los recursos naturales. El crecimiento de un país debe basarse en la creación de valor a través de la aplicación de conocimiento y de inteligencia”, expresó Bachelet en ese momento, previo a impulsar el giro desde el Ejecutivo al Parlamento del proyecto de leypara la creación de esa cartera, “de manera que el próximo año, cuando se empiecen a hacer las discusiones presupuestarias (en setiembre de 2017), podamos tener ya un Ministerio en funciones y que sea el nuevo Ministro el que pueda discutir y acordar los compromisos de financiamiento que nos permitan avanzar, justamente, a ese modelo de desarrollo basado en el conocimiento”.

Los pilares del nuevo Ministerio, que a su vez en los planes dependería de otros, (Educación, Economía y Hacienda, bajo la coordinación de la Secretaría General de la Presidencia y el apoyo del Consejo de Innovación para el Desarrollo) se basan en el aporte que realizó la Comisión Presidencial de Ciencia para el Desarrollo de Chile. Un “Sueño Compartido”, agregan, también en carácter de título, siempre en mayúsculas, en el informe que surgió tras la discusión y trabajo por áreas de más de 300 actores sociales vinculados a ciencia, tecnología e innovación. Las universidades, la Comisión de Futuro del Senado, empresas participantes en el CEO Meeting del Club de la Innovación y la comisión legislativa Desafíos de Futuro, sumaron voces a la redacción del escrito que en julio último ya cumplió un año. (www.economia.gob.cl/cnidweb/wp-content/uploads/sites/35/2015/07/Informe-Ciencia-para-el-Desarrollo.pdf).

Resultan interesantes -en la visión de este colectivo multisectorial- las preguntas que se plantearon en torno a reflexionar sobre el rol de la ciencia en el desarrollo futuro de Chile.  ¿De qué vamos a vivir las chilenas y chilenos? ¿Cómo queremos convivir? ¿Cuáles son las cuestiones fundamentales que le dan sentido a nuestra convivencia? ¿Cuáles son los escenarios naturales y sociales donde construir nuestros sueños de sociedad? ¿Cuáles pueden ser las fuentes de recursos en que ellos se apoyen?  Atinadamente, el informe consigna a qué ciencia se refieren cuando hablan de ciencia. (Este documento se refiere a ciencia de una forma amplia, incorporando todas las áreas que define el Manual de Frascati: ciencias sociales, humanidades -incluye artes-, ciencias naturales, ciencias agrícolas, ciencias médicas e ingeniería y tecnología).

Las respuestas a estos y otros interrogantes tienen en el apartado “Focos y Metas para tres quinquenios de desarrollo” vislumbran los caminos que desde el informe se propone emprender. La comisión asesora presidencial visualiza a Chile hacia 2030 como un país que se apoya en la ciencia para alcanzar su desarrollo en todas las dimensiones: “generar, transferir y aplicar sistemáticamente conocimiento sobre la base de una economía competitiva, diversificada, ambientalmente sustentable e inclusiva”.

Al mismo tiempo, afirman –siempre en el contexto de esta prospección: “La ciencia de nuestro país es disruptiva, creativa, atractiva, valorada, descentralizada, inclusiva en género y etnia, fuertemente conectada con la sociedad, con recursos económicos y desarrollos tecnológicos que le permiten reflejarse como un real aporte al desarrollo global del país. De igual forma, la ciencia chilena es reconocida y demandada internacionalmente por su excelencia, colaboración, multidisciplinariedad y sustentabilidad, lo que da paso permanente al desarrollo de nuevas tecnologías e innovaciones que han trascendido las fronteras nacionales, sobre la base de un capital humano innovador”.

En estos días, el proyecto de ley de creación del Ministerio de Ciencia aún espera turno para su ingreso al Parlamento en el marco de un proceso que no se caracteriza por ser la lógica consecuencia de una historia lineal. Ni lo uno, ni lo otro. De hecho, una de las fortalezas chilenas ha sido la minería del cobre, y a la vez, su trampa para diversificar la actividad económica y reducir la dependencia de la exportación de materias primas. Y en el terreno político, quien aspira a ser la presidenta bajo cuyo mandato la ciencia adquiera su máximo estatuto, se encuentra con uno de los niveles más bajos de aceptación de su gestión – sólo un 15%– tras meses de bajas sostenidas en distintos sondeos de opinión: el peor nivel de respaldo desde el regreso de la democracia al país. Sin embargo, es en este gobierno donde se aprueba la existencia de investigadores que intentan alzar la voz en contra de la supremacía de los logros económicos y la meritocracia por encima de los indicadores académicos.

Lo que en Argentina se conoce como el sistema nacional de ciencia y técnica, en Chile se nombra con una sola palabra: institucionalidad. Entre 2010 y 2012 surgió un movimiento ciudadano (www.mascienciaparachile.cl) con el fin de empoderarse en este sentido, porque son varios -y representativos de distintos sectores de la sociedad- quienes afirman que esta institucionalidad es errática y endeble. De hecho, tras el final de la dictadura pinochetista, se sucedieron nueve comisiones presidenciales de Ciencia, Tecnología, Innovación y Desarrollo. La mayoría de ellas entre 1994 y 2006, en los gobiernos de Eduardo Frei y Ricardo Lagos. La que tuvo funcionamiento durante la presidencia de Sebastián Piñera, hasta fin de 2014, básicamente privilegió el apoyo desde y a emprendedores para dotar de contenidos a la Innovación, uno de los ejes de la política científica en ese país. Esto lo afirma  Martín Pérez Comisso, de Revolución Democrática, un movimiento de izquierda fundado en 2012 por algunos líderes de lo que fue la recordada movilización estudiantil de 2011, en rechazo al sistema educacional chileno, que provee una amplia participación del sector privado respecto al del Estado en educación.

Mientras científicos e investigadores vienen reclamando desde hace años mejores condiciones de trabajo para la comunidad, en noviembre de 2015, el ingeniero Francisco Brieva, (quien acaba de recibir una altísima distinción a nivel nacional por su trayectoria y contribución académica en física nuclear teórica,tuvo que renunciar a su cargo como presidente del CONICYT (como nuestro CONICET). Para ese entonces, el gobierno le adeudaba varios meses de su salario, algo que para la prensa chilena fue “la gota que rebalsó el vaso”, sumado esto a la improvisación y burocratización que caracterizaron las políticas públicas en el área.

Para Andrés Zahler -actual Jefe de la División de Innovación del Ministerio de Economía y asesor desde el gobierno para la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Chile- la inversión en I+D tiene que crecer a un ritmo más sostenido para alcanzar la anhelada meta de pasar de ser un país cuyo desarrollo se base exclusivamente en el aprovechamiento de los recursos naturales para pasar a exportar servicios y tecnologías. “El gasto en investigación y desarrollo es el esfuerzo que estamos haciendo para crear conocimiento nuevo en Chile y esto es súper importante porque está muy relacionado con la productividad y la búsqueda de soluciones a problemáticas país”. Los commodities han permitido que Chile se desarrolle y crezca en el tiempo, pero la señal es clara. Persistir en ese camino lo único que provoca es un tope en el crecimiento de la economía chilena”. Hasta el momento, una de las formas de fomentar la inversión en I+D fue desarrollar programas estratégicos que permitan y acrecienten la participación del capital privado. El gobierno de Michelle Bachelet entiende que el Estado tiene un rol muy importante pero buscan que sea el sector privado, el que traccione y lidere la inversión, para lo cual es imprescindible la participación de las empresas.

Claudio Falcón es profesor asociado y trabaja en el Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile (la U de Chile, dicen ellos).  Ahora mismo, se encuentra en uso de su año sabático en el Departamento de Ingeniería Mecánica del MIT (el Instituto Tecnológico de Massachusetts) y tal vez eso le permite iniciar reflexiones que comparte pese a la distancia.“Desde acá, lo que para mi significa desde ” lejos” y desde “este lugar bastante privilegiado”, los problemas antes mencionados se ven lejanos y básicos. Pero son problemas que, con diferentes matices y énfasis, tuvieron y tienen diversas sociedades y países alrededor del mundo: ¿qué queremos nosotros de y para la ciencia? ¿Cómo nos organizamos y planificamos su desarrollo, gestión, creación y sociabilización?Acá, ellos tienen sus respuestas y yo creo que en Chile estamos tratando de construir las nuestras.

-¿Cómo caracterizarías hoy el panorama científico-tecnológico en Chile?

-Un país que no genera y crea ciencia cada vez de mejor manera tiene para su pueblo un futuro lúgubre. Hace ya algunos años se ha hecho patente en Chile que la estructura actual de la institucionalidad científica (esto es, las instituciones cuyo mandato fundamental es procurar gestionar, sociabilizar y divulgar el conocimiento, la investigación y la innovación en Chile) tienen problemas severos. Las dificultades de esta estructura pasan, desde mi punto de vista, tanto por la institucionalidad imperante -que se  reparte desigualmente entre CONICYT (Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica), CORFO (Corporación de Fomento de la Producción) más algunas Universidades y otros cuantos Institutos Estatales de Investigación- como por los mecanismos político-sociales sobre los cuales esta institucionalidad se articula y actúa.

-¿Qué supone la gestión de la ciencia sostenida desde múltiples agencias?

-Esta partición es descoordinada tanto en políticas estratégicas (cómo y porque enfilamos hacia algún camino en particular), como en objetivos (qué esperamos lograr al tomar este camino) y en recursos (con qué instrumentos contamos para avanzar y cumplir los objetivos propuestos en este camino). Esto trae como consecuencia la duplicación de recursos y a la vez una centralización excesiva que no permite la generación de polos de desarrollo regionales y una lentitud engorrosa en el accionar de planes y programas. Por otro lado, la imposibilidad de apostar ambiciosamente al largo plazo en proyectos científicos para la sociedad y el país.

Al mismo tiempo, otro atributo de este tipo de institucionalidad es que hay un sentido ejecutor, pero no planificador. CONICYT (Comisión Nacional Científico y Tecnológica) y CORFO (Corporación de Fomento de la Producción) funcionan principalmente como organismos que asignan recursos a proyectos de investigación propuestos por agentes externos: investigadores o centros de investigación universitarios, pero no plantean líneas de investigación ni macro problemas atingentes al país.

Esta forma de actuar está basada en la historia política de la institucionalidad: las universidades chilenas (muy en el sentido de la revolución del ’18 en Argentina) plantean cómo, dónde y cuándo debe investigarse, un modo de generarse que los recursos sean destinados allí. Pero a la vez esta dinámica hace que se perpetúen algunos claustros académicos en cada una de ellas, lo que impide  el natural recambio de ideas y actores, y, a la vez, determina la hegemonía de áreas del conocimiento en las políticas de desarrollo locales. Así, hay una especie de autarquía intelectual en Chile, donde la institucionalidad funciona como ente distribuidor de recursos.

La existencia de un Ministerio de Ciencia y Tecnología, que sea un articulador coherente de políticas científicas, que promueva una cultura científica en el país, descentralizando la ciencia y focalizando esfuerzos en orientar líneas y equipos de investigación en función de políticas a largo plazo para el desarrollo social y económico del país, aparece naturalmente como una manera sensata de corregir y subsanar los problemas observados anteriormente. Ahora, es importante notar que la ciencia en Chile no es un páramo llano y desierto. Los científicos en el país son los más productivos en la región (incluso estando bajo el promedio de científicos por cantidad de personas) y cada vez avanzan más rápido en la generación de emprendimientos científico-tecnológicos. La cantidad de Doctores en las Universidades sigue aumentando rápidamente, empujado por una inmigración fuerte de extranjeros y por un programa fuerte de becas para estudiantes nacionales que, con no pocos ripios, logró duplicar la cantidad de doctores en Chile en menos de cinco años.

-La creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología ¿vendría a solucionar estos problemas que describís?

-Mi respuesta, por degeneración de profesión, es un frío “no lo sé”. Creo sí que es necesaria una instancia político-social-institucional que permita articular las distintas iniciativas bajo un paraguas común, que democratice tanto el acceso al conocimiento como a la decisión de las políticas a largo plazo y sus posibles usos y que se promueva su divulgación a todas las personas, dentro y fuera del país. Lo que no sé es si esa instancia tenga que ser un Ministerio, donde la política cortoplacista eleccionaria, centrada en períodos cortos, sea la que actúe y decida. Más, incluso asumiendo que los problemas políticos se solucionaran, queda aún el problema fundamental de profesionalizar la gestión y el acceso a la ciencia, lo que requiere no solo recursos sino conocimiento, aptitudes y capacidades que escapan a la esfera del voluntarismo. Así, si puedo enmendar mi respuesta inicial, agregaría “… hagamos el experimento y veamos qué es lo que dicen los datos”.  Suena muy positivista, pero creo que no nos queda de otra.